Medio ambiente
Defender cada árbol

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Ese era el número árboles condenados a tala como consecuencia de las obras de ampliación de la Línea 11 de Metro de Madrid. Pinos, plátanos de sombra, cedros, sóforas. Decenas de especies repartidas entre parques, jardines y calles a lo largo del trazado del túnel que conectará los distritos de Carabanchel, Arganzuela y Retiro. Ejemplares sanos, de alto porte y avanzada edad. Testigos de décadas de historia de nuestros barrios. Víctimas innecesarias. 

Cuando en febrero de 2023, ya hace un año, el Parque de Arganzuela en Madrid Río amaneció vallado, fueron muchas las personas que tomaron consciencia de la amenaza que suponían estas obras para su ciudad. Alarmadas por la inminencia de las talas, la ciudadanía despertó tras años de abuso y ese mismo fin de semana miles de personas se concentraron junto a las obras enfurecidas e indignadas. Daba comienzo uno de los movimientos vecinales por la lucha medioambiental más influyentes que ha vivido Madrid en mucho tiempo. Los barrios no estaban dispuestos a dejar morir los parques frente a sus casas. Tras años de abuso por parte de sus gobiernos locales, de alcorques vacíos, de plazas duras, de podas injustificadas y de zonas verdes yermas, la paciencia se había agotado. No íbamos a permitir que otra obra se hiciera a costa del verde urbano. No sin una razón lógica. Y no la había.

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Ese era el número de árboles que la Dirección General de Infraestructuras de Transporte Colectivo de la Comunidad de Madrid había anunciado que iba a talar en origen. Cuando el proyecto de ampliación de la línea de Metro fue sometido a información pública y evaluación ambiental, se hizo una previsión del arbolado afectado. En base a ese proyecto la Consejería de Medio Ambiente autorizó continuar su desarrollo y la ciudadanía fue informada acerca de los planes del gobierno autonómico. Pero ese proyecto no fue el que finalmente se licitó y se está construyendo. De ahí la diferencia en el recuento de arbolado. Se tomaron muchas decisiones posteriores que parecían nacer del simple hecho de simplificar y abaratar la obra. Las más graves de ellas, reubicar la estación de Madrid Río en pleno parque, en lugar de en la vía pública como estaba previsto, y localizar las instalaciones auxiliares de la tuneladora en el Parque de Comillas, junto a un colegio. Además, toda zona de acopio y servicios a la obra se instalaba sistemáticamente en zonas verdes, afectando incluso al Paisaje de la Luz en Atocha, Patrimonio de la Humanidad.

Estas razones llevaron a Ecologistas en Acción, que llevaba meses denunciando públicamente todo esto, a interponer un recurso contencioso administrativo contra el proyecto, registrado días antes de la movilización de febrero, y solicitar la paralización cautelar de las obras. El recurso sigue abierto, pero la paralización fue denegada con argumentos arbitrarios y muy cuestionables. Aun así la movilización tuvo efecto: dos días después la Comunidad de Madrid anunciaba que paralizaba temporalmente la obra para estudiar reducir la tala de árboles.

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Esos son los árboles que la Comunidad de Madrid anunció que iba a talar al revisar el proyecto. Tras meses de lucha ciudadana, publicaron un Proyecto Constructivo Modificado. Y lo hacían en agosto, habiendo llevado la iniciativa en secreto, y dejando poco tiempo para posibles alegaciones. Pero el movimiento No A La Tala no estaba de vacaciones. Veníamos de meses intensos. Desde que se anunció la paralización temporal, habíamos organizado manifestaciones, recogido firmas, abierto otros procesos judiciales e incluso llevado el asunto a Bruselas. No descansamos, sabiendo que la única alternativa aceptable era volver al proyecto original. Dudábamos de que fueran a hacerlo y no nos equivocábamos. El Proyecto Constructivo Modificado era prácticamente el mismo que el anterior. Las reducciones en talas se producían principalmente por un cambio de metodología en los métodos de excavación de las estaciones: en lugar de utilizar rampas para acceder a las obras bajo suelo, decidieron utilizar métodos de extracción vertical de tierra. A eso se sumaba trasladar el pozo de salida de la tuneladora fuera del Parque Darwin en Moratalaz, que quedaba de esta manera intacto. Y tan sólo con eso las afecciones se reducían casi a la mitad. Decían que nos habían escuchado, pero lo único que veíamos era que desde el principio el elevado número de talas se debía también a decisiones que trataban al arbolado urbano como un elemento sin valor, optando por metodologías de ejecución de obras que los arrasaban sin necesidad. Mientras tanto, la estación de Madrid Río y las instalaciones de la tuneladora de Comillas seguían en su sitio, condenando a muerte a cientos de árboles. Las alegaciones presentadas fueron numerosas e incisivas, subrayando todas y cada una de las irregularidades del proyecto, de los incumplimientos normativos y las agresiones medioambientales. 

