Renta básica
El desmantelamiento de las rentas mínimas de inserción

Once de la mañana. La parroquia San Carlos Borromeo de Vallecas se llena de gente para escuchar a la plataforma Renta Mínima, tu derecho. Cuentan cómo a través de diversas trabas burocráticas se impide el acceso a la Renta Mínima de Inserción (RMI) de la Comunidad de Madrid a personas que cumplen todos los requisitos. Intentando desanimar o haciendo que reclamen, se les invita a que no vuelvan a pedir esta ayuda a pesar de necesitarla.

Una perceptora de la RMI cuenta su caso. “Tengo dos hijas y me dieron una casa, bastante lejos de donde van al colegio. Pago una cantidad que puedo asumir por la vivienda, pero lo malo es que de factura de luz, gas y agua me llegan hasta 500 euros. No lo entiendo, casi no pongo la calefacción y controlo a las niñas desde que entran a la ducha hasta que salen”. Es solo uno de los miles de casos que denuncia la plataforma. En ella se ayuda a recurrir y presentar un recurso de alzada si esta renta se deniega a pesar de tener derecho a la misma.

En la Comunidad de Madrid recibieron RMI 25.212 españoles y 10.271 extranjeros en 2017 y en 2018 la cifra fue de 23.764 españoles y 9.236 extranjeros. En ninguna comunidad autónoma recibieron más renta mínima los extranjeros, según estos datos del Ministerio de Sanidad, Consumo y Asuntos Sociales. Las cifras demuestran que las proclamas de Santiago Abascal y Vox son totalmente falsas.

Ni siquiera el 8% de la población bajo el umbral de la pobreza en España se ha beneficiado de las RMI que ofrecen las Comunidades Autónomas, según se recoge en el Informe de Rentas Mínimas de Inserción correspondiente al año 2018, que ha hecho público el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Un porcentaje que desde 2015 se está reduciendo, habiendo alcanzado ese año su nivel más alto, con un 8,7%.

“Garantizar un mínimo vital para las personas que carecen de recursos propios debería ser cuestión de Estado en todo el sentido de la expresión, y una prioridad de cualquier Gobierno que se preocupe por la dignidad de las personas”, demandan desde la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, un colectivo que subraya la “necesidad de que se articule a nivel estatal una garantía de ingresos para todos los ciudadanos”.

La implantación de una Renta de Garantía de Ingresos (RGI) única por vivienda, desvinculación del SMI y aumento de medidas de control suponen una vuelta de tuerca contra las poblaciones más frágiles

En Euskadi el gobierno del PNV y el PSE lograron antes del verano que el PP les permitiera tramitar una reforma legislativa de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) , tras años de recortes de su cobertura y cuantías por la vía de los hechos : más requisitos, más controles y más estigmatización de sus perceptores y perceptoras. Como afirma el colectivo Argilan-ESK, esta nueva vuelta de tuerca contra las poblaciones más fragiles busca “la implantación de una única RGI por vivienda, la desvinculación de la cuantía de la RGI del Salario Mínimo Interprofesional y el aumento de las medidas de control, ampliando la sospecha permanente sobre la gente pobre, criminalizando a las familias perceptoras de las prestaciones sociales”.

Este colectivo apoya a diferentes colectivos que intervienen en el ámbito de la solidaridad y el apoyo a personas vulnerables, asesoran a personas que perciben o quieren percibir la RGI frente a la administración. Además, cuentan que “esta propuesta de reforma de la actual RGI no tiene en consideración las 123.000 personas que en nuestra sociedad sufren situaciones de pobreza grave. Desde 2008, el número de personas que están en riesgo de pobreza y que no son atendidas en Lanbide o los servicios sociales se ha incrementado un 25%”.

A pesar de la mejoría relativa frente a otras comunidades, la RGI en Euskadi no cubre, según el INE, a un 30% de las personas que están en riesgo de pobreza, dato que se eleva al 93% para el caso de España. Es decir, que en el conjunto del Estado estas rentas mínimas solo llegan a cubrir el 7% de las necesidades de grupos de población vulnerables económicamente.

Igualmente, un tercio de las personas que cobran la RGI tienen un empleo que, dada su escasa remuneración, no es excluyente de un complemento social para elevar mínimamente su nivel de vida. Así, el 25% de las personas que perciben esta prestación son pensionistas que complementan con ayudas sociales las bajas cuantías percibidas desde la Seguridad Social. Por último, cabe destacar que muchas personas que cumplen los requisitos para pedir la RGI no la solicitan por el estigma social que supone.

Todas estas trabas burocráticas abren el debate sobre si se debe aprobar una Renta Básica Universal (RBU) que evite estas estigmatizaciones. La RBU sería la garantía de subsistencia para todas aquellas familias que se ven desamparadas a la hora de acudir a las instituciones públicas y evitaría las sanciones, nuevos requerimientos, plazos y otro tipo de dificultades burocráticas que hacen que, según denuncian las plataformas de RMI y RGI, “llegue a resentirse hasta su propia salud”.