Pobreza energética
Decenas de organizaciones sociales demandan medidas “firmes y contundentes” contra el oligopolio eléctrico

En el inicio de la Semana Europea contra la Pobreza Energética, una coalición de decenas de organizaciones sociales y políticas exige al Gobierno medidas urgentes que garanticen “el derecho a la energía limpia para las personas más vulnerables”, la prohibición de los cortes de suministros básicos, así como medidas que aseguren la eficiencia energética de los hogares y que eviten la “concentración de poder de los oligopolios” energéticos. 

Para ello, sostienen, la inversión pública y local, y el impulso del autoconsumo “deben ser prioritarias para reducir la pobreza energética y facilitar la soberanía energética”. Entre las organizaciones firmantes destacan Comisiones Obreras y CGT, las principales organizaciones ecologistas —Ecologistas en Acción, Greenpeace o Amigos de la Tierra—, así como plataformas del movimiento por la vivienda, colectivos contra la pobreza energética o centradas en la energía, como la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético o Fundación Renovables.

“La implementación de una tarifa social daría respuesta a la ineficiencia que sigue demostrando la aplicación del bono social y el bono térmico, que continúa excluyendo a millones de personas que sufren pobreza energética”, explican desde la campaña

“La pobreza energética mata” es el lema de la campaña lanzada, que pretende reclamar “el derecho a una vida digna” en una sociedad donde se percibe la energía como un producto financiero y no como un derecho. “Con la actual crisis de precios energéticos, para no dejar a nadie atrás es necesario considerar legislativamente el suministro de energía como un derecho y garantizar el acceso universal a este suministro básico, que permite unas condiciones de vida dignas según los estándares actuales”, señalan las organizaciones.

Para acabar con los impactos que está teniendo esta crisis energética en los hogares, esta plataforma demanda una tarifa social energética “que contribuya a la igualdad social” y la garantía de una cantidad mínima de agua para usos personales y domésticos. “La implementación de esta tarifa daría respuesta a la ineficiencia que sigue demostrando la aplicación del bono social y el bono térmico, que continúa excluyendo a millones de personas que sufren pobreza energética”, explican desde la campaña.

Las organizaciones firmantes señalan la necesidad de reformar un sistema de fijación de precios que no tiene en cuenta el coste real de generación que ha llevado a multiplicar el gasto energético de los hogares por las tensiones geopolíticas en torno al gas y otros combustibles. La “escasa transparencia” en la conformación de los precios, indican, se debe a la “elevada concentración” de este mercado, donde unas pocas empresas se ocupan de todas las actividades del sistema energético —generación, transporte y comercialización— y tienen intereses en los diversos sistemas de producción de energía —desde la solar a la eólica, pasando por la hidroeléctrica, el ciclo combinado o la nuclear—, una posición que favorece todo tipo de manipulaciones del mercado.

El Tratado de la Carta de la Energía “supone una gran barrera” para lanzar iniciativas que permitan bajar el precio, “ya que una modificación profunda en el modelo energético actual podría desencadenar demandas millonarias contra el Estado”

El Tratado de la Carta de la Energía, del que España forma parte, “supone una gran barrera” para lanzar iniciativas que permitan bajar el precio, sostienen en el manifiesto, “ya que una modificación profunda en el modelo energético actual podría desencadenar demandas millonarias contra el Estado”. Por ello, consideran “imprescindible” la salida inmediata de este acuerdo internacional.

Igual de necesario, continúan, es una “política firme y contundente para acabar con la concentración del actual oligopolio” en el mercado energético.  “Solo así se evitarán posiciones de dominio de empresas cuyos intereses económicos son contrarios al cambio de un modelo energético centralizado y especulativo —basado en un crecimiento constante de oferta y demanda y en la concentración— por otro más eficiente, descentralizado, distribuido y democrático, con nuevos actores y servicios con un elevado valor social, como exige Europa”, agregan.