Junta de Extremadura
Diarrea legislativa en la Asamblea de Extremadura

Allá por 1605, ya decía el sabio Don Quijote a Sancho que para el buen gobierno de la ínsula prometida “no hagas muchas pragmáticas; y si las hicieres, procura que sean buenas y, sobre todo, que se guarden y cumplan”, entendidas como pragmáticas el equivalente de las leyes actuales. En el mismo sentido, afirmaba Descartes que “los Estados mejor organizados son los que dictan pocas leyes, pero de rigurosa observancia”.

Ya en tiempos actuales, el informe “Implicaciones económicas del funcionamiento de la Justicia en España”, del Consejo General de Economistas, contemplaba, entre otras cuestiones, que “el número de disposiciones aprobadas por el Estado y las diecisiete CC. AA. multiplica por diez las producidas por Alemania, con una población que casi duplica la española. Es evidente que en España existe una burbuja normativa”.

Esa “burbuja normativa” se ha trasladado a la Asamblea de Extremadura, pues a escasos siete meses del fin de la actividad parlamentaria se espera tramitar unas 30 iniciativas legislativas

Esa “burbuja normativa” se ha trasladado a la Asamblea de Extremadura, pues a escasos siete meses del fin de la actividad parlamentaria (a finales de marzo) se espera tramitar unas 30 iniciativas legislativas.

Esta avalancha de normas se conoce en el mundo jurídico como diarrea legislativa o motorización legislativa. Pero más allá de la connotación peyorativa del término “diarrea legislativa” -y de reflexionar sobre si la mayoría de las leyes que se van a tramitar son necesarias y el impacto que realmente tienen en las necesidades de la ciudadanía-, el problema de fondo no son las normas, sino la forma en que se generan y tramitan. Es decir, si en tan escaso periodo de tiempo y a poco de la triple cita electoral de mayo se puede legislar apresuradamente, sin un debate y una reflexión sosegada con la sociedad civil y a golpe de titular de periódico.

TRAMPA LEGISLATIVA DE LA JUNTA

Hay que diferenciar en las iniciativas legislativas entre proyectos de ley, que son las que provienen del Consejo de Gobierno, es decir, del ejecutivo, y las proposiciones de ley, que son las que presentan los grupos parlamentarios. Las proposiciones de ley también pueden derivar de la ciudadanía a través de las ILP, aunque en esta legislatura no se haya tramitado ninguna, quizás por las enormes dificultades y trabas que impone la normativa.

Cuando el partido gobernante quiere presenta una ley, lo habitual es hacerlo a través del ejecutivo mediante proyecto de ley, por ser un procedimiento más garantista con la legalidad y con la participación ciudadana. En lo que llevamos de legislatura en Extremadura, el PSOE solo ha presentado cuatro propuestas de ley para asuntos menores y de escaso contenido, excepto la LEGIO, registrando el resto de propuestas legislativas de mayor calado como proyectos de ley.

Sin embargo, a partir de junio este procedimiento legislativo se intensifica. El PSOE ha pasado a registrar sus iniciativas a través del grupo parlamentario, como propuestas de ley, saltando todo el procedimiento más garantista que conllevan los proyectos de ley, como el envío al Consejo de Estado para que evalúe su legalidad. Al no haber realizado una planificación más racional, y viendo que un proyecto de ley suele tardar un año en tramitarse, al gobierno de Vara no le queda más opción que esta vía para que de tiempo de tramitarse y, en su caso, aprobarse en la Asamblea.

NOVENA LEGISLATURA

En la actual legislatura, se han tramitado 18 proyectos de ley (incluido el de Presupuestos Generales) y 28 propuestas de ley, hasta el pasado mes de junio. De estas propuestas de ley, 18 son del grupo parlamentario Podemos, ocho del PSOE y dos del PP, mientras que Ciudadanos no ha presentado ninguna.

