Sareb
La Sareb hostiga con deudas ficticias y procedimientos judiciales a los vecinos de una finca de VPO en Alfafar para que abandonen sus viviendas

Tan solo unos días después de que se anunciara el control público —pero manteniendo el funcionamiento que ha llevado hasta ahora de entidad privada— de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, más conocida como Sareb, desde el municipio valenciano de Alfafar los vecinos de una finca de 117 viviendas de protección oficial han denunciado que la entidad, a través de una firma intermediaria, lleva cerca de un año reclamándoles deudas inexistentes y enviándoles burofaxes amenazando con procesos judiciales y desahucios derivados del impago de dichas deudas, “unas reales, otras no”, según indican desde el vecindario.

El Banco Malo no será una empresa pública, su deuda y pérdidas sí

Redacción El Salto

Sareb

SAREB El Banco Malo no será una empresa pública, su deuda y pérdidas sí

Redacción El Salto

El Real Decreto-ley que modifica la Sareb anuncia la toma pública de la Sareb pero no la considerará pública y la mantendrá bajo régimen de empresa privada.

Lorena Blanco, portavoz de los vecinos de esta finca, explica que algunos inquilinos sí es posible que tuvieran deudas, pero “la gran mayoría no era así”, resalta detallando que la propiedad de las viviendas pasó a manos de la Sareb en agosto de 2020, momento en el cual la entidad semipública se comprometió a domiciliar los pagos, “cosa que no ha sido”, pues según indica Blanco, son los vecinos los que tienen que hacer los ingresos y justificar los pagos, un cambio de dinámica a raíz del cual la entidad, a través de una firma intermediaria, empezó a enviarles los burofaxes reclamándoles deudas.

En esta situación, los inquilinos acudieron a la Conselleria d'Habitatge de la Generalitat Valenciana, cuya mediación consiguió que en el mes de noviembre la Sareb se comprometiera a renegociar los alquileres “en unas condiciones bastante favorables” para los inquilinos, explica Blanco, con contratos a cinco años y rebajas a los entre 400 y 500 euros que venían pagando y ajustándolos a “precios que sí se corresponden con VPOs”, remarca. No obstante, los vecinos aún están esperando a que la entidad cumpla las condiciones pactadas ya que, por el contrario, lo que han visto es que desde finales de 2021 los burofaxes ya no llegan solo reclamando deudas si no que han empezado a llegar también amenazando con procedimientos judiciales y avisos de deshaucio.

“Nos aseguró Sareb que sí, que antes de que finalizara el año ellos querían firmar los nuevos contratos. Y bueno, no ha sido así, de hecho han empezado [a enviar] algunas demandas ya con fechas de desahucio”, resalta Lorena Blanc, portavoz de los vecinos

“Nos aseguró Sareb que sí, que antes de que finalizara el año ellos querían firmar los nuevos contratos. Y bueno, no ha sido así, de hecho han empezado [a enviar] algunas demandas ya con fechas de desahucio”, resalta Lorena Blanco, quien señala a la sociedad Haya Real State, inmobiliaria con sede en Madrid, de actuar como intermediaria de la Sareb reclamando las deudas y amenazando con desahucios mientras la entidad matriz asegura en las negociaciones con los vecinos y la Generalitat que formalizarán los nuevos alquileres.

Ante esta situación, los vecinos de las 117 viviendas han decidido empezar a levantar la voz y recabar apoyos institucionales y de otras organizaciones como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y poniendo su caso en conocimiento de los medios de comunicación para denunciar lo que consideran una maniobra para hacerse con un lote de VPO y revenderlo para obtener beneficio especulativo.