Sanidad
PSOE y Sumar utilizan una ley de discapacidad para blindar el secreto en los precios de los medicamentos

El precio que España paga por los medicamentos a las multinacionales farmacéuticas es a día de hoy secreto. Plataformas como No es Sano o medios como Civio han reclamado esta información, obteniendo el beneplácito del Consejo de Transparencia. Decisión que el anterior Ministerio de Sanidad llevó a los tribunales. Más allá del proceso judicial, y tal y como adelantan desde Civio, las formaciones que lideran el actual gobierno, PSOE y Sumar, han elevado una enmienda para blindar por ley este secreto.

Y lo proponen a través de las enmiendas presentadas para el proyecto de Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, no para la Ley del Medicamento que también se prepara en estos momentos. Así, en la enmienda número 259 para el artículo 97 sobre la información económica, se indica que “a los efectos de la fijación de precios, las compañías comercializadoras deberán facilitar al Ministerio de Sanidad toda la información sobre los aspectos técnicos, económicos y financieros”. En el punto 3 se especifica que “la información que en virtud de este artículo obtenga la Administración General del Estado será confidencial”. Se añade además que “los acuerdos de financiación que se alcancen, así como la información derivada de los mismos o de su aplicación, incluyendo los precios de adjudicación de los contratos de suministro de medicamentos que celebren las Administraciones Públicas, tendrán carácter confidencial y no podrán ser revelados ni por la Administración General del Estado ni por las empresas u otras entidades que sean parte en dichos acuerdos”.

La Comisión de Sanidad “está siendo puenteada con esta maniobra de ambos grupos parlamentarios”, valoran desde Civio

En este misma propuesta de articulado se fija que “las compañías estarán obligadas a poner en conocimiento del Ministerio de Sanidad cualquier ayuda financiera directa o de otro tipo recibida de cualquiera de las administraciones públicas y entidades dependientes de ellas, así como filantrópicas y sin ánimo de lucro, para el desarrollo de su medicamento o producto sanitario, así como todo el apoyo financiero público directo recibido para la investigación relacionada con el desarrollo de un antimicrobiano o antiviral de reserva o cualquier otro medicamento que pueda tener un carácter estratégico”.

Desde Civio valoran que estos movimientos se dan justo cuando el Tribunal Supremo va a resolver, por primera vez, si esos precios deben ser públicos, en respuesta a los recursos de casación que se han presentado y que el alto tribunal ha admitido a trámite. Un camino judicial que se encontró con la piedra de la Audiencia Nacional. En mayo de 2025, hasta en tres ocasiones, impidió que se hiciera público el precio pagado por el medicamento para la pérdida de visión Luxturnay el fármaco para niños y niñas con atrofia muscular espinal Zolgensma, el más caro financiado hasta la fecha por el sistema público de salud, afirman las organizaciones. Ambos medicamentos pertenecen a la farmacéutica Novartis.

Desde Civio expresan que han alertado a los diputados integrados en la Comisión de Derechos Sociales, para que tumben la propuesta, y en la Comisión de Sanidad. Una comisión "que está siendo puenteada con esta maniobra de ambos grupos parlamentarios", valoran.