Renta básica
Renta básica para artistas: la “paguita” que podría revolucionar el trabajo cultural en España
A Dee Fitz le tocó algo parecido a la lotería el 8 de septiembre de 2022, una fecha en la que su vida cambió. Ese día, su nombre apareció en el listado de aspirantes seleccionados para formar parte del programa piloto de Renta Básica para las Artes (RBA) desarrollado por el Gobierno de Irlanda. Ella es una de las dos mil personas, de un total de más de nueve mil solicitudes, a las que el sorteo premió con un ingreso semanal de 325 euros durante tres años, hasta septiembre de 2025. Fitz escribe canciones y reconoce que recibir esta prestación la ha llevado a nuevos lugares. “Me ha permitido desarrollar mi arte y crear música con calidad, con buenos productores, lo que a su vez me ha facilitado sonar en la radio por toda Irlanda y dar conciertos en algunas de las salas más emblemáticas del país, como Vicar Street, Whelans y The Academy”, cuenta a El Salto.
Aunque le cuesta encontrar las palabras para decir todo lo que ha significado ser beneficiaria de esta medida, lo hace de manera concisa: “Soy cantautora, pero también soy madre y esposa. Pagamos una hipoteca, trabajamos y tenemos responsabilidades familiares, y hacer música no es barato. La renta básica me ha permitido crear y publicar música de forma independiente sin afectar negativamente a mi vida familiar”.
707 artistas visuales, 584 músicos, 204 cineastas, 184 escritores, 173 dramaturgos, 32 bailarines y coreógrafos, 13 artistas de circo y 10 arquitectos han sido los primeros perceptores de esta iniciativa, prorrogada hasta este mes de febrero, aunque tendrá continuidad ya que el Gobierno irlandés la ha incluido en los presupuestos para 2026 con una partida de 18,2 millones de euros. El 10 de febrero, el ministro de Cultura, Patrick O’Donovan, detalló cómo es la versión definitiva de la RBA una vez concluido el programa piloto. Serán igualmente dos mil artistas elegidos por sorteo quienes reciban la prestación de 325 euros semanales en ciclos alternos de tres años, de manera que los beneficiarios entre 2026 y 2029 no serán elegibles para el siguiente trienio, pero sí podrán volver a presentar su solicitud para el ciclo posterior. O’Donovan citó un análisis externo de coste-beneficio según el cual por cada euro invertido en el programa piloto, la sociedad irlandesa ha recibido a cambio 1,39 euros.
En mayo de 2025, el Ejecutivo irlandés presentó el último informe sobre el impacto de la experiencia, elaborado a partir de una encuesta. La conclusión era previsible y confirmó los resultados de los estudios previos en 2023 y 2024: recibir un ingreso regular mejora la vida. “Los artistas invierten más tiempo y dinero en su práctica, generan más obras nuevas, experimentan menos ansiedad y están más protegidos contra la precariedad”, valoró entonces O’Donovan, quien habló de un efecto positivo y consistente de la RBA. Los participantes también informaron de otros frutos, como una mayor autonomía y una sensación de validación en su profesión creativa. “Conozco a muchos artistas dentro de la comunidad cuya salud mental ha mejorado drásticamente gracias a la RBA”, señala Fitz.
Con una prestación dineraria estable que hiciera de red se podría elegir entre sostener la profesión artística con el salario de otros empleos o dedicarse en exclusiva a ella
La implantación en España de una renta básica equivalente a la irlandesa ayudaría a subsanar una disfunción habitual en el sector artístico: como el retorno económico es muy escaso, esta actividad se acaba haciendo durante el tiempo que no se dedica a lo que realmente paga las facturas y llena los platos. Es decir, se trabaja también en las horas que no están ocupadas por el trabajo. Con una prestación dineraria estable que hiciera de red se podría elegir entre sostener la profesión artística con el salario de otros empleos o dedicarse en exclusiva a ella. La tarea creativa no sería un hobby exigente y voluntarioso sino una jornada laboral remunerada. Así lo entiende Elío Ferrán, compositor, letrista, vocalista y guitarrista del cuarteto de pop oscuro La Jetée, quien compara el trabajo artístico con la I+D: “Suele haber tiempos largos dedicados a la investigación, a la documentación y al desarrollo de obra que después se estrena, se presenta o se gira, y es esta última etapa la que produce los ingresos”. Por eso considera que disponer de una renta básica en este esquema de trabajo supondría lo mismo que supone una beca de investigación, esto es, “poder planificar a medio plazo sin vivir en un ciclo permanente de urgencia económica”.
