Personas refugiadas
Serbia no es país para refugiados

Cae la noche y el frío impide casi pensar a las personas que malviven en los bosques que rodean el centro de refugiados de Obrenovac, en Belgrado. Alrededor de una hoguera y escondidos en una vieja estructura abandonada, unos diez jóvenes de origen afgano intentan calentarse para afrontar la noche. “Llegamos hace solo dos días y había cerca de 300 personas en el bosque. Pero ayer la policía empezó a meter a gente en furgonetas. Conseguimos escapar, pero no sabemos dónde se los han llevado”. El testimonio de estos jóvenes no hace más que reforzar lo que ya es un secreto a voces: la situación para las personas refugiadas en el norte de Serbia ha cambiado por completo.

Todo tiene un origen. A finales de octubre, la pequeña localidad serbia de Horgos despertó con la noticia de que un tiroteo entre traficantes se había saldado con la muerte de tres personas. Un revuelo se apoderó de una zona que ya era testigo de un gran flujo migratorio por su cercanía a la frontera con Hungría.  

Pocos días después del suceso, el ministro del Interior serbio, Bratislav Gašić, anunció el inicio de una operación policial y militar centrada en el norte de Serbia. Con el objetivo de expulsar a cualquier persona relacionada con los tiroteos y proteger a los locales, un despliegue sin precedentes empezó a hacerse notar en la zona. Desde entonces, los traslados forzosos y las detenciones masivas se volvieron más frecuentes todavía, reduciendo al mínimo la información proporcionada sobre el paradero de las personas que son trasladadas. Organizaciones como Collective Aid, que trabajan en el terreno, denuncian la falta de transparencia del gobierno que actúa impunemente bajo el pretexto de la seguridad nacional.

El gobierno serbio escaló la violencia contra las personas refugiadas y trató de vaciar por completo el norte de Serbia a escasas semanas de las elecciones anticipadas

Y es que, según las entidades humanitarias, ese tiroteo no hizo más que dar al gobierno serbio la excusa perfecta para desarrollar su estrategia: escalar la violencia contra las personas refugiadas y vaciar por completo el norte de Serbia a escasas semanas de las elecciones anticipadas el pasado 17 de diciembre, donde esperaban recuperar los votos de una zona descontenta con la migración.

Mientras algunos vecinos aplaudieron la presencia policial, otros aseguran que no se trata más que de una maniobra política. “Ese tiroteo fue un bochorno para el partido progresista, así que ahora tienen que aparentar que lo controlan todo. Pero cuando pasen las elecciones, todo volverá a ser como antes”, apuntaba un vecino de la localidad de Sombor, que prefirió no revelar su nombre.

Helicópteros sobrevolando la zona, controles exhaustivos de documentos y agentes armados en cada esquina. Con este despliegue, el gobierno quiere mostrar que está tomando medidas para frenar las redes de traficantes de personas, pero las ONG insisten en que son los refugiados quienes más peligro corren, quedando a la merced de los intereses políticos y de los traficantes.

“El despliegue que se vive en la zona es desproporcionado y no se trata más que de una estrategia política destinada a criminalizar a quienes buscan refugio”

“Donde antes había cientos de personas, ahora ya no queda nadie. No está claro donde se las han llevado”. Estas son las palabras de Dan, coordinador de campo de Collective Aid, quien muestra su preocupación por el paradero y estado de todas esas personas. “El despliegue que se vive en la zona es desproporcionado y no se trata más que de una estrategia política destinada a criminalizar a quienes buscan refugio”, afirma.

Collective Aid, entre otras organizaciones presentes en el terreno, ha visto claramente afectado el desarrollo de sus labores humanitarias desde el inicio de la operación. “No nos permiten siquiera acercarnos a los centros oficiales para proporcionar ropa de abrigo a quienes se quedan en los bosques por falta de espacio”, cuenta uno de los voluntarios de la ONG. El 8 de diciembre, en la última distribución que intentaron llevar a cabo en Obrenovac, cerca de Belgrado, la policía amenazó al equipo con llevarlos presos si no se detenían. Mientras, uno de los agentes pegó en las piernas y en la espalda a un joven refugiado que intentaba alejarse de allí.

Obligados a irse, los voluntarios decidieron adentrarse de nuevo en el bosque para hacer saber a las personas que quedaban que dejarían bolsas con ropa de abrigo en un punto determinado. “Las dejaremos junto a la valla pegada a la carretera. Cogedlas cuando os sintáis seguros”. Tan solo diez minutos después, los mismos chicos que se resguardaban del frío al principio de esta historia, llegaban hasta la ropa y la leña. “No somos delincuentes. Solo queremos llegar a Alemania porque la vida en Afganistán, no es vida”, dice uno de ellos mientras se cargaba al hombre varias bolsas y madera.