Sin embargo, a partir de septiembre se esperan tramitar un total de 30 iniciativas, si contar con la Ley de Presupuestos, y no se descarta que surja alguna más. Estas 30 iniciativas son fundamentalmente del PSOE y de la Junta de Extremadura, con una mínima aportación de Podemos. La situación contrasta, por ejemplo, con la anterior legislatura, donde se tramitaron desde septiembre ocho proyectos de ley (de un total de 24 en todo el curso) y siete proposiciones de ley, de las cuales la mayoría era de la oposición (de un total de 44).

De la acumulación legislativa de última hora se deduce la intención del ejecutivo de Vara de colar por la vía rápida leyes que, siguiendo el cauce ordinario, tendrían que ser pospuestas para la próxima legislatura

Si se tiene en cuenta que cada iniciativa legislativa va dos veces a pleno (una para su posible enmienda a la totalidad y otra para su aprobación), sale una media de algo más de cuatro propuestas o proyectos de ley por sesión (para el próximo pleno del 13 de septiembre se espera que vayan cinco leyes). Ello da una idea de cómo la tramitación legislativa va a monopolizar los plenos y la actividad de los diputados y diputadas (especialmente a los grupos parlamentarios más pequeños).

De la acumulación legislativa de última hora se deduce la intención del ejecutivo de Vara de colar por la vía rápida leyes que, siguiendo el cauce ordinario, tendrían que ser pospuestas para la próxima legislatura. Pero la aceleración va en detrimento de la función de control de la oposición, y atestigua una planificación deficiente de la actividad legislativa por parte del ejecutivo extremeño.   

LISTADO DE LEYES

Estas 30 iniciativas legislativas se dividen en diferentes grupos. En este momento se encuentra muy avanzada la tramitación de la propuesta de Ley del Comercio Ambulante, así como la del proyecto de ley de Sociedades Cooperativas de Extremadura, que abordarán su trámite final y posible aprobación a finales septiembre.

Otras iniciativas ya se han registrado en la Asamblea de Extremadura y han comenzado su trámite parlamentario, tales como las propuestas de ley del Tercer Sector Social, de Servicios a las Personas en los ambitos Social y Sanitario, de Contratación Pública Socialmente Responsable, de la Mejora de las Condiciones Térmicas y Ambientales de los Centros Educativos, de Garantía de la Autonomía Municipal y la de Renta Extremeña Garantizada, así como los proyectos de ley de Memoria Histórica y Democrática y de Ordenación Territorial y Urbanística Sostenible.

De igual modo, de otro conjunto de proyectos de ley se ha publicado ya el correspondiente anteproyecto en el portal de transparencia de la Junta de Extremadura. Han sido sometidas al trámite de información pública pero no se han presentando aún en la Asamblea, fundamentalmente a expensas del informe del Consejo de Estado. Estos serían el anteproyecto de ley del Voluntariado, el de Mediación en las Relaciones de Consumo, el de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, el de Protección Civil y de Gestión de Emergencias, el de la Modificación de la Ley de Colegios y de Consejos de Colegios Profesionales de Extremadura, la Modificación de la Ley de la Caza, el de Apoyo y Asistencia a las Víctimas del Terrorismo, el del Estatuto de los Consumidores, el de Instituciones Museísticas, el de Promoción y Acceso a la Vivienda, el de la Dehesa y las dos de universidades privadas. 

Por último, otro conjunto de leyes han sido anunciadas que se presentarán por la Junta o el Grupo socialista, pero aún no se ha registrado ningún texto, tales como la Ley para una Administración más Ágil, la Ley de Artes Escénicas, la Ley de Bibliotecas, la modificación de la Ley del Parque Natural Tajo Internacional, la Ley de Carreteras, la modificación de la Ley de Calidad del Suministro Eléctrico y la Ley de la CEXMA.

De todo ese listado de iniciativas legislativas es probable que algunas no lleguen a presentarse y otras no de tiempo de concluir su tramitación, ya que la actividad parlamentaria ordinaria acaba a finales de marzo de 2019.

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