Sanidad
Los consejeros del PP dan plantón a Sanidad y no entregan datos de cribados: “A la cena oficial no faltaron”

El pasado 8 de octubre la ministra de Sanidad, Mónica García, solicitaba los datos de todos los cribados realizados por las diferentes comunidades autónomas de cáncer de mama, colon y cervix, los tres tipos en los que se hace este tipo de seguimientos. Lo hacía después de la crisis de los cribados en Andalucía, donde la asociación Amama destapó que 2.000 mujeres no habrían sido contactadas tras obtener un resultado dudoso en sus mamografías. Este viernes, y en el seno de la reunión que el Consejo Interterritorial iba a mantener en Zaragoza, los consejeros del PP se han levantado de la mesa, en una acción coordinada que muestra la negativa de entregar dichos datos.

Así lo ha comunicado la propia ministra por redes sociales, quien se hacía eco del plantón, que, en sus palabras representa “una muestra más de irresponsabilidad y deslealtad con la ciudadanía y con la sanidad pública”. “PD: A la cena oficial no faltaron”, añadía. 

 “Mientras mantienen la opacidad con los datos de los cribados, bloquean otros recursos que salvan vidas”, asegura Mónica García

Según la ministra, este plantón ha impedido votar dos acuerdos importantes. De un lado, un millón de euros para los centros que abordan el cáncer y del otro un millón de euros para reforzar la vigilancia del cáncer. “Mientras mantienen la opacidad con los datos de los cribados, bloquean otros recursos que salvan vidas”, asegura.

En un comunicado conjunto, recogido por EFE, los consejeros afirman que el Consejo Interterritorial “se ha transformado en un instrumento de imposición y confrontación, donde el Ministerio actúa de forma unilateral, ignorando las aportaciones de las comunidades y vulnerando el reglamento que regula su funcionamiento”.

Tal y como publicaba El País, las órdenes para este plantón provienen de Génova, aunque desde la sede del PP lo niegan. Las argumentaciones de las diferentes comunidades para no entregar han sido similares, remarcando que las competencias son autonómicas y negándose a que el ministerio “fiscalice” con una supuesta “maniobra política”. De las primeras en plantarse fue Madrid, donde su consejera de Sanidad, Fátima Matute, habla de una estrategia de “confrontación política” en donde el ministerio opta por “manosear” el trabajo de las comunidades. Otras han alegado ausencia de un sistema técnico para enviar la información como Murcia o Galiza, comunidad que añadía que los datos ya son públicos. Andalucía, donde estalló el caso, no se negaba en un primer momento a enviar estos datos. Eso sí, condicionaba esa entrega a la programación de una reunión extraordinaria del Consejo Interterritorial de Salud “para abordar la situación en el Sistema Nacional de Salud y para que se establezcan los criterios con los que poder trasladarle la información requerida”.