Pueblo gitano
Abogados gitanos que luchan por los derechos de su comunidad

Encontrar trabajo de enfermera auxiliar significó para Macarena (nombre ficticio) confirmar que podía despertar desconfianza entre ciertas personas por pertenecer a una comunidad minoritaria. Cuando en 2017 entregó el currículum en el hospital de Madrid en el que empezaría a trabajar, desde el departamento de Recursos Humanos le pidieron un certificado de delitos que “no era necesario para ese puesto de enfermera”, cuenta a El Salto Mari Carmen Cortés, abogada gitana del Departamento de Igualdad y Lucha contra la Discriminación de la Fundación Secretariado Gitano. “Se lo solicitaron por ser gitana”, añade Cortés al recordar cómo desde este departamento asesoró a Macarena y la derivó a una abogada experta en la materia para hacer frente a ese requerimiento. El hospital terminó reconociendo que había cometido un ‘error’.

Este caso es solo la punta del iceberg de toda la discriminación que todavía oprime a la comunidad romaní en España y en otros países de Europa. A pesar de que Ostalinda Maya, jurista de la Open Society Justice Initiative, entidad de la ONG de derechos humanos Open Society Foundations, reconoce a El Salto que en política ha habido “avances” ahora que hay cuatro diputados gitanos en el Congreso (la mayor representación de la historia), aún falta mucho para alcanzar un horizonte en el que nadie se vea relegado de un empleo o una vivienda por sus orígenes.

Se trata de una nefasta realidad que, como Maya indicó en un artículo publicado por la periodista Silvia Cruz en El País, ha provocado que muchos de los gitanos que cursan estudios superiores se decanten por las leyes para mejorar las condiciones de su comunidad. Prueba de ello es que, según constató la letrada, el 13% de las becas concedidas recientemente en Europa del Este y Europa Central por Roma Education Fund se han destinado a financiar estudios de Derecho. O, lo que es lo mismo, a otorgar unos conocimientos capaces de luchar por todos los derechos que siempre deberían haber tenido.

Un detonante común

A Maya la vocación le viene de siempre. Creció envuelta por un espíritu reivindicativo que hablaba de construir un mundo mejor. Su padre, Mario Maya, fue el bailaor que utilizó por primera vez el flamenco como una vía para denunciar públicamente el rechazo que perseguía a la comunidad gitana en España.

Cuando en 1976 protagonizó este hito a través del espectáculo Camelamos naquerar, que en calé significa Queremos hablar, la abogada era muy pequeña para entender de códigos morales, pero con los años “ese discurso, ese instinto de lucha, despertaría una conciencia”. También una tenacidad que empezaría a forjar desde 2006, al lanzarse a defender causas en países como Kosovo, Albania, Macedonia, Bulgaria, Romania, España, Ucrania, Hungría, Serbia y República Checa. En este último país, tendió la mano a familias cuyos hijos habían sido discriminados dos años atrás en el proceso de matriculación de una escuela de la ciudad de Ostrava. “Les hicieron un test, y estamos hablando de niños de primero de primaria, que suspendieron todos los alumnos gitanos”, apunta Maya.

La espiral de rechazo que expone la jurista no solo ha condenado a muchos niños a la desigualdad o ha dificultado a algunos el acceso a la vivienda o a ciertos empleos, también ha llevado a abogados gitanos a esconder quiénes realmente son por miedo a que los clientes no llamen a sus puertas, lamenta el letrado gitano de Córdoba Luis Mendoza. Afortunadamente, a él no le intimidó que muchos conocidos le recordaran esta posibilidad cuando terminó la carrera de Derecho en 2011 o que le dijeran que era una decisión arriesgada en medio de la crisis económica. Lo único que importaba era utilizar su trabajo para hacer aquello en lo qué creía: defender a los suyos.

“Debemos romper los propios prejuicios que tenemos sobre si no somos capaces de estudiar una carrera. Podemos hacer lo que nos propongamos, y eso intento demostrarlo con mi historia”, sostiene Luis con una voz que denota la satisfacción de acompañar a personas que se han visto atacadas por pensamientos racistas y falsos estereotipos que solo dibujan un imaginario distorsionado de la comunidad.

Uno de ellos es un vecino de Córdoba a quien una de las empresas con las que comercializaba con chatarra le denunció por robarles supuestamente 8.000 euros. Aquello era considerado un delito grave, pero cuando el jurista solicitó las grabaciones de las cámaras del establecimiento, demostró que el acusado había recogido el material con el permiso de la propietaria de la empresa y que, además, la suma de la chatarra que se había llevado no superaba los 300 euros. “Intentaron aprovecharse de los prejuicios de delincuentes que hay en torno a los gitanos, inculparle de un delito y así satisfacer las rencillas económicas que tenían entre ellos. Eso quedó acreditado en el juicio por conversaciones de WhatsApp”, asegura Mendoza.

Un espíritu que no flaquea

La mentalidad xenófoba que se ha propagado en los últimos años por Europa hace, según Maya, que el contexto actual sea “muy complicado” para la comunidad. Ella hasta ha tenido que despedirse del lugar al que llamaba hogar: “Llevaba 10 años viviendo en Hungría, pero me marché hace unos meses porque ha surgido otro movimiento antigitano”.

Las cifras hablan por sí solas. Según el informe publicado en 2018 por la Agencia de Derechos Fundamentales (FRA) de la UE, el 30% de los encuestados en 2016 había sido blanco de acoso racista, desprecios, amenazas a través de mensajes de texto y comentarios ofensivos en las redes sociales. El documento evalúa la discriminación en Bulgaria, Croacia, República Checa, Grecia, Hungría, Portugal, Rumanía, Eslovaquia y España, y en el caso de Grecia y la República Checa las cifras se disparan hasta el 50%.

Aunque Maya no pueda evitar sobrecogerse ante esta realidad, es de esas personas que prefiere alimentar su espíritu reivindicativo de los logros alcanzados hasta la fecha. En 2004, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos reconoció por primera vez que la discriminación estaba allí en el caso Nachova, donde dictaminó que dos militares gitanos habían sido asesinados en Bulgaria por la policía militar mientras les escupían insultos racistas. Y en 2007 esta corte sentenció (también por primera vez) que un país de la Unión Europea (República Checa) segregaba sistemáticamente a alumnos gitanos.

Este último fallo se vivió, de acuerdo con Maya, como “una gran victoria” y fue clave para constituir una jurisprudencia que, al menos, empezara a reconocer los derechos de la comunidad, pero está claro que la legislación aún está lejos de materializarse en el día a día de los romaníes. Es por eso que estos abogados seguirán haciendo de su trabajo un modo de construir un mundo que no entienda de odio a las minorías. Mendoza asegura que más bajar la guardia ante los que “quieren mantenernos allí abajo, hundidos, sin que levantemos cabeza”, persistirá en la lucha de derechos elementales. “Mientras siga trabajando, seguiré luchando por ello, y cuando yo me muera lo hará mi hijo”, sentencia.