Leyes Mordaza
Al activismo ecologista también le aprietan las mordazas
Este 2022 se cumplen siete años de la entrada en vigor de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, con la que el Gobierno de entonces respondía al ciclo de movilizaciones nacido de la crisis financiera mundial, y que supuso el mayor recorte de libertades de la historia democrática de nuestro país. Redactada en un contexto de fuerte contestación social frente a las políticas de austeridad y los rescates a la banca, la Ley Mordaza definía un modelo de seguridad ciudadana inspirada en el viejo sueño del orden público, que consideraba la protesta pacífica como una amenaza y no como una parte consustancial a la convivencia democrática.
La Ley Mordaza definía un modelo de seguridad ciudadana inspirada en el viejo sueño del orden público, que consideraba la protesta pacífica como una amenaza
El activismo ecologista tampoco quedó fuera de la alargada sombra de una norma que criminalizaba también parte de su habitual repertorio de movilización, de forma que se reservó parte de su articulado para castigar duramente las acciones de protesta pacífica en infraestructuras consideradas críticas, tales como centrales térmicas o nucleares, o aquellas en las que se colgaban grandes pancartas en altura.
Durante estos últimos años, el movimiento ecologista ha crecido notablemente, en diversidad y alcance. Y a pesar de que muchas de las activistas climáticas que hoy protestan en las calles apenas cursaban la educación primaria cuando nació la Ley Mordaza, han heredado intactas las consecuencias que esta supone. Por ejemplo, el pasado mes de octubre, un grupo de activistas de Extinction Rebellion realizaron una acción simbólica de protesta en la puerta del Ministerio de Asuntos Exteriores en Madrid, con la que exigían políticas guiadas por la justicia climática. La respuesta a su implicación social la han recibido en sus casas varios meses después: un total de 24 sanciones, que suman casi 15.000 euros.
Esta dinámica, cada vez más habitual, criminaliza la protesta pacífica e impone un elevado precio a quienes se movilizan frente a las injusticias y reclaman derechos, ya sea poniendo el cuerpo para impedir el desahucio de una familia, asistiendo a una manifestación por la sanidad pública o concentrándose frente a la sede de una multinacional petrolera. También supone un enorme desgaste para los colectivos más afectados o más pequeños, que quedan atrapados en una espiral de búsqueda de fondos para hacer frente a esta “burorrepresión” o sepultamiento a base de multas.
La Ley Mordaza criminaliza la protesta pacífica e impone un elevado precio a quienes se movilizan frente a las injusticias y reclaman derechos
Hoy, una crisis global después de la que vio nacer la Ley Mordaza y en plena emergencia climática, nos seguimos necesitando en las calles, igual o más que nunca. Ya es hora de que quien hoy ostenta la responsabilidad de legislar corrija el intolerable retroceso democrático que supuso su entrada en vigor. Por eso, mañana saldremos a las calles en decenas de ciudades, sin mordazas, para exigir que esta reforma no quede en un mero maquillaje, porque nos va el futuro en ello. ¡Súmate hasta que #AcabemosConLaLeyMordaza!
Mapa elaborado por IK Press para No Somos Delito (Todos los derechos de publicación, difusión y distribución cedidos a No Somos Delito.
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