Soberanía alimentaria
Los mercados municipales se mueren... con el actual modelo de gestión

“Si fueran una especie animal hablaríamos de que están en fase de pre-extinción”. Así de crudo expone Javier Guzmán, director de Justicia Alimentaria, la situación en la que se encuentran los mercados municipales. Los datos respaldan esta afirmación por ejemplo en València, donde recientemente, el ayuntamiento sólo ha podido adjudicar cinco de las 299 paradas vacantes, un porcentaje que no llega al dos por ciento.

Precisamente en la capital del Turia es donde la campaña ha levantado más ampollas, ya que incluso el president de la Generalitat, Carlos Mazón, o la alcaldesa María José Català, han exigido la retirada de las marquesinas, “por la falta de sensibilidad, por el mal gusto y porque se han usado cítricos podridos” para ilustrarla. En esa línea, la consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo y la directora general de Comercio, Artesanía y Consumo han remitido sendas cartas dirigidas a los ministerios de Asuntos Exteriores y de Derechos Sociales y al de Consumo exigiendo que retiren su apoyo a la campaña lanzada por Justicia Alimentaria. La consellera Montes ha calificado de “absolutamente inadmisible que el Gobierno central permita esta campaña de desprestigio y agresión injustificable hacia nuestros mercados municipales y nuestros productos”.

Con el lema “Los mercados se mueren”, han querido llamar la atención de la opinión pública sobre la situación de estos espacios que hasta hace unos años eran el principal canal de distribución alimentaria para buena parte de la ciudadanía

“Hemos tocado una tecla, que pasa con los mercados en España, estas habitaciones oscuras que nadie quiere mirar”, argumenta Guzmán, y añade que “ni se nos ha pasado por la cabeza retirar la campaña, eso es algo que pasaba en la época de Franco”. Con el lema “Los mercados se mueren”, han querido llamar la atención de la opinión pública sobre la situación de estos espacios que hasta hace unos años eran el principal canal de distribución alimentaria para buena parte de la ciudadanía. La campaña ha elegido para visibilizarse marquesinas de las calles principales de Barcelona, Madrid, Bilbao, Valencia, Sevilla y Zaragoza, con una llamativa imagen de naranjas, peras y limones podridos. El mensaje central es inequívoco: reclama tu mercado antes de que tu mercado se muera.

El director de Justicia Alimentaria defiende que “la campaña ha molestado a algunos sectores y partidos políticos porque señala lo que no se quiere ver, y menos, debatir. Que los mercados municipales son una infraestructura pública y que tiene, por ley, una función pública alimentaria: el proporcionar a la ciudadanía un espacio de compra alimentaria justa, verde, local, agroecológica y, muy importante, asequible”.

El informe ¡Reclama tu mercado! detalla el expolio de la red de mercados municipales en el territorio español con el caso de Barcelona como ejemplo paradigmático

Detrás de la campaña, hay un completo estudio, realizado por la ONG, de la red de mercados municipales en el Estado español, sus sistemas de gestión y gobernanza y las políticas públicas asociadas a los mismos. El informe ¡Reclama tu mercado!  detalla el expolio de la red de mercados municipales en el territorio español con el caso de Barcelona como ejemplo paradigmático.

“En muchos casos, estamos asistiendo a un expolio porqué se ha pasado de una gestión pública a otra público-privada, creando entidades mixtas que responden a otros intereses a los puramente públicos, es decir, se ha privatizado”, explica Guzmán. Muchas de estas infraestructuras de titularidad pública se han llenado de supermercados, un fenómeno que bautizan como “canibalización” desde Justicia Alimentaria, ya que “tienen unos intereses que no siempre son compatibles con la de un servicio público alimentario. Y expolio porque en otros casos son monumentos turísticos o templos gourmet”.

La propia Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, más conocida como FAO, señala que los mercados municipales son imprescindibles para la soberanía alimentaria y acercar alimentos frescos a la ciudadanía. “En los mercados necesitamos infraestructura adaptada y hacer política que asegure alimentación fresca y sana a población de barrio que ahora no la tiene, por precio, por temas de distribución, y por otro lado, necesitamos conectarlos con la agricultura local”, expone Guzmán. El director de Justicia Alimentaria cree que “muchos de ellos están agonizando por que no compiten en igualdad de condiciones con los supermercados, no tienen oferta diferenciadas, o tienen peores horarios”.

Otros mercados municipales son posibles

“¿Por que los mercados municipales no pueden ser de gestión cooperativa?” Es la pregunta que formula Javier Guzmán, director de Justicia Alimentaria, ante la situación de decadencia que viven muchos de los tradicionales mercados municipales. Guzmán expone casos como el de los municipios de Azpeitia y Bergara, donde se han impulsado proyectos de revitalización, dinamizados por cooperativas, para recuperar el mercado. En ambos municipios, un día a la semana los productores acuden directamente a vender a la población, y además tienen otros servicios como cocina para guarderías cercanas con productos de cercanía.

En los dos casos citados de gestión cooperativa, el municipio ha decidido integrarlos en estrategias de alimentación pública que los vinculen con redes de compra de centros educativos, sociosanitarios o comedores sociales, promoviendo el acceso a una alimentación saludable para toda la población. En el informe ¡Reclama tu mercado!, Justicia Alimentaria defiende como “necesario recuperar el control público sobre los mercados municipales para acometer una batería de actuaciones que busquen cambiar de verdad la oferta alimentaria que provee la red de mercados municipales”. La ONG pone el ejemplo de algunas acciones que ya se están llevando a cabo en otros ámbitos de actuación pública sobre servicios esenciales, como la educación o el apoyo sociosanitario con los comedores colectivos, “donde los pliegos de condiciones para licitar un servicio público a un operador privado incorporan criterios sociales y ambientales de obligado cumplimiento”.

En el informe también reflexionan sobre la idea de disputar el formato supermercado a la iniciativa privada. “En el ámbito de la Economía Social y Solidaria se han empezado a poner en marcha iniciativas como los supermercados cooperativos, una realidad emergente en todo el mundo”, explican. También apuntan que “la lógica que lleva a la ciudadanía a organizarse y crear sus propias infraestructuras alimentarias tendría que ser compartida por las administraciones públicas, pudiendo llegar a disponer de una red de distribución alimentaria pública –aunque sea en zonas donde el derecho a una alimentación adecuada está comprometido– basada en el sistema de distribución más utilizado hoy en día, que son los supermercados”. Concluyen en el informe que los supermercados públicos no serían (no tendrían que ser) la única infraestructura alimentaria pública, es necesario repensar la red de distribución alimentaria y recuperar su control público”.