Pobreza energética
Una veintena de organizaciones sociales demanda a Sánchez medidas urgentes para reducir la pobreza energética

Le llamaban “príncipe” y había llegado de Nigeria. Había sido desahuciado de la Tancada Migrant, un edificio ocupado en Ciutat Vella, y dos meses después, este 6 de diciembre, fue hallado muerto en la calle. La causa de la muerte fue el frío según denunció el Sindicat d’Habitatge Socialista de Catalunya y el espacio l’Antiga Massana.

Morir de frío es una situación extrema de pobreza energética y aún así causa miles de víctimas cada año en España. El Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria atribuyó a los efectos del frío la muerte de 4.100 personas en 2023. Una cifra que se podría quedar corta: según un estudio reciente de ISGlobal y del INSERM, una calefacción adecuada y accesible en los hogares evitaría más de 8.200 muertes cada año.

La vulnerabilidad energética no ha dejado de crecer en los últimos años, pese a las medidas del Gobierno: era del 7,6% en 2019, del 10,9% en 2020, del 14,3% en 2021 y del 17,1% en 2022. En 2023, trepó al 20,7%.

Y por cada muerte, hay decenas de miles de hogares que no se pueden calentar adecuadamente o que tienen que renunciar a otros gastos básicos para poder hacerlo. Según cifras oficiales, el 20,7% de los hogares españoles no puede mantenerse caliente en invierno, una situación que afecta a más de diez millones de personas. La cifra duplica la media europea.

La vulnerabilidad energética no ha dejado de crecer en los últimos años: era del 7,6% en 2019, del 10,9% en 2020, del 14,3% en 2021 y del 17,1% en 2022. Pese al desarrollo de una batería de medidas por parte del Gobierno español para atajar esta deriva, los resultados indican que todo lo hecho “no ha sido suficiente para revertir la situación”. Al contrario, las cifras “han empeorado”, denuncia una veintena de organizaciones sociales que han firmado un manifiesto para exigir al Ejecutivo de Pedro Sánchez que convierta en permanente la protección de hogares vulnerables que finaliza este 31 de diciembre y que incorpore una batería de medidas para reducir los índices de pobreza energética.

Una veintena de organizaciones pide que la prohibición de cortes de suministro, que finaliza este 31 de diciembre, se renueve y se convierta en permanente en el caso de los hogares vulnerabilizados

Entre las organizaciones firmantes figura Ecologistas en Acción, Alianza contra la Pobreza Energética, Coordinadora de Vivienda de Madrid, Sindicatos de Inquilinas de Madrid, Enginyería Sense Fronteres, Aigua és Vida o Nuevo Modelo Energético.

¿Qué pasó con el escudo social?

Durante la pandemia, el Gobierno aprobó la garantía de suministro de agua, electricidad y gas en el caso de impago, primero de forma universal y luego solo para los hogares receptores del bono social. Esta medida se ha mantenido desde entonces gracias a prórrogas periódicas, la última de ellas finaliza el próximo 31 de diciembre. Una de las principales reivindicaciones de esta coalición de organizaciones es que la prohibición de cortes de suministro se renueve y se convierta en permanente en el caso de los hogares vulnerabilizados. 

También demandan recuperar otras ayudas desplegadas por el Gobierno durante la pandemia y la crisis generada por la guerra de Ucrania que han ido decayendo. Una de estas ayudas, que finalizó este julio, fue la ampliación de los porcentajes de descuento del bono social eléctrico —del 25% al 65% y del 40% al 80% según la categoría—. Otra de las medidas que finalizaron y que esta plataforma pide recuperar es el acceso al bono social de justicia energética para hogares trabajadores con bajos ingresos, una ayuda que permitía acceder a un descuento del 40% en la factura eléctrica. 

Esta veintena de organizaciones también demanda rebajar el IVA de la factura eléctrica de todos los hogares acogidos al bono social eléctrico y no solo a aquellos que acceden a él con la categoría de vulnerable severo. Además, insiste en la necesidad de trabajar en la automatización del acceso al bono social eléctrico para evitar que la burocracia necesaria para acceder a él se convierta en un obstáculo para los hogares más vulnerables.