La intención de la operación especial es clara. Lo que no lo es tanto es su duración. Vecinos y entidades aseguran que la presencia de miles de agentes, tanques y helicópteros, es económicamente insostenible a largo plazo, reforzando así la teoría del oportunismo electoral.

Brutalidad policial y desahucios

A los relatos de los traslados forzosos sin destino conocido, se suma la brutalidad de la policía en los asentamientos temporales donde malvivían las personas a la espera de una oportunidad de cruzar a Hungría.  Los pocos testimonios que las ONG han podido recoger recientemente aseguran que la violencia incrementó drásticamente durante los desalojos: “La policía solía llegar por la noche o a primera hora de la mañana cuando la gente aún intentaba conciliar el sueño. Grupos de entre siete y quince agentes irrumpían en los asentamientos destrozando todo lo que veían a su paso”.

Una vez desalojada la vivienda o el lugar donde se encontraban, solo quedaban los teléfonos, maletas desvalijadas y pasaportes resquebrajados. Pertenencias de quienes una vez estuvieron allí, en condiciones insalubres, esperando que un milagro les salvara.

Las condiciones inhumanas en las que malviven las personas que habitan estos lugares son un claro desencadenante de enfermedades e infecciones difícilmente tratables

Las condiciones inhumanas en las que malviven las personas que habitan estos lugares son un claro desencadenante de enfermedades e infecciones difícilmente tratables, dada la nula existencia de asistencia médica. Destruidos, e incluso quemados, es como han quedado algunos de estos asentamientos imposibilitando por completo su posible uso en un futuro. La brutalidad con la que se atacan estos lugares una vez ya desalojados no hace más que lanzar un claro mensaje a las personas refugiadas: no volváis.  

“No comprendemos por qué destrozan sus teléfonos y documentos. Si tienen órdenes de trasladarlos, que lo hagan, pero que no les quiten sus pertenencias. Quieren dejarlos incomunicados”, dice uno de los voluntarios mientras recorremos el asentamiento. En algunos pueden leerse mensajes escritos en las paredes, donde las personas escriben su nombre, sus sentimientos o las fechas según pasan los días. La mayoría,  escritos en árabe, evocan a la desesperación que invade a quienes los escriben, en un anhelo de ser escuchados. 

Por otro lado, mientras el gobierno serbio asegura el buen funcionamiento de los centros de recepción oficiales, ACNUR Serbia denuncia que muchos de ellos no cuentan con los recursos necesarios para unas condiciones de vida dignas. El cierre por completo de centros como el de Sombor, al norte del país, aumenta la presión sobre otros cerca de la capital o en el sur, que ya sobrepasan su capacidad. Meses previos a la operación especial, Collective Aid ya recogió testimonios donde aseguraban que la comida, agua y acceso a asistencia médica eran prácticamente inexistentes.

Desde la entrada en vigor de la operación especial, las organizaciones presentes en el terreno, han observado un aumento de los controles policiales a los trabajadores o voluntarios de organizaciones sobre el terreno. Poniendo en duda su legalidad, la policía impide a las entidades llevar a cabo distribuciones de necesidades básicas llegando incluso a utilizar la violencia contra ellos. Un voluntario de Collective Aid, que prefiere no revelar su nombre, cuenta cómo fue golpeado por la policía y obligado a arrodillarse durante varios minutos. La intimidación a las organizaciones demuestra la clara intención del gobierno serbio de reducir al máximo las posibles ayudas que los refugiados puedan recibir.

Según las cifras de la Organización Internacional para las Migraciones, 354 personas han muerto en la ruta de los Balcanes desde 2014, aunque estos números siempre serán inferiores a la realidad

Así, la criminalización de los refugiados, las condiciones de vida insalubres y la denegación de atención médica a quienes la necesitan, no hacen más que mostrar toda una estrategia intencionada para dificultar la vida a las personas que buscan una vida mejor en Europa.

Sin embargo, muchos de ellos no lo consiguen. Según las cifras de la Organización Internacional para las Migraciones, 354 personas han muerto en la ruta de los Balcanes desde 2014, aunque estos números siempre serán inferiores a la realidad debido a la dificultad de recogida de datos. La mayoría de las personas que mueren durante su travesía en la ruta no dispone de datos identificativos, lo que supone que sus familias difícilmente sabrán qué les sucedió. Arriesgaron todo por lograr un futuro mejor aun sabiendo que eso podrían llevarlos a morir a miles de kilómetros de su hogar.