Opinión
Por una ley de protección pública para los sistemas alimentarios locales

El sistema alimentario predominante se ha convertido en uno de los mayores, sino el mayor, problema para el planeta y, de rebote, para la humanidad. Es uno de los mayores causantes de la emergencia climática, un sector clave en la destrucción y erosión de los ecosistemas, responsable de contaminación de suelos, tierras y aires o el principal riesgo de salud en el Estado, entre otras muchas cosas.

El cómo y por qué producir alimentos ha pasado de ser fuente de vida a un armagedón descomunal, requeriría un análisis más extenso, pero en cualquier caso es, ahora sí, imprescindible poner en marcha ya la transición alimentaria hacia modelos más locales, saludables y sostenibles. Un sistema que ponga el derecho a la alimentación en el centro y, por tanto, que asegure dietas sanas y propias a precios accesibles, sistemas descentralizados, adaptados a las características del territorio, por tanto ligados al comercio local. Necesitamos un sistema alimentario más democrático dónde la ciudadanía tengamos derecho a definir nuestro modelo alimentario y no que lo decida, como ocurre en la actualidad, un oligopolio de cinco grandes cadenas de distribución. Un sistema basado en un modelo de producción agroecológica integrada por tanto dentro de los límites ecológicos que tenemos.

Se acabó el tiempo y se acabaron las prórrogas

Existen centenares de propuestas, todas perfectamente validadas, de cómo hacer esta transición, y casi ninguna de ellas se ha puesto en marcha debido al bloqueo permanente del agronegocio y de los gobiernos que defienden sus intereses a costa del bienestar general. Es más, el derecho humano a una alimentación adecuada es uno de los más pisoteados a escala planetaria. Para implantar todas estas propuestas, para poner en marcha esta transición alimentaria, se necesitan muchas cosas, pero la primera es entender que lo público no puede dimitir de actuar sobre la alimentación.

Entendemos lo que es (o era) la educación pública, la sanidad pública, el transporte público, la televisión pública, ¿pero alguien ha oído hablar de la alimentación pública? Si como concepto nos suena raro, si algo chirría cuando juntamos alimentación y público, no es por casualidad, sino porque durante decenas de años de neoliberalismo alimentario se ha instalado la idea de que la alimentación es un acto puramente privado. Tienes tanto dinero en el bolsillo, entra en un súper y haz lo que puedas.

Qué lejos queda la idea de que comer adecuadamente no solamente es una necesidad, es un derecho, y que para que sea realmente efectivo necesita, sí o sí, de la intervención pública. La razón de ser de lo público es justamente asegurar que un elemento importante para el ser humano se realice, porque se constata que el mercado es incapaz de hacerlo (sí, hay cosas que el mercado solo no puede hacer).

El modelo actual no va a mutar por iniciativa propia, nunca ha pasado y nunca pasará. Ni pasará por la suma de cambios de consumo individuales

Para emprender esa transición se necesita lo público. No solamente su impulso, sus normas, sus ayudas, etc. Se necesita, sobre todo, un cambio de mentalidad. El modelo actual no va a mutar por iniciativa propia, nunca ha pasado y nunca pasará. Ni pasará por la suma de cambios de consumo individuales. Que sea el modelo hegemónico no quiere decir que sea el único, existen iniciativas y propuestas que intentar florecer en medio de la lluvia agrotóxica del modelo dominante y ahí es donde aparece la oportunidad y la demanda que hacemos a las instituciones que gestionan lo público de actuar.

¿Cómo? Pues actuando como se debe actuar cuando hay una pugna desigual entre dos modelos, uno de los cuales contiene unos atributos que mejoran la vida y el bienestar de la sociedad, y otro que no: discriminación positiva.

En el actual sistema no puede existir nada, a no ser que sea extremadamente pequeño e inofensivo, que no esté controlado, dominado y definido por las grandes corporaciones alimentarias

En primer lugar, es importante tomar conciencia de este hecho, el actual modelo hegemónico no permite desarrollar nuevos modelos de agricultura y alimentación. En el actual sistema no puede existir nada, a no ser que sea extremadamente pequeño e inofensivo, que no esté controlado, dominado y definido por las grandes corporaciones alimentarias. Son como el glifosato, mata la vida que crece a su alrededor y solo conserva la planta que le interesa a la muntinacional.

En segundo lugar, tomar conciencia de que si esta expansión ha tenido lugar las últimas décadas es por un apoyo directo y sin ambages, por una miríada de políticas que lo impulsan y por una cantidad ingente de dinero público que ha ayudado y sigue haciéndolo al modelo dominante. No es por gracia divina, ni porque somos más listos que nadie, que nuestro sistemas agrario se base en exportar fruta, verdura y carne de cerdo a terceros países, basado en la explotación de recursos, acuíferos y personas.

En tercer lugar, tomar conciencia que para que este tipo de alimentación tenga lugar debe de poder aumentar su volumen, su transversalidad y por tanto su normalización, y sin apoyo público, primero en políticas, pero también en infraestructuras públicas, mercados municipales, cocinas, mataderos, etc. Las iniciativas en los márgenes del sistema se permiten, porque no son peligrosas, cuando estas intentar ocupar el centro del tablero y tienen intención de ser hegemónicas y populares, se fumigan sin contemplación.

Hay que tomar conciencia que aún mantenemos una infraestructura pública de alimentación como son los mercados municipales y que hay que ponerlos a funcionar en otras clave

En cuarto lugar, tomar conciencia de la importancia capital que tienen las infraestructuras públicas alimentarias. Los alimentos no se teletrasportan, circulan por canales físicos y materiales y si queremos que los modelos de producción agroecológicos de proximidad lleguen a la mayor parte de la población, no a una minoría, necesitamos infraestructuras públicas que los almacenen, transformen, distribuyan o comercialicen. Hay que tomar conciencia que aún mantenemos una infraestructura pública de alimentación como son los mercados municipales y que hay que ponerlos a funcionar en otras claves y convertirlos en palancas clave para la transición alimentaria. No está de más recordar que aún tenemos 948 mercados en el Estado, aunque muchos de ellos están cerrando, agonizando, siendo privatizados a supermercados o centros gourmet.

Y por último, es necesario desarrollar una ley que concrete e impulse esta transición alimentaria, y para ello es necesario aplicar una discriminación positiva. Es decir, hay que dar total prioridad a los modelos agroecológicos basados en sistemas alimentarios locales, hay que protegerlos, hay que reservar las infraestructuras públicas y la compra pública para estos modelos agroecológicos y campesinos.

Tenemos una estupenda capacidad productora agroecológica, un interés y necesidad cada vez mayor de la población en acceder a esta alimentación. Tenemos la necesidad perentoria de actuar sobre la emergencia climática, la contaminación y erosión de los ecosistemas, el abandono agrario familiar, la salud poblacional alimentaria, tenemos la locomotora, pero nos faltan las vías del tren, nos faltan los circuitos cortos, y estos han de ser reservados y protegidos para que no sean invadidos y eliminados por el modelo hegemónico corporativo.

Igual que entendemos necesaria la discriminación positiva para el impulso y protección de derechos y colectivos, este mismo principio debe ser utilizado para la protección de nuestro derecho a alimentación presente y futura.