Renta básica
Campamento Dignidad señala a la Junta y a diputados extremeños por incumplir leyes sociales

El Campamento Dignidad ha intensificado sus reivindicaciones durante la Navidad con una semana de acciones en la que integrantes de la plataforma se han manifestado frente a la vivienda del presidente de la Junta de Extremadura en Olivenza (Badajoz) y protagonizado un encierro en la misma población.

Además, este colectivo social ha registrado esta semana en la Asamblea un comunicado de apercibimiento dirigido a todos los diputados y diputadas de la cámara, al igual que al Gobierno regional, en advertencia del incumplimiento de las obligaciones que dictan las leyes extremeñas de cobertura social.

Coincidiendo con el Día de los Santos Inocentes, este 28 de diciembre, el Campamento Dignidad, ha convocado una concentración en Mérida con el objeto de poner el foco en los privilegios que continúan ostentando los ex responsables autonómicos Juan Carlos Rodríguez Ibarra y José Antonio Monago, así como en el gasto que los mismos acarrean al erario público, tachándolo de 'inocentada'.

Responsabilidad política

Con este conjunto de acciones, el colectivo exige “responsabilidad política” con la ciudadanía más necesitada y la dotación de recursos económicos suficientes, cumpliendo así con las cantidades que recogen las normativas vigentes en materia de exclusión social, ante el recorte de 45,5 millones de estos fondos que presenta el borrador de las cuentas regionales para el próximo año.

Así lo denuncia el activista Juan Viera, mientras detalla a El Salto las partidas que, en cumplimiento tanto de la Ley de Medidas Extraordinarias contra la Exclusión Social como de la Ley de Emergencia Social de la Vivienda, deben completarse con la cantidad referida para dar cobertura mínima a las necesidades cuantificadas para 2018 en ambas normas, advierte.

“Los presupuestos presentados le quitan 45,5 millones de euros a la población más necesitada de Extremadura”

Según los acuerdos alcanzados y aprobados en la cámara regional esta legislatura, “corresponden 86 millones para ayudas a la renta básica de inserción, 12 a mínimos vitales, tres en ayudas de contingencia y cinco al alquiler”, especifica Viera.

“Los presupuestos presentados le quitan 45,5 millones de euros a la población más necesitada de Extremadura”, insiste el activista ante el registro del parlamento regional, momentos antes de proceder a formalizar el apercibimiento dirigido a cada diputado y diputada regional. Comunicación que también han trasladado a los responsables del Ejecutivo autonómico, para que cumplan con lo fijado por ley. Dada la “gravísima situación de arbitrariedad e ilegalidad” existente.

En Extremadura se contabilizan 330.000 personas en situación de riesgo de pobreza, el 35,8 % de la población, recuerdan desde el Campamento Dignidad. Datos que recoge el informe El Estado de la Pobreza. Seguimiento del indicador de pobreza y exclusión social en España 2008-2016 elaborado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español.

Ante esta situación de enormes dificultades para miles de extremeños y extremeñas, el colectivo sostiene que el actual Proyecto de ley de Presupuestos Generales de Extremadura “viola de modo flagrante” lo estipulado en las principales leyes de la comunidad destinadas precisamente a ayudas sociales.

Abuso de poder

Dado “tal atropello” y “abuso de poder”, se ha decidido emplear todas las herramientas administrativas y legales disponibles para que los responsables políticos asuman sus “obligaciones”. Mientras, en espera de una respuesta política, continuarán ejerciendo presión con acciones en la calle y en los tribunales, de ser necesario, según anuncian desde el colectivo.

También han trasladado sus demandas a los grupos políticos, con el objeto de influir en el debate parlamentario donde próximamente se aprobarán las cuentas regionales definitivas, con la incorporación de enmiendas parciales, cuyo plazo de presentación expira este 29 de diciembre.

Por otra parte, durante la jornada del pasado jueves, un grupo de personas se concentraron a las puertas de la Asamblea convocadas por el Campamento Dignidad. Llevaban muñecos de papel de gran formato con los rostros de los ex responsables del Gobierno regional Ibarra y Monago, para simbolizar lo que se ríe determinada clase política de la ciudadanía.

“La inocentada del año es que mientras Vara recorta 45,5 millones en renta básica, mínimo vitales o ayudas al alquiler, destina de nuestro dinero público 231.236€ en personal para el uso privado de los expresidentes Ibarra y Monago”

Pretenden así llamar la atención y sensibilizar a la sociedad sobre los privilegios que mantienen los ex dirigentes autonómicos pese a las urgentes necesidades sociales que se dejan de cubrir desde la gestión política.
“La inocentada del año en nuestra región es que mientras Vara recorta 45,5 millones en renta básica, mínimo vitales o ayudas al alquiler, destina de nuestro dinero público 231.236,64€ en personal para el uso privado de los ex-presidentes Ibarra y Monago”, cuando ya no gobiernan. “Esto sí que es es una inocentada”, apuntan.

Esta intensa semana navideña de protestas y movilizaciones culmina el próximo sábado con una jornada de apoyo a ciudadanos que por necesidades vitales se han realojado en viviendas vacías de la barriada pacense de Suerte de Saavedra.

Cinco años de movilizaciones

El Campamento Dignidad, en activo desde hace cinco años, considera que la movilización social es el cauce más “importante para impulsar los medios necesarios” con los que superar “la precariedad, la pobreza, y el riesgo de exclusión social”.

Desde el 2013, integrantes de este movimiento han protagonizado escraches a políticos como Floriano y también a la reina Sofía, encierros, manifestaciones y otros actos de protestas entre los que destacan las Marchas de la Dignidad. Marchas conformadas por diversas columnas procedentes de diferentes territorios del Estado, que este año recorrieron el centro de Madrid exigiendo “Pan, Trabajo y Dignidad”, y que el próximo año volverán a la lucha con una nueva convocatoria que confluirá en la capital madrileña, en esta ocasión para reivindicar la renta básica y empleo digno.