Medio ambiente
Defender el territorio también en la ciudad

Cada vez es más evidente que vivimos en un momento de cambio global muy rápido, caracterizado por varias crisis interconectadas y provocado por las dinámicas expansivas del capitalismo global. A la crisis climática se suman una vertiginosa pérdida de biodiversidad, el agotamiento de recursos naturales, o la crisis global de cuidados entre otras.

Una de las características de este cambio global es el rápido crecimiento de las ciudades, tanto en términos de extensión de superficie urbanizada, que según el último informe del IPBES (Plataforma Intergubernamental sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas) se ha duplicado desde 1992, como de porcentaje de la población que vive en entornos urbanos o suburbanos. 

La expansión urbana no solo es una de las causas principales del deterioro ecológico y la pérdida de biodiversidad, sino que además determina que cada vez más personas tengan dificultades para acceder a espacios naturales y vivan desconectadas de la naturaleza ya desde la infancia, como contábamos en este otro artículo en Saltamontes. Una desconexión con evidentes sesgos de clase y género, que es perjudicial para la salud y que a la vez contribuye a afianzar imaginarios culturales que apuntalan un sistema socioeconómico insostenible.

En este contexto de aglomeraciones cada vez mayores, los espacios libres urbanos y periurbanos , ya sean vestigios de los ecosistemas presentes antes de la expansión de la ciudad o bien áreas que han sido objeto de algún tipo de aprovechamiento y se encuentran en desuso como canteras o solares industriales, cobran especial relevancia, y conceptos como “renaturalización” y “biodiversidad urbana” nos van sonando cada vez más familiares.

Según el informe “Las ciudades frente a la crisis ecológica”, recientemente publicado por Ecologistas en Acción, “La renaturalización del sistema urbano es una estrategia catalizadora que puede contribuir a lograr el cambio sistémico, pues nos permite ser conscientes de la ecodependencia, gestionar los recursos naturales en consonancia con los procesos ecológicos, adaptarnos al cambio climático, mejorar las condiciones de habitabilidad, experimentar un contacto directo con la naturaleza y con el resto de personas, y generar cambios en los valores y prácticas sociales.”

Esta necesidad de ciudades más limpias y naturales se ha traducido a nivel institucional en que tanto la Estrategia de la UE sobre la biodiversidad  como las Estrategia Nacional de Infraestructura Verde y de la Conectividad y Restauración Ecológicas, incorporen objetivos de renaturalización urbana. Sin embargo, estas buenas intenciones chocan frontalmente con la inercia del sistema y con distintos actores que buscan extraer la máxima rentabilidad del suelo, y muchas de las medidas que se anuncian se parecen sospechosamente a simple propaganda política o “greenwashing”.

Arraijanal. Las últimas dunas malagueñas.

Arraijanal es el último espacio libre del litoral del municipio de Málaga. Una parcela de cerca de 500.000 m2 de playa y arenales de titularidad pública que conserva importantes valores naturales, incluyendo la presencia de varias especies de plantas, anfibios e insectos amenazados. La zona tiene también una gran importancia para las aves y cuenta con yacimientos arqueológicos fenicios y romanos.

Desde los años 80 el terreno estaba calificado como urbanizable y sobre él planearon distintas operaciones urbanísticas con la oposición de varias entidades locales y asociaciones vecinales, que no llegaron a materializarse debido a la intervención de la Junta de Andalucía que planteó en 2009 la protección de la zona a través del Plan de Ordenación Territorial de la Aglomeración Urbana de Málaga. Para Elisa Martínez, vecina, arquitecta, e integrante de la plataforma “Salvar Arraijanal'', el grado de protección otorgado fue insuficiente al no considerarse adecuadamente los hábitats de interés comunitario presentes en la zona. La Junta también planteó un proyecto de Parque Metropolitano en Arraijanal que nunca se ha llegado a concretar.

Entretanto, el jeque Al-Thani, que había adquirido el Málaga Club de Fútbol en 2010, plantea al ayuntamiento la construcción de una ciudad deportiva en la zona que suponía la urbanización de unos 108.000 m2 de la parcela. A pesar de que desde varios colectivos se denunciaron irregularidades en el proceso administrativo y de la existencia de informes municipales que cuestionaban la solvencia del Málaga para llevar a cabo el proyecto, este se aprobó definitivamente en 2015, y en 2017 el Ayuntamiento cedió los terrenos a una fundación dependiente del club de fútbol.