También menciona otro efecto positivo, en este caso sobre la diversidad cultural. “Actualmente el acceso a la creación depende casi exclusivamente del acceso a recursos económicos, a menudo personales, y quienes nos lo podemos permitir es porque tenemos un perfil socioeconómico más o menos privilegiado, dando lugar muchas veces, aunque no queramos, a narrativas más hegemónicas que las que se producirían desde los márgenes”, reconoce. Él intuye que un ingreso básico podría corregir este sesgo, al menos parcialmente.
Como contrapartida, el principal inconveniente que encuentra nace de la precariedad estructural y la economía sumergida que ya existen de facto en el sector cultural, “especialmente” en la música. Tal y como están las cosas, opina, una renta básica artística “correría el riesgo de servir como coartada para precarizar más el sector: ‘ya tienes la renta, no hace falta que te pague tanto’”.
“No puedes dar una renta básica para artistas si no te aseguras de que eso no hará que los festivales paguen cachés más bajos o las salas pongan alquileres más caros”, opina Le Parody
En esa dirección apunta Sole Parody, autora bajo el alias Le Parody de varios discos en los que mezcla música electrónica y canción popular. Para ella, está bien dar dinero a sectores trabajadores, pero también habría que “tomar medidas con los sectores contratantes de esos trabajadores y ejercer algunas presiones”. De no hacerlo, lamenta, acabaría sucediendo “como con la vivienda: si te dan una ayuda para pagar el piso, el casero aprovecha y sube el alquiler. No puedes dar una renta básica para artistas si no te aseguras de que eso no hará que los festivales paguen cachés más bajos o las salas pongan alquileres más caros”. Según el miembro de La Jetée, que ya tienen listo su segundo álbum, “cuando se inyecta dinero público en cualquier sector y no se controla a quienes tienen en su poder los medios necesarios para que ese sector funcione, es fácil que ese dinero acabe en sus manos”. En su opinión, la prioridad es resolver los problemas estructurales “antes de plantearse meter dinero alegremente al sector”, una dignificación que “seguramente” debiera pasar por la existencia de “alternativas de control público en todos los aspectos del ciclo de producción”.
Le Parody observa que la renta básica para el sector artístico es una especie de mecenazgo que cubre los tiempos improductivos pero imprescindibles para el trabajo creativo, en los que no hay ingresos pero sí gastos. Ella es más partidaria de una reforma “urgentísima” del régimen de autónomos, que es “totalmente inadecuado a los trabajos artísticos intermitentes”, y de que las ayudas sean contempladas de modo global para decidir, por ejemplo, qué mejoras se dejarían de implementar a cambio de dar una renta básica para artistas. Sus propuestas van más por una regularización del sector, “quizás el único en el que nadie sabe cuánto se cobra la hora”, y una reforma completa del sistema fiscal “pensando en nuestras particularidades” antes que una “limosna mensual en forma de renta básica”.
La pregunta es inevitable al hablar de la posibilidad de una renta básica para las profesiones artísticas. ¿Por qué habría de aplicarse a este sector productivo y no a otros? Ferrán no justifica el trato de favor, pero tiene claro que el tejido cultural —y el sector artístico como motor de ese tejido— es algo que debería ser “de interés público y de especial protección” en cualquier sociedad. Así lo razona: “No es simplemente un sector económico —que también— sino que documenta y pone en cuestión las sociedades que somos hoy para prefigurar las sociedades que queremos ser mañana. Es un sector económico que, además, es esencialmente político y, una vez que lo artístico es convertido en cultura de masas y entretenimiento, tiene un impacto real sobre nuestro futuro”.
