Racismo
Menos del 1% de los visados concedidos en España son para mujeres africanas negras

No llegaron al 5% del total los visados concedidos en España durante 2018 a personas negras nacidas en África. Fue, concretamente, el 4,72%, 78.656 de más de un millón y medio. De esos visados concedidos, 2.862 fueron para mujeres, apenas un 0,17%, que en el 62% de los casos obedeció a motivos familiares (vinculados a una persona que ya residía en España). La minoría fueron vinculados a empleos o formación.

Esta situación fuerza a las migrantes negroafricanas a recurrir a la migración irregular, poniendo en riesgo su vida y la de sus hijos e hijas cuando les acompañan. Una vez en España, conseguir una estabilidad administrativa suele requerir una media de 10 años, durante los cuales se encuentran en una situación de inestabilidad laboral y personal. La única forma que tienen de regularizarla es por arraigo social, trámite para el que se exigen tres años de permanencia en el país y un contrato a jornada completa de un año de duración.

El informe Una vida derribando fronteras. Mujeres negroafricanas y derechos humanos en Andalucía, elaborado por Alianza por la Solidaridad y financiado por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional al Desarrollo, muestra “la discriminación, acoso y violencia social y machista que sufren las mujeres migrantes negroafricanas que llegan a España” y concluye que ser mujer migrante y negra dificulta el acceso a derechos una vez establecidas aquí.

La desprotección y el abandono de las mujeres migrantes negroafricanas por parte de las instituciones españolas y el contexto social de racismo y machismo (“racimachismo”, según se lee en el estudio) en el que viven son el eje de este informe que se presenta con motivo del Día Mundial contra la Discriminación Racial, el 21 de marzo.

El estudio, elaborado con los testimonios de 26 mujeres residentes en Andalucía, señala que ese requisito de un contrato de 40 horas semanales durante un año se convierte en una frontera invisible que incluso les puede hacer perder el permiso de residencia obtenido anteriormente. “En no pocas ocasiones se da la circunstancia de que niños y niñas tienen la nacionalidad española, mientras sus madres y padres están indocumentados”, precisan desde Alianza por la Solidaridad y apuntan que, frente a estas barreras, “el Gobierno tiene la capacidad real de modificar los requisitos y flexibilizar el acceso a los permisos, así como para emprender procesos de regularización extraordinarias”. También consideran “imprescindible” incrementar el número de visados de búsqueda de empleo para personas negras de origen africano.

Las mujeres negras africanas entrevistadas destacan que la irregularidad administrativa en la que se encuentran les supone más agresiones en el empleo y exposición a estafas, agresiones “racimachistas”, quedarse sin acceso a formación para el empleo, denegación de ayudas económicas familiares y de atención a menores, impedimentos para alquiler de viviendas, no poder viajar al país de origen.

El informe también pone de manifiesto que, sin permiso de residencia, tampoco hay prestaciones por hijos a cargo, aunque los tengan. Asimismo, revela cómo existe un “encadenamiento” de la irregularidad: la situación administrativa de las mujeres las ubica en una situación de desprotección social, económica y política, que conlleva la desprotección de la infancia a su cargo.