En 2018, el comienzo de las obras generó un importante movimiento de oposición que unió a muchos sectores sociales de la ciudad y al que se sumaron distintas asociaciones vecinales y ecologistas, llegando a organizarse incluso un campamento de resistencia a pie de obra que tuvo mucha repercusión mediática. Se realizaron asambleas, actividades artísticas, espirituales, talleres de educación ambiental… y también acciones directas para retrasar la construcción. Leticia González Peinado, activista de “Salvar Arraijanal” explica que la represión fue importante, con momentos de tensión y bastantes detenciones, y que contribuyó a dar visibilidad al movimiento. Tras varios meses de resistencia se desmontó el campamento y poco después  las obras se detuvieron por falta de solvencia. A partir de entonces empiezan a surgir distintas denuncias contra Al-Thani por estafa y otros delitos económicos que han terminado con el Málaga gestionado por un administrador judicial.

A día de hoy la ciudad deportiva aún no está terminada, y aunque las obras siguen adelante con lentitud, su viabilidad técnica y económica continúa en entredicho. Según Elisa Martínez, el movimiento ciudadano por la conservación de Arraijanal continúa vivo y sigue reivindicando “la demolición de las construcciones, la protección de toda la parcela y la preservación de sus hábitats, así como la investigación de todas las irregularidades cometidas en estos años”.

Pla de Ponent.  El mayor proyecto urbanístico del área metropolitana de Barcelona.

El Pla de Ponent, promovido por el ayuntamiento de Gavá, es un macroproyecto urbanístico que plantea la urbanización de unas 200 hectáreas y la construcción de 5000 viviendas en la zona que ocupan el espacio natural y agrícola del cerro del Calamot, el llano de Queralt y la riera dels Canyars. Este espacio natural, localizado entre los municipios de Gavá y Castelldefels, conserva importantes valores naturales y es el único corredor ecológico entre el macizo del Garraf y los espacios naturales del parque agrario del Baix Llobregat, además de cumplir una función social importante como área de esparcimiento en un área tan densamente poblada y urbanizada como es el área metropolitana de Barcelona.

El ámbito afectado por el Pla de Ponent está calificado como suelo urbanizable no delimitado de desarrollo opcional desde 1976. El urbanismo de todos los municipios que constituyen el Área Metropolitana de Barcelona se rige por un único Plan General que data de ese año, y que desde entonces no se ha modificado para adaptarse a cuestiones tan importantes como el cambio climático o la conectividad ecológica. Para Jaume Grau, activista de Les Agulles-Ecologistes en Acció y de la plataforma “Salvem el Calamot-Aturem el Pla de Ponent “no es descabellado decir que nos regimos por el urbanismo diseñado por los técnicos del franquismo”.

El primer plan de urbanización para la zona se presentó en los años 90, pero el proyecto actual del Pla de Ponent fue aprobado en 2006 a pesar de las movilizaciones de asociaciones ecologistas, entidades locales y de la oposición de algunos partidos políticos. Después, un recurso presentado por ERC argumentando la falta de compatibilidad del plan con los principios de sostenibilidad ambiental retrasó el comienzo de las obras. Y por fin, el estallido de la burbuja inmobiliaria en 2009 acabó con la intervención estatal de Caixa Catalunya, propietaria de los terrenos junto a la sociedad Vértix, sus activos pasaron a la SAREB y el proyecto urbanístico se paralizó. Sin embargo en 2017, tras la compra de los terrenos por parte de un fondo buitre, se vuelve a hablar de reactivar el macroproyecto y paralelamente se reactiva el movimiento de oposición.

Desde el punto de vista ambiental, la ejecución del Pla de Ponent supondría la destrucción de un mosaico de ecosistemas agrarios, riparios y forestales que incluyen hábitats de interés comunitario, afectaría a zonas de campeo y alimentación de especies de aves amenazadas como el águila perdicera y aumentaría la presión sobre la riera dels Canyars, un curso de agua muy importante como conector ecológico y que forma parte del Delta del Llobregat. Además, se produciría un incremento importante del tráfico rodado y se eliminarían cientos de árboles, con el consiguiente aumento de la contaminación en una de las regiones con peor calidad del aire de todo el Estado. 

Las integrantes de la plataforma “Salvem el Calamot-Aturem el Pla de Ponent“ piensan que el macroproyecto urbanístico no está justificado por las necesidades de vivienda como plantea el Ayuntamiento de Gavá. Sostienen que ya existen alternativas en el municipio y que la estimación de crecimiento demográfico que se plantea es desproporcionada. La plataforma reivindica la protección legal de los espacio naturales y agrarios afectados por el Pla de Ponent, y trabaja en todos los frentes posibles para evitar que el proyecto se lleve a cabo. En el último año han convocado diversas movilizaciones, se han reunido con distintos grupos políticos y con todas las administraciones implicadas y no descartan denunciar el plan ante la justicia en base a distintas irregularidades normativas.