Todo lo que hacen por poquísimo dinero
En octubre se publicó una novela curiosa, redactada en formato de curriculum vitae. En Todo lo que hice por dinero (Blackie Books, 2025), la escritora Violeta Niebla recorre con humor y profusión de detalles el periplo de alguien muy parecido a ella, con amplia experiencia laboral en el ambiente cultural de Málaga. En su trayectoria, presidida por trabajos sin contrato, de freelance o falsa autónoma, figuran hitos como producir una gira de la banda Boney M, grabar con su cámara un vídeo de porno casero y otro de un señor dominicano recién fallecido al que su familia de allí quería ver por última vez antes de la incineración, comisariar una sala de arte en un aparcamiento o coordinar las galas de inauguración y clausura de varias ediciones del Festival de Cine Fantástico de la ciudad. El resumen de la protagonista es que escribir dos libros de poemas la ha llevado tan lejos como para subtitular anuncios de bragas con sus versos traducidos al inglés y diseñar el branding de una campaña de publicidad de unas saunas. Finalmente, llega a ser directora artística del Festival de Poesía de Málaga tras un tiempo como becaria que califica como una auténtica explotación. “Ahora que somos directoras y conocemos los presupuestos, vemos cómo se aprovecharon de nuestras ganas, nuestro buen hacer y nuestros conocimientos. Cobramos 1.200 euros por siete meses de trabajo”, recuerda.
Lo que Niebla pone negro sobre blanco es el día a día de quienes se dedican profesionalmente en España a la creación cultural, o quieren hacerlo. Una realidad que se ha hecho pública en la última década, cuando se ha conocido, por ejemplo, que solo el 16% de quienes escriben puede hacerlo de manera exclusiva, es decir, vivir de lo que publica. O que cuatro de cada diez actores subsisten por debajo del umbral de la pobreza, aunque tengan varios empleos. O que un tercio de las personas creadoras de cómics gana menos de mil euros al año por esta actividad. Durante el confinamiento en la primavera de 2020, seis de cada diez trabajadores culturales recibieron propuestas para trabajar sin cobrar.
El artista Daniel G. Andújar defiende una Renta Básica para las Artes en España como “una infraestructura de libertad” que corrige un fallo de mercado, ya que “la cultura genera valor público que el mercado no remunera”
Las condiciones laborales de la clase trabajadora de la cultura en esta era Amazon han provocado algunos movimientos de acción sindical en la música, huelgas en museos o la iniciativa gubernamental por fases conocida como Estatuto del Artista, todos ellos diferentes intentos de corregir un estado de cosas a todas luces inaceptable. “La precariedad no es una anécdota, sino la censura invisible del sector: quien no llega a fin de mes no puede arriesgar ni disentir”, opina el artista visual Daniel G. Andújar. Por este motivo, él defiende una Renta Básica para las Artes en España (RBA-E) como “una infraestructura de libertad” que corrige un fallo de mercado, ya que “la cultura genera valor público que el mercado no remunera”. No solo la defiende sino que ha esbozado cómo sería: un programa piloto de seis mil plazas durante 24-36 meses, con un ingreso mensual incondicional de 1.200 euros, compatible con el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), evaluación independiente y gobernanza compartida entre Estado, comunidades autónomas y grandes ciudades. Se trataría de una adaptación al marco legal y territorial español del modelo probado en Irlanda que debería contar obligatoriamente con una “compatibilidad fiscal-laboral clara, acreditación de práctica, sorteo entre elegibles para evitar clientelismo, evaluación independiente con metodología robusta y una cláusula de no sustitución para que no se recorten otras políticas culturales”.
Según este artista, creador en 1996 de Technologies to the People, un proyecto online sobre cómo las promesas de libre elección de las nuevas tecnologías de la comunicación se transforman en nuevas formas de control y desigualdad, la aplicación de la RBA-E cambiaría la asimetría de poder, equilibrando la negociación y empoderando al creador individual. Explica que, a medio plazo, el paradigma cultural mutaría y se pasaría de financiar “productos” a garantizar “tiempo, investigación y riesgo”, lo que supone “la materia prima de la innovación cultural”. Los indicadores de éxito dejarían de ser el número de entradas despachadas o las ventas de ejemplares y pasarían a incluir “capacidad de experimentar, densidad de redes, impacto territorial y aprendizaje colectivo”. Sería, asegura, una política de soberanía creativa en la que habría “menos cultura del evento, más ecosistema sostenido; menos papeles, más obra; más autonomía para investigar sin la tiranía del deadline subvencional”.
