Perú
El Congreso peruano destituye a la presidenta Dina Boluarte entre protestas masivas

Cuando apenas faltan seis meses para las elecciones, el Congreso ha aprobado en la madrugada de este viernes la destitución de la presidenta peruana Dina Boluarte, que llegó al poder el 7 de diciembre de 2022 tras la destitución del presidente democráticamente elegido Pedro Castillo.

Las protestas, lideradas sobre todo por transportistas y sectores juveniles, han terminado de hundir la popularidad de la presidenta. La creciente inseguridad y el aumento de la criminalidad, así como un descontento cada vez mayor con Boluarte y la coalición de partidos que la sostiene, ha terminado de hundir un gobierno que comenzó con decenas de muertos, cuando la nueva presidenta ordenó reprimir con violencia las protestas por la destitución de Pedro Castrillo.

El nuevo presidente del Perú por los siguientes seis meses será el presidente del Congreso, José Jerí, un abogado con una trayectoria tormentosa marcada por denuncias de abuso sexual, desobediencia a la autoridad y presuntos actos de corrupción. El nuevo presidente, de 38 años, ha juramentado la madrugada del viernes ante el Congreso sus nuevos deberes políticos. Con un discurso reconciliador, Jerí pidió perdón por la ineficacia y abandono del Estado. “Hoy asumo con humildad la presidencia de la República por sucesión constitucional, para instalar y dirigir un gobierno de transición, de empatía y de reconciliación nacional de amplia base y para el cual tenemos que construir juntos acuerdos mínimos”, dijo el nuevo presidente en su primer discurso al parlamento.

Perú entra así, nuevamente, en una etapa de transición política marcada por la desconfianza ciudadana, crimen organizado, crisis económica y la inestabilidad política que se ha llevado siete presidentes en los últimos nueve años.

Crimen organizado e inseguridad

En Lima, en lo que va del año, cerca de 180 conductores de transporte público han sido asesinados por no pagar a las mafias, según el último informe del Observatorio del Crimen y la Violencia. La ineficacia del Gobierno ante esta ola de asesinatos y extorsiones se ha convertido en combustible del descontento social. Y las amenazas para el cobro de comisiones del crimen organizado no solo se ceban en el transporte, también afectan a colegios, negocios, grupos de música y ciudadanos, todos ellos convertidos en víctimas frecuentes de estas bandas mafiosas.

La primera moción de destitución llegó la mañana del jueves después de que cuatro miembros de la reconocida banda de cumbia peruana Agua Marina fueron heridos de bala, tras recibir ráfagas de disparos desde la parte trasera del escenario durante pleno concierto en un recinto militar en el distrito limeño de Chorrillos. La agrupación ya había denunciado a la policía amenazas de extorsión. 

El ataque exacerbó el descontento popular uniendo nuevamente a otras bandas musicales, quienes mostraron su rechazo a la incapacidad del Ejecutivo para combatir el crimen organizado. Mientras que el Ministerio del Interior, a través de un comunicado, declaró que el concierto no contaba con garantías ni protocolos de seguridad y “se dejó expuesta la seguridad de los artistas y asistentes”.

Transportistas habían iniciado paros entre el 2 y el 7 de octubre, organizados por gremios y empresas independientes de transporte, quienes detuvieron la movilidad de la capital costera, clamando en avenidas principales y frente a edificios gubernamentales lo mismo desde agosto de 2024: “Nos están matando”. En un llamado “apagón de motores” para desfilar en caravana y otros para bloquear las principales vías de la capital. La policía llegó más rápido de lo que esperaban, enervando el ánimo de los protestantes, lo que evocó escaramuzas con los agentes uniformados, pues estos no se sienten protegidos por las fuerzas del orden cuando más los necesitan.

“Nuestra policía está en la calle todos los días, pero un paro de 24 o 48 horas, hermano transportista, no resuelve y no va a resolver el problema. Todos tenemos que sumar”, dijo la mandataria en un evento político el 6 de octubre. Boluarte entonces se escudo en que las denuncias habían aumentado “porque la gente está denunciando más”. Estas denuncias por extorsión, según el Sistema de Denuncias Policiales (SIDPOL) se incrementaron en un 28,8 % en comparación con el mismo periodo de 2024, registrando entre enero y septiembre 20.705 denuncias de este tipo.

Las protestas siguen

A mediados de septiembre, la reforma de la ley del fondo de pensiones fue la chispa que encendió las calles de la capital peruana en protestas lideradas por la llamada generación Z: jóvenes entre 15 y 29 años que representan un poco más de siete millones en Perú y de los cuales el 18,2 % está en el desempleo, según la Secretaría Nacional de Juventud (Senaju). La reforma, que afectaba sobre todo a jóvenes trabajados, tuvo que ser retirada ante la magnitud de las protestas.

Miles de manifestantes se han venido congregando a las afueras del Congreso desde entonces;. Los lemas y los carteles evocan en un mismo pedido: la destitución de la presidenta, Dina Boluarte, quien, además de contar con un 96% de desaprobación según IPSOS, se encuentra dentro de un escándalo de corrupción que la relaciona con la entrega de dinero estatal a proyectos de empresas “cascarón”, según el medio El Foco. 

Violentos enfrentamientos se dieron entre la policía y manifestantes mientras estos empujaban las rejas que rodean al congreso. Muchos de ellos sostenían la bandera pirata del anime japonés One Piece, una calavera con un sombrero de paja en la espalda y en sus manos. La respuesta del Gobierno fue desplegar miles de efectivos para contener a los manifestantes, calentando más la frustración de la población, pues frente a la violencia del crimen organizado rara vez se ve una presencia policial de esa magnitud en las calles.

Las botas y los escudos antimotines de los policías se escuchaban avanzar apresurados mientras los agentes gritan “Una sola fuerza, nadie se rinde” mientras disparan con perdigones, dejando decenas de heridos entre periodistas y manifestantes. Desde el 13 de septiembre, ese es el escenario que se vive en Lima durante las protestas convocadas cada fin de semana.

Durante la madrugada del pasado viernes, cientos de personas marcharon por las calles del centro de Lima hasta llegar al Congreso donde organizaron un plantón exigiendo que Dina Boluarte sea puesta a disposición de la justicia. Además, entre lemas “Dina ya cayó, ahora el Congreso”, manifestantes se encuentran organizando una futura marcha nacional para el 15 de octubre.