Racismo
Ley de extranjería: miedo y silencio para las víctimas de un delito

“No es posible que nuestra situación migratoria impida exigir nuestros derechos y denunciar en la Policía cualquier hecho o delito del que seamos víctimas”, reclamaba a principios de mes la asociación Nosotras por los Cuidados y el Empleo del Hogar, con sede en Granada. “Estamos en emergencia por la situación de una de nuestras compañeras”, añadían en el comunicado, haciendo referencia a una doble vulneración; primero, al ser víctima de una estafa, y luego, al haber recibido un expediente de expulsión por estar en situación administrativa irregular.

En este caso, la mujer acudió a una comisaria de Policía, en Granada capital, para presentar una denuncia de estafa sobre un supuesto arrendatario, con el que había firmado un contrato y que tras haber recibido el pago de 360 euros, desapareció sin dejar rastro. Una vez presentada la denuncia, la Policía decidió abrirle un expediente de expulsión por estar en situación irregular. “Aparte de la impotencia por haber sido estafada y no saber si su denuncia había servido para algo, se suma el miedo de que puedan expulsarla”, relata Roxana Gutiérrez, activista de la asociación, que califica el caso como un ejemplo más de racismo y desprotección institucional. “No puede ser que las mismas instituciones que deberían protegernos estén poniendo este miedo sobre nosotras”, concluye Gutiérrez.

“No puede ser que las mismas instituciones que deberían protegernos estén poniendo este miedo sobre nosotras”, expone Gutierrez

Tanto es así que diversos colectivos migrantes, asociaciones de trabajadoras del hogar y los cuidados, y también defensores de los Derechos Humanos en el Estado español han manifestado su apoyo a la víctima y han criticado esta actuación policial por disuadir y obstaculizar el acceso a la justicia de personas que por su situación administrativa ya se encuentran en una posición de vulnerabilidad.

CUANDO EL MIEDO CAMBIA DE LADO

A pesar de que son relativamente pocos los casos que alcanzan cierta relevancia pública, la realidad es que son muchas las personas en situación irregular que se mantienen en silencio frente a casos de explotación laboral. A principios de septiembre, un operativo desarticulaba una red de explotación laboral a temporeros en Castelló. No tenían contrato y trabajaban doce horas al día, de lunes a sábado y con un salario equivalente a media jornada. Tres personas fueron detenidas: el presunto explotador y dos migrantes temporeros, identificados y detenidos por infringir la ley de extranjería. 

Delitos de explotación laboral en el campo, vulneraciones en el sector de los cuidados, casos de trata de personas o violencia sexual, todos ellos bajo el manto del no reconocimiento de derechos por estar en situación irregular. Tal y como relata Paola Verdejo, miembro de la Asociación Amalgama, un colectivo de acompañamiento a mujeres víctimas de violencia de género; “si no tienes la documentación en regla, te hacen sentir que no puedes denunciar, porque si lo haces te van a expulsar”.

“Cuando una persona recién llega o no consigue regularizarse, tiene mucho miedo en el cuerpo para denunciar cualquier situación”, explica Verdejo, y expone el caso de una mujer a la que acompañó personalmente para que denunciara un delito de abuso sexual, el año pasado en Madrid. “Lo primero que nos llamó la atención es que salió un policía a atenderla fuera de la comisaría. Ella contó toda su historia de lo que había vivido en la misma puerta, donde entraba y salía gente”, relata verdejo.

Mientras denunciaba un abuso sexual, empezaron a hostigarla con el billete de vuelta a su país. “Le pidieron que llevara este billete a la comisaria y que demostrara que efectivamente se iría”

Después de eso, la derivaron a dependencias de la UFAM, Unidad de Atención a la Familia y la Mujer, donde finalmente le tomaron declaraciones, pero donde también comenzó el interrogatorio por su situación administrativa. “Empezaron a hostigarla con el billete de vuelta a su país, y ella, con el miedo que tenía en el cuerpo, dijo que sí que lo tenía y que se iba a ir. Le pidieron que llevara este billete a la comisaria y que demostrara que efectivamente se iría”, narra Verdejo, y añade: “La chica estaba doblemente destrozada, por el abuso sexual y por lo que había pasado ahí dentro”. En este caso, la mujer pudo formular la denuncia, aunque finalmente desistió de continuar con el proceso judicial, otra vez por miedo a la expulsión. “Ella nunca volvió a presentarse al juicio, y nos dijo que quería olvidarse de todo esto porque, en lugar de ayudarle, le había traído más problemas”, concluye.