Además, su tesis de fondo es que la RBA-E funcionaría como un laboratorio para la Renta Básica Universal (RBU), no una excepción para determinadas profesiones, y que, de hecho, allanaría el camino para esta. Si la RBA-E se aplicara rigurosamente, pronostica, se generaría la “evidencia científica” sobre el trabajo, la salud mental y el retorno económico “necesaria para desmontar los prejuicios ideológicos y acelerar la implantación de una RBU bien diseñada y financiada en España”. Para este artista y teórico, no estaríamos ante un privilegio corporativo sino que sería una “medida justa y replicable en otros ámbitos de alto valor público, como los cuidados, la investigación o la mediación”. Mientras llega una RBU, concluye, “no podemos dejar caer un tejido cultural que sostiene derechos, memoria y democracia”.
Otro artista visual, Ignacio García Sánchez, duda que la propuesta de una renta básica específica para las artes concite más apoyo social que una de carácter universal y tampoco ve claro el impacto positivo de toda la denominada actividad artística. “Es muy difícil decidir de manera justa dónde reside ese valor artístico intangible y qué papel debería tener dentro de la sociedad”, plantea.
En su opinión, la experiencia irlandesa puede considerarse como una subvención concedida por un período muy largo de tiempo y que no habría que justificar una vez recibida. “Estos dos puntos ya mejorarían las condiciones de cualquier beca o ayuda a las artes existente en España”, afirma. Con su obra Amaurot World’s Fair, él fue en 2019 uno de los ocho ganadores de Generaciones, la convocatoria anual para artistas menores de 35 años dotada con diez mil euros para cada uno que concede la Fundación Montemadrid, la entidad privada que gestiona el centro cultural La Casa Encendida en Madrid. También ha disfrutado de ayudas a la creación otorgadas por la Comunidad de Madrid y por VEGAP, una entidad de gestión colectiva de derechos de Propiedad Intelectual de artistas visuales.
En la comparación entre la renta básica para artistas de Irlanda y las subvenciones públicas, García Sánchez señala que el dilema estriba en cómo se decide quién las recibe: “Las becas actuales suelen otorgarlas jurados que valoran la calidad de las propuestas según su parecer más o menos subjetivo, teniendo en consideración factores de lo más diverso. En el modelo de Irlanda, se suprime la competición y parte de la carga burocrática al hacer un sorteo al azar entre todos los solicitantes. Los criterios para entrar en el sorteo son muy laxos, aun así sigue habiendo una criba administrativa para determinar quién es apto”.
Él subraya que la implantación de una renta básica para artistas podría marcar la diferencia para mucha gente con capacidades e inquietudes, pero sin las condiciones materiales mínimas que se necesitan para dedicarse a una actividad “tan incierta”. Además, prevé que esa “seguridad económica” tendría un efecto democratizador: “Sectores sociales que ni se lo planteaban, tal vez con este apoyo verían más realista probar suerte en una carrera artística. Se reduciría la desigualdad de oportunidades en términos económicos”. Pero otro tipo de capital heredado, como el que proporcionan los contactos sociales, “seguiría teniendo su peso a la hora de permitir el acceso a ciertos espacios”. Desde la primera persona, asegura que con esa prestación podría dedicar más tiempo y energía a su obra y a otras actividades placenteras al no estar ocupado por trabajos alimenticios. También reconoce que le liberaría “de parte de la presión que ejerce la legitimación externa sobre mi práctica artística, dejando más espacio a la experimentación y al disfrute como fines en sí mismos”.
La mejor política cultural
La discusión acerca de si es más justa una prestación incondicional para sectores profesionales necesitados o una para toda la población lleva tiempo produciéndose en el entorno cultural. Si bien se podría intuir que este campo arrasado laboralmente y vilipendiado públicamente —la caricatura malintencionada sobre las subvenciones— se inclina por el egoísmo —dame pan y llámame tonto—, la realidad es que sus posicionamientos públicos son más proclives a la renta básica universal. “No somos partidarios de una renta básica para el sector artístico si no existe antes una renta básica universal”, aclara Ferrán sobre cómo se sitúan al respecto en La Jetée. En mayo de 2020, la página web Nativa lanzó un manifiesto que reclamaba la RBU como la “mejor política cultural posible” puesto que “mejoraría la vida de mucha gente y, al mismo tiempo, mejoraría radicalmente las condiciones de las prácticas artísticas y culturales”. A finales de 2025, eran más de 4.600 los profesionales de la cultura que habían firmado el texto, que formula una pregunta importante: “¿De qué nos serviría un sistema cultural que solo estuviera al servicio de aquellos que tienen el tiempo, los recursos y la tranquilidad para ‘consumir cultura’? No tenemos más remedio que entendernos interdependientes y preocuparnos por las condiciones de vida de todo el mundo”. La declaración incluye asimismo una frase difícil de rebatir: “Si la vida social no está garantizada, la cultura no es viable o acaba siendo un recurso insolidario y elitista”.
