Desalojada una nave ocupada en Sant Joan Despí (Barcelona) ante el aumento de la tensión vecinal

Las protestas vecinales por diversos actos de delincuencia precipitan el desalojo de una fábrica ocupada por diversas grupos de personas, entre ellos menores de edad, en la localidad barcelonesa de Sant Joan Despí.


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Xavi Barceló Protesta el martes frente al edificio ocupado por menores en el barrio de Les Planes de San Joan Despí.

El miércoles 12 de agosto se despertaban los vecinos y las vecinas del Barrio de Les Planes de Sant Joan Despí con la noticia del desalojo matutino de una nave industrial que, desde hacía meses, estaba ocupada por grupos de personas de distinto perfil, algunos de ellos menores de edad.

Todo se remonta a primeros de julio, cuando diversas personas residentes del barrio se empezaron a auto-organizar mediante concentraciones pacíficas en el Paseo Gran Capitán, en frente de la nave ocupada. Así, todos los días de 20 a 20:30 horas, comenzaba una reivindicación vecinal que finalizaba diariamente con un gran y sonoro aplauso y que, en el transcurrir de los días, se iba engrosando de más asistencia.

Los motivos del vecindario eran simples: desde la ocupación de este espacio y de diversas fincas y viviendas, se han estado sucediendo diversos hechos delictivos, lo que estaba generando en el barrio un clima de miedo e inseguridad.

Los vecinos denuncian pequeños robos, roturas de coches, intimidaciones y agresiones por parte de algunos de los jóvenes que vivían en la nave. La proclama señalaba la inacción de las administraciones públicas, a las que solicitaban soluciones para recuperar la seguridad en el barrio, pero que incluyesen unas medidas que garantizasen un plan de acción para el futuro y la inclusión de las personas que ocupaban dichos espacios. Los ocupantes no eran un todo homogéneo. Convivían personas de paso con residentes más fijos, jóvenes adultos con menores solos, españoles con extranjeros, e incluso uno de los habitantes pasaba de los 40 años. 

El detonante de la indignación vecinal llegó el 27 de febrero, cuando se produjo una gran pelea con armas blancas de grandes dimensiones entre los mismos ocupas de la nave

Aunque ya llevaban varios meses ocupando diversas fincas del barrio de Les Planes, el detonante de la indignación vecinal llegó el 27 de febrero, cuando se produjo una gran pelea con armas blancas de grandes dimensiones entre los mismos ocupas de la nave y que se saldó con tres apuñalados y dos heridos en la UCI, los cuales fueron detenidos en el mismo hospital por los Mossos d' Esquadra. Por ello y por otros episodios de agresiones contra las personas residentes en el municipio, los y las vecinas comenzaron a concentrarse de lunes a viernes para exigir soluciones, tanto por el futuro y la convivencia del barrio, como por el futuro y la inclusión de estas personas. 

Fruto de sus reivindicaciones y a través de una pequeña comitiva representativa, el movimiento vecinal consiguió reunirse con el alcalde de Sant Joan Despí, Antoni Poveda (PSC), para reclamar una solución. Este les aseguró que desde el consistorio se estaban tomando todas las medidas a su alcance y propuso formar una comisión de seguridad para ir informando de todos los procedimientos que se estaban llevando a cabo. El alcalde sostenía que no era un asunto exclusivamente local, sino que superaba sus competencias.

Los vecinos y vecinas también hicieron otras acciones, como una recogida de firmas con el objetivo de sumar más fuerza a su reivindicación. Por otro lado el colectivo también reclamaba a las autoridades locales que se facilitasen las denuncias, porque la policía local les derivaba a comisarías de los Mossos d’ Esquadra. Según las vecinas, esto hacía que las personas de mayor edad, con más dificultades para trasladarse a las comisarías ubicadas en otros municipios, se quedaran sin denunciar.

Estos hechos son similares a otros recientemente sucedidos en otras poblaciones catalanas como Premià de Mar, Llançà, Santa Coloma de Gramenet o Badalona. Pero con una especificidad: la demanda vecinal del barrio de Les Planes pasaba por presionar a las administraciones públicas para que desarrollase un plan de inclusión para las personas que ocupan y malogran la convivencia del barrio, ofreciéndoles perspectivas de futuro.

aumento de la crispación

Desde el pasado viernes 7 agosto, el ambiente en las concentraciones se empezaba a crispar. Uno de los asistentes declaraba que “en los últimos días se ha acercado a las manifestaciones un colectivo de jóvenes, algunos de los cuáles no representan para nada el movimiento, los valores ni las reivindicaciones por las que nos manifestamos”, ya que “vienen con otros objetivos y su actitud es muy distinta” a la del grupo convocante. “Están agitando la situación y tensando la cuerda, pero nos mantendremos fuertes en hacer manifestaciones pacíficas para exigir una inclusión de esas personas y por la seguridad en el barrio”.

Dicho colectivo de jóvenes responde a las siglas PJP-SJD (Partido Joven por el Pueblo), un colectivo que se define como “un movimiento de gente joven del barrio, que estamos cansados de ver como agreden y hacen daño a nuestras personas mayores y venimos a defenderlos”.

A raíz de los hechos acontecidos en los últimos días y con la escalada de tensión producida el pasado lunes 10 de agosto, una gran parte de los colectivos jóvenes presentes manifestaron su enfado y rabia contra los ocupas a través de consignas y proclamas. Los mismos asaltaron y accedieron a la nave ocupada en busca de las personas que la controlan y creando alguna situación de confrontación. Hechos paralelos volvieron a acontecer el martes 11 de agosto, cuando una turba de jóvenes aún mayor, muchos de los cuales significados con caracteres neo-nazis, se personaron en las puertas de los diversos espacios ocupados del barrio, forzando la actuación de los ARRO de los Mossos de Escuadra.

Si bien se debe recordar que el objetivo principal era reclamar acciones por parte de las instituciones públicas, los últimos acontecimientos parecen alejar la ansiada paz y seguridad de sus calles. Uno de los vecinos impulsores de las protestas afirma que no pretenden “crear un ambiente hostil”, pero más adelante precisa que tampoco pueden "negar la forma de manifestación o protesta de algún que otro manifestante”. Sin embargo, este vecino se reafirma en su posición de reclamar soluciones y acciones de futuro a las administraciones públicas. “Parece ser que la única forma de que nos escuchen es haciendo ruido”, se lamenta. 

Desalojo del espacio ocupado

Y con todo esto, el miércoles efectivos de los Mossos d’ Esquadra y de las policías local y nacional desalojaron la nave a primera hora de la mañana, ante el asombro de los vecinos y las vecinas, que asistían estupefactos en el lugar de los hechos. Según el Ayuntamiento,  la actuación policial se rige por la autorización judicial para el desalojo de la finca por parte del juzgado del contencioso administrativo número 16 de Barcelona. Una actuación rápida y sorprendente, consecuencia de los tensos acontecimientos de las concentraciones vecinales. Según el consistorio, el desalojo permitirá acometer diversas obras de rehabilitación pendientes en la finca.

Ahora la pregunta es qué será del futuro de estas personas, donde irán a parar y qué será de ellos, si bien el problema es sistémico y seguirá enquistado hasta que no se trabajen nuevas políticas de inclusión hacia los colectivos más vulnerables.

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