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Son los árboles que están talando. O eso anunciaron a la prensa el lunes que entraron con la maquinaria para iniciar la retirada del arbolado. Algunos menos de lo previsto. Habíamos conseguido salvar los Jardines de Palestina, donde se preveía la construcción de una subestación eléctrica junto a la estación de Palos de la Frontera. Pero no habíamos conseguido salvar los parques de Comillas o Arganzuela, los Jardines de Jimena Quirós o la zona verde de la calle Sirio en Conde de Casal. A pesar de los encadenamientos a los árboles, de las peticiones al Tribunal Superior de Justicia de Madrid o de las concentraciones de protesta, veíamos caer uno por uno los árboles que habían sido símbolo de nuestra lucha. La sensación de derrota era palpable. El paisaje resultante, desolador. 

La indignación aumentaba ante los argumentos de la administración que se defendía diciendo que en compensación por las talas iban a plantarse más de 14.000 árboles nuevos. Dejemos algo claro. Madrid es la única comunidad autónoma que cuenta con legislación específica para estos casos. La Ley 8/2005 de protección y fomento del arbolado urbano de la Comunidad de Madrid establece en su artículo 2 la prohibición de tala de todo ejemplar de cualquier especie arbórea con más de diez años de antigüedad o veinte centímetros de diámetro de tronco al nivel del suelo que se ubiquen en suelo urbano. Lo que también indica la Ley es que únicamente en aquellos casos en los que la tala sea la única alternativa viable, se deberá garantizar la plantación de un ejemplar adulto de la misma especie por cada año de edad del árbol eliminado. En la práctica, esto obliga a los promotores de la obra entreguen dichos ejemplares a los viveros municipales para que estén disponibles para nuevas plantaciones. 

Si atendemos al número de árboles entregados para el cumplimiento de esta ley autorizados por el Ayuntamiento de Madrid a lo largo de los últimos años, se revela un desproporcionado número de árboles que deberían estar poblando nuestro territorio. ¿Dónde están esos árboles? Ni los viveros tienen capacidad para almacenarlos, ni nuestro soporte biofísico espacio para ellos. Nos encontramos ante un claro caso de justificación de la ley que incumple el sentido teleológico de la misma. Se enmascaran delitos medioambientales escudándose en una disposición que debería ser la excepción y no la norma. Por otro lado, la plantación de nuevos ejemplares no compensa la pérdida de árboles sanos. Al ver caer los majestuosos cedros del Himalaya de Atocha para poder instalar casetas de obra, cuesta imaginar una nueva plantación que compense su pérdida. Cada árbol que cae es un vacío irrecuperable para la ciudad de Madrid. Incluso los árboles trasplantados. Tal y como nos indica la experiencia, la mayoría de las veces también están condenados. Por ese motivo indignan también las declaraciones de Óscar Puente al anunciar que de los 246 árboles que se iban a talar por las otras obras que amenazan Atocha, las que planea Adif para la ampliación de la estación, sólo va a caer uno. Lo cierto es que no se ha anunciado ningún cambio en el proyecto, como reclamamos, sino que se ha decidido trasplantar todos esos ejemplares. De esta manera, el ministerio responde a los gobiernos de Madrid, que se escudaban en estas talas próximas para alegar que existían intereses políticos detrás de las denuncias a las obras de la Línea 11. Lo cierto es que defendemos cada árbol. Luchamos por cada parque. Exigimos la conservación de nuestro verde urbano.

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Este es el número de árboles que se han salvado. Y se han salvado gracias a una ciudadanía comprometida. A la reivindicación de nuestro derecho a vivir en ciudades verdes, a ser gobernados por dirigentes que se tomen en serio el reto de enfrentarse a la crisis ecológica. Ahora que vemos parques convertidos en solares, es difícil que no se ensombrezcan nuestros rostros. Pero pongamos la mirada en el Parque Darwin. En los Jardines de Palestina. En la calle Áncora. En los 102 plátanos del paseo del Parque de Arganzuela que siguen en pie. Son la prueba viviente de que una sociedad civil movilizada consigue resultados. Tenemos la capacidad y la fuerza de ofrecer resistencia a la impunidad con la que destruyen nuestro patrimonio natural. La lucha sigue. Observamos el avance de las obras, exigiendo que se apliquen planes de vigilancia ambiental, que se mitiguen sus efectos en la salud de la ciudadanía y que se restaure el daño causado. Y seguimos también en los tribunales, para que se reconozca la ilegalidad de estas obras. Pero seguimos también en otros barrios. Son muchos los movimientos que han despertado y se han unido para reclamar un Madrid verde y habitable. Es el momento de alzar nuestras voces y seguir defendiendo cada árbol, cada parque. Cada rincón de naturaleza que le queda a nuestras ciudades.