Inteligencia artificial
La transición energética y los centros de datos

¿Centros de datos o transición energética?

El pasado 17 de junio de 2026, Lex Coors, presidente de la Asociación Europea de Centros de Datos, planteó que Europa debe elegir entre la inteligencia artificial y sus objetivos climáticos. En representación de grandes grupos tecnológicos, como Microsoft, Google y Amazon, así como de empresas locales de centros de datos, sostuvo que los planes de expansión de la red eléctrica y del despliegue de energías renovables son insuficientes para respaldar el crecimiento de esta industria. Sólo en España hay concedidos 12 GW a esta industria, con otros 20 GW en cartera a la espera de ser concedidos, lo que implicaría en un escenario límite tener el mismo consumo eléctrico que todo el país. Por ello, Coors abría el diálogo a que, durante una década, se construyeran nuevas centrales térmicas de gas in situ para cubrir la demanda energética que traerían unos centros de datos al servicio de las expectativas de crecimiento de la inteligencia artificial.

Estas declaraciones ejemplifican un proceso que desborda la industria tecnológica: la subordinación de una transición ecosocial justa a los privilegios corporativos de ciertos sectores tecnológicos. En este sentido, conviven —paradójicamente— las exigencias de un esfuerzo generalizado por una transición energética hacia la electrificación y la producción de una matriz energética renovable como ejes protagónicos de la justicia climática, con la instalación de regímenes de excepción que permiten a ciertas compañías actuar como si fueran ajenas a la crisis ecológica. Los centros de datos ejemplifican cómo, en aras de un interés superior con distintos nombres como soberanía tecnológica o crecimiento en una economía digitalizada, las grandes corporaciones pueden reorientar la inversión y drenar los recursos financieros e infraestructurales necesarios para la transición energética. Una transición que, sobra señalarlo, no sólo es condición necesaria para aplacar las peores consecuencias de la crisis climática, sino también para asegurar la soberanía energética y la autonomía política de nuestros territorios en un contexto internacional de creciente inestabilidad geopolítica.

Este inusual ejercicio de honestidad de Lex Coors plantea el debate en los términos en los que realmente se está jugando: la conversión de España en un centro o hub digital que almacene y procese los datos de empresas europeas y estadounidenses o una transición energética rápida, justa y a la altura del problema al que nos enfrentamos. Así planteado, somos muchos quienes nos inclinamos por la segunda opción, pero la tarea no es pequeña. Y es que la defensa de esta decisión nos confronta directamente con un sector cuyo único principio es aquel atribuido a Mark Zuckerberg (CEO de Meta): «move fast and break things» («muévete rápido y rompe cosas»), situando entre lo roto (o al menos, lo rompible) a la transición energética.

El Real Decreto que regulará los centros de datos

En este contexto, el 27 de agosto de este año, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico presentó un borrador de Real Decreto con el que pretendía cribar los proyectos de centros de datos conforme a criterios de sostenibilidad, eficiencia y soberanía digital para garantizar la compatibilidad del sector con la transición energética. Aunque insuficiente, este Real Decreto suponía el primer intento de una institución española de regular el despliegue de esta industria, lo que no ha sentado bien al sector. En menos de dos semanas se han presentado seiscientas alegaciones, en las que se aprecian con precisión las dos posturas.

Por un lado, Ecologistas en Acción, junto con otras muchas organizaciones ecologistas y plataformas vecinales que se oponen a estos megaproyectos, hemos presentado alegaciones en las que solicitamos unos límites superiores a los derechos de acceso a las redes eléctrica e hídrica, un mayor control y transparencia sobre los procesos que tienen lugar en los servidores y la introducción de elementos de ordenación urbanística y territorial. Por otro lado, los representantes de la propia industria, pero también compañías energéticas, bancarias e inmobiliarias y los gobiernos autonómicos de Aragón, Madrid y Extremadura entre otros, han alegado, esta vez, por su excesiva ambición en los requisitos de sostenibilidad y soberanía. Entre sus posturas, están quienes han defendido una «regulación sí, pero no así», pidiendo una normativa más laxa y, en definitiva, más parecida al oasis legislativo en el que se encuentran actualmente; y quienes, siguiendo hasta sus últimas consecuencias las palabras de Lex Coors, exigían la retirada absoluta del Real Decreto y el rechazo a cualquier regulación. Mientras tanto, han movilizado sus herramientas de presión, que, a falta de apoyo popular, consisten en amenazas de indemnizaciones milmillonarias y arbitrajes internacionales, así como la inundación de los medios de comunicación generalistas con su relato. Hasta el punto de que Amazon y Microsoft han exigido al gobierno que sus proyectos queden fuera del cumplimiento del real decreto. En este escenario, con el texto aún sin cerrar, resulta especialmente alarmante la normalidad con la que la industria de los centros de datos emplea este tipo de estrategias, impropias de una sociedad democrática, para reescribir la legislación a su favor.

En estos días, el foco se está desviando hacia los “riesgos existenciales de la IA”, sin dar cuenta que el mayor riesgo existencial —aquellas amenazas que pueden acabar con la humanidad— al que nos dirige es precisamente la crisis climática. Por ello, es imprescindible volver a situar el debate en los términos que planteaba Lex Coors: el crecimiento descontrolado de la inteligencia artificial en manos de unas pocas grandes compañías o la descarbonización y electrificación de nuestra economía como condiciones indispensables para una vida buena ante las crisis de nuestro siglo.

Desde Ecologistas en Acción, nuestra decisión es clara, y creemos que coincide con un extendido sentido común: no pueden anteponerse los beneficios económicos de un grupo absolutamente minoritario de grandes empresarios y políticos a las condiciones de vida —climáticas, pero también económicas— de quienes habitamos esta tierra. Y este principio, que a veces suena tan abstracto o inaprensible, se traduce, en este caso, en que el Gobierno no ceda ante las presiones de la industria de los centros de datos en este Real Decreto y mantenga, e incluso endurezca, los requisitos planteados en este borrador. Para ello, es necesaria una movilización urgente de la sociedad civil organizada, los sindicatos y la academia crítica, entre muchos otros. Porque los costes de esta decisión no se miden, como trata de insistir la patronal, en millones de euros de inversión, sino, desgraciadamente, en grados de temperatura.