Ya en 2013, la Fundación Aspacia publicaba un informe titulado Violadas y expulsadas: entre el miedo y la desprotección, con el que documentaron varios casos de violencia sexual a mujeres migrantes, así como la desprotección y la precariedad que supone estar en situación irregular, factores que en muchas ocasiones terminan provocando el silencio de las víctimas, y por tanto la impunidad de estos delitos.

La interseccionalidad entre el género, la migración y la irregularidad administrativa genera discriminación y es un factor clave de vulnerabilidad frente a las violaciones de derechos humanos

El estudio remarca que la interseccionalidad entre el género, la migración y la irregularidad administrativa es objeto de discriminación y constituye un factor clave de vulnerabilidad frente las violaciones de los derechos humanos. “La situación [de irregularidad] puede condicionar la capacidad de las mujeres de poner límites a relaciones de abuso, ya sea laboral, sexual, o de otra índole. Es el Estado quien debe actuar frente a la violencia contra las mujeres y debe de proteger los Derechos Humanos de las personas migrantes, con independencia de su situación administrativa”, añade el informe.

UNA LEY DE EXTRANJERÍA NO PUEDE SILENCIAR A LAS VÍCTIMAS

A raíz de la denuncia pública que llevadas a cabo por diversas organizaciones en un caso similar ocurrido el año pasado en València, se consiguió la nulidad de la orden de expulsión que pesaba sobre una mujer, víctima de agresiones, que acudió a denunciar y no sólo le abrieron un expediente de expulsión sino que también le impidieron formular la denuncia. Gracias a las manifestaciones multitudinarias y a la presión ejercida por las organizaciones y colectivos, esta orden de expulsión quedó sin validez y la administración tuvo que reconocer que en ningún caso se puede impedir que una persona pueda formular una denuncia.

Instituciones como el Defensor del Pueblo han reiterado, desde 2004 y en varias ocasiones, que debe primar la protección de las víctimas por encima de lo que dicte la ley de extranjería, pues el propio Estatuto de la Víctima del Delito, Ley 4/2015, lo expresa claramente en el capítulo IV de su preámbulo, estableciendo que todos los derechos recogidos mediante esta ley serán de aplicación “con independencia de la nacionalidad de la víctima o de si disfrutan o no de residencia legal”. El propio Defensor del Pueblo, Fernández Marugan, ha advertido en reiteradas ocasiones a la administración para que actúe en este sentido y garantice el acceso a la justicia, con independencia de la irregularidad administrativa.

En la misma línea se habría posicionado hace unos días la Delegada de Gobierno en la Comunitat Valenciana, Gloria Calero, que mantuvo una reunión con seis entidades del ámbito migratorio y la lucha contra la discriminación: València Acull, CEAR, CEPAIM, Movimiento por la Paz, Fundación del Secretariado Gitano y Movimiento contra la Intolerancia. En este encuentro, y según relatan las entidades, Calero admitió que se trata de un procedimiento que no favorece el acceso a la justicia y que genera discriminación entre las personas, comprometiéndose a trasladar esta posición a las máximos responsables de Policía Nacional y la Guardia Civil en València, para que dejen de realizar este tipo de actuaciones.

Aun así, se trata de un problema que afecta a las personas migrantes en todo el Estado español, con una ley de extranjería capaz de sumergir los derechos y libertades de miles de personas que viven en el territorio. Personas con derechos, que viven sumergidas por ser migrantes, y que siguen quedando fuera del acceso a la justicia.