“No entendemos ni compartimos la idea de una renta básica sectorial porque descentra el conflicto de clases, que nos parece el marco que expresa mejor los conflictos existentes”, razonan desde la cooperativa catalana La Murga
Un lustro después de ese manifiesto, desde La Murga, la cooperativa catalana de consumidores y usuarios que edita Nativa, valoran que esa iniciativa sirvió para que “mucha gente que trabaja en cultura encontrara un lugar común frente al discurso corporativista del que ahora volvemos a hablar” y recuerdan que generó réplicas en otros sectores profesionales que también lanzaron su manifiesto a favor de una RBU. “No entendemos ni compartimos la idea de una renta básica sectorial porque descentra el conflicto de clases, que nos parece el marco que expresa mejor los conflictos existentes”, razonan desde esta cooperativa. Según su perspectiva, no hay argumentos para defender una discriminación positiva de las personas que trabajan en cultura ni motivos para sostener que el sector cultural genera una riqueza que el resto de la sociedad o los mecanismos del mercado no saben reconocer. En su opinión, “el sector cultural sobreproduce como también ocurre con otros sectores económicos”. Asimismo, en La Murga muestran su preocupación por el hecho de que “muchas personas que se autodenominan artistas se conciben como un sector de la sociedad especialmente damnificado, ignorando de modo ciego y radical la realidad económica en la que se mueven otras partes de la sociedad”.
En su negativa a la propuesta de renta básica para artistas también hay razones que aluden a la definición de los destinatarios de la prestación. “Si la respuesta fuera cerrada, buscando algún espacio que repartiera carnets de artista o reprodujera jerarquías clásicas en el campo de la cultura, el resultado nos parecería contraproducente para la vida cultural. Si la respuesta fuera abierta, que cualquiera que se autoproclame artista tenga derecho a esta renta, quizás sí que se convertiría en un eficaz coladero para universalizar la renta y también la cultura, si se nos permite la ironía”.
En las conclusiones propositivas que William Deresiewicz planteó en su nutritivo ensayo La muerte del artista (Capitán Swing, 2021) sobrevuela la idea de que las artes son ecosistemas. Por eso el autor considera que para solucionar los problemas económicos del sector se requiere enmendar toda la economía, no una mayor financiación pública ni tampoco una renta básica. Su reconstrucción de ese ecosistema creativo pasaría por la “reconstrucción de la clase media”, un proyecto que, en su opinión, significa deshacerse de los monopolios, aumentar el salario mínimo, revertir décadas de recortes fiscales, reinstaurar la educación superior gratuita y facilitar la organización de los trabajadores. “No necesitamos que el Gobierno pague por el arte, tampoco necesitamos a los ricos con su filantropía, solo nos necesitamos los unos a los otros”, son las últimas palabras que se leen en este libro.
A esa unión parece aspirar también el músico y politólogo Pepo Márquez en el incendiario manual de resistencia Antineutral (Liburuak, 2025). En sus páginas aboga por un sindicalismo sectorial fuerte para revertir gran parte de los males que asolan el trabajo cultural. Sería una “herramienta contemporánea necesaria para equilibrar el poder de negociación, establecer una base mínima de dignidad y articular una representación colectiva capaz de incidir en normas, contratos y políticas públicas”. Si ese sindicalismo potente se generalizara, Márquez vaticina que permitiría al colectivo de artistas ejercer “una resistencia simbólica sin miedo a posibles consecuencias”, aunque matiza que “no eliminará la incertidumbre inherente a la creación artística, pero sí modificará la balanza entre riesgo y recompensa”.
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