Plurilingüismo
Registran en el Constitucional un recurso contra el decreto que elimina el requisito del catalán en la sanidad

Dos meses después de anunciarlo, la Obra Cultural Balear (OCB) ha conseguido el apoyo de los diputados del Congreso necesarios para presentar ante el Tribunal Constitucional una demanda contra el Decreto ley 5/2023 de medidas urgentes en el ámbito educativo y sanitario. La medida fue aprobada el 26 de septiembre y, entre otras cosas, elimina que el conocimiento de la lengua catalana sea un requisito para los profesionales que quieran acceder a la sanidad pública del archipiélago. Se queda en mérito. Tanto para la asociación defensora de la lengua autóctona de Balears como para los partidos que están en la oposición en el Parlament (Psib-Psoe, Més Sumar y Podem), se trata de un ataque al catalán que infringe el Estatut y la Constitución Española.

“Según el Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, solo puede utilizarse en caso de extraordinaria y urgente necesidad, y no nos encontramos en esta situación"

El abogado de la OCB, Toni Llabrés, viajó el miércoles a Madrid con una pequeña delegación política para inmortalizar el momento. Está convencido que hay motivos para retirar la norma, empezando por el uso de la figura del decreto ley. “Según el Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, solo puede utilizarse en caso de extraordinaria y urgente necesidad, y no nos encontramos en esta situación. El decreto lo aprueba el gobierno autonómico, no admite participación democrática ciudadana y por ello su uso es tan limitado”, explica Llabrés. En este sentido, el penalista recuerda que “el sector sanitario público de Balears está inmerso en un proceso de estabilización de 4.500 plazas. Y, por lo que sabemos, en el 90% de ellas hay más personas con competencias lingüísticas, es decir, conocimiento del catalán, que plazas ofertadas. ¿Dónde está la urgencia de la medida?”.

Por otro lado, el Tribunal Constitucional establece que, para aprobar un decreto ley, hace falta la llamada ‘conexión de sentido’ entre la situación extraordinaria y las propuestas. Para Llabrés y los partidos de la oposición, no existe. “La solución propuesta tiene que explicarse en función del problema detectado”, aclara el abogado, y “la propia consellera de Salud, Manuela García, ha afirmado en reiteradas ocasiones que desconoce cuántos profesionales conseguiría atraer con la eliminación del catalán como requisito. Tampoco sabe si hay ninguno que se haya ido por esta causa. En resumen, los datos referidos a esta iniciativa son igual a cero”.

Para defender que el catalán no es percibido como un problema entre los profesionales de la sanidad, la OCB se apoya en las declaraciones de entidades como el Col·legi Oficial de Metges de Illes Balears (COMIB) o el Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers (COAIB), la dirección de las cuales así se han manifestado.

“Si el profesional sanitario no te entiende al hablar, no puedes ejercer tu derecho y, entonces, te conviertes en un ciudadano de segunda categoría, no de primera”

No garantizar el conocimiento de la lengua catalana en la sanidad mutila, según Llabrés, el derecho de opción lingüística previsto en el artículo 14.3 del Estatut. “Si el profesional sanitario no te entiende al hablar, no puedes ejercer tu derecho y, entonces, te conviertes en un ciudadano de segunda categoría, no de primera. Y todos tenemos que ser iguales ante la ley”.

La eliminación del requisito del catalán en la sanidad ha sido, según el miembro de la OCB, “la primera medida concreta del gobierno popular en Balears contra la lengua autóctona de la Comunidad Autónoma, pero se han anunciado otras, como la libre elección de lengua en los centros educativos”. Si se concretan, la respuesta de la entidad no se hará esperar. “Los institutos se están posicionando, nosotros estamos realizando actos reivindicativos y denunciaremos las políticas regresivas en cuestión de lengua y cultura siempre que sea necesario”, concluye.

Por ahora, han conseguido llenar el Teatre Sa Societat de Calvià en un acto a favor del catalán. “Para nosotros, ha sido importantísimo”, declara Llabrés, “ya que este es el municipio de Balears dónde detectamos un mayor avance del proceso de minoración de la lengua, la localidad en la que el uso del catalán es más bajo”. El siguiente paso es una incógnita, pero, sin duda, el debate lingüístico está servido.