Soberanía alimentaria
Los recortes en la PAC y la urgente necesidad de rediseñar nuestro sistema agrario

Las negociaciones y los acuerdos que han llevado a la activación del Fondo de recuperación de la Unión Europea (UE) incluyen en su equipaje, casi con toda seguridad, una rebaja sustancial en los fondos de la Política Agrícola Común (PAC), que se empezará a notar este mismo año y que afectará también a los pagos directos. Lógicamente, el impacto será mayor a partir de 2023, cuando se ponga en marcha la nueva PAC y su arquitectura asociada, cumpliéndose los pronósticos que, desde hace años, auguraban la imposibilidad e injusticia de mantener sin reformas estos fondos. La noticia, aunque esperable, ha generado un intenso revuelo en los ámbitos agrarios, alarmados por las consecuencias sobre la economía y el empleo.

A pesar de estas potenciales consecuencias, el anuncio de estos nuevos recortes marca la necesidad, y el momento, de cambiar el diseño de nuestro sistema agrario, optando por reducir su dependencia, no sólo de los subsidios que lo han aletargado, así como empantanado su potencial creativo e innovador, sino también de los flujos globalizados de materias primas e insumos externos (ya sea energía, fertilizantes, piensos, fitosanitarios, etc.) que lo hacen frágil e inestable. Un diseño capaz de incrementar su resiliencia y su capacidad de adaptación ante los intensos cambios que estamos viviendo (y que toda la sociedad está sintiendo a raíz de la crisis de la covid-19 o el cambio climático). El futuro pasa por la integración de la agricultura en un conjunto de políticas estratégicas nacionales, europeas y globales de sostenibilidad y adaptación capaces de integrar los grandes objetivos sociales, económicos y ambientales de este siglo: la provisión sostenible de alimentos seguros, sanos y saludables para toda la población o la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

La rebaja de la PAC marca una gran oportunidad para construir una nueva política agraria y alimentaria que sirva al conjunto de la sociedad

La rebaja de la PAC, más que un desastre para el campo, marca una gran oportunidad para construir, entre la ciudadanía y los sectores afectados, una nueva política agraria y alimentaria que sirva al conjunto de la sociedad. Dejemos claro desde un principio que la agricultura, sus profesionales y las personas que dependen de ella necesitan apoyo -no solo económico, que también- porque se han convertido en paganos de una situación sobrevenida cuyos resultados socioeconómicos en términos de ocupación, empleo o poblamiento no son satisfactorios. Ha llegado el momento de abandonar las subvenciones a la propiedad de la tierra o los derechos históricos, de interrumpir la financiación de modelos agrarios generadores de desigualdad, subempleo, marginación y abandono y de apostar por modelos agroecológicos. La agroecología, según los últimos estudios no sólo es capaz de alimentar al mundo, sino que es capaz de hacerlo en mejores condiciones para hacer frente a los desafíos del cambio global. La industria, la producción intensiva o la gran distribución tienen su espacio en los mercados y en la economía de nuestro país, pero la financiación y el apoyo público deben redirigirse hacia modelos agroecológicos mucho más ambiciosos en cuanto a su visión social, económica, ambiental y territorial.

Las pautas para avanzar en esta dirección las marcan instrumentos europeos como el Pacto Verde, a través de su Estrategia De la granja a la mesa, que hablan de dedicar el 25% de las tierras agrarias a producción ecológica, o la Estrategia Biodiversidad 3030, que persigue un modelo agrario capaz de reducir la pérdida de elementos clave, por ejemplo las aves insectívoras o los polinizadores, cuya desaparición está generando ya pérdidas inestimables. También el avance de la actual crisis sanitaria, que ha mostrado la debilidad de los circuitos de producción, abastecimiento y distribución en caso de emergencia. El conjunto de nuestro sistema alimentario debe comprometerse con la seguridad, la sostenibilidad y la accesibilidad de la población a alimentos sanos y seguros, incluso en condiciones extremas o de emergencia. A pesar de la mala dirección que en ocasiones se ha dado al dinero público, volcado en la industria y los grandes operadores, hemos constatado durante esta crisis cómo pequeños productores y productoras, pastoras de ovejas, ganaderos de a pie, horticultores y hortelanas han continuado generando alimentos de gran calidad y poniéndolos a disposición de la ciudadanía a precios justos y en condiciones adecuadas, a veces incluso a contracorriente de los magros apoyos de la administración.

El camino para avanzar en estas reformas pasa necesariamente por relocalizar y devolver la base territorial a las producciones agrícolas y ganaderas, haciendo que los territorios vuelvan a mantener a sus habitantes

El camino para avanzar en estas reformas pasa necesariamente por relocalizar y devolver la base territorial a las producciones agrícolas y ganaderas, haciendo que los territorios vuelvan a mantener a sus habitantes. Esto implica un sustancial cambio de dirección de las ayudas, que deben reorientarse hacia las producciones y circuitos de proximidad, para reforzar su autosuficiencia y construir una base económica y de empleo justa.

Tenemos notables ejemplos a partir de algunos de nuestros productos alimentarios clave (quesos, vinos, embutidos, hortalizas, conservas...) que, sin renunciar a la investigación, la innovación o el uso de las nuevas tecnologías, pero aplicando unos criterios territoriales y productivos muy claros están reencontrándose con la calidad y con la cercanía de sus consumidores, que los aprecian y eligen. También la posición de muchos ayuntamientos y gobiernos locales está generando mejoras sustanciales a nivel de seguridad alimentaria simplemente apoyando el producto local, dotando infraestructuras adecuadas como mercados, huertos, centros de acopio o talleres compartidos, cambiando los criterios de sus compras alimentarias y apreciando y compartiendo el trabajo de sus agricultores. 

Pero esta transición debe ir más allá y darle la vuelta a las políticas agrarias para que, en lugar de luchar hasta la extenuación contra otras políticas sectoriales y de desarrollo, se alineen con ellas y comiencen a utilizar criterios ecosistémicos para que sociedad y naturaleza trabajen en la misma dirección. Numerosos profesionales, equipos de investigación y organizaciones sociales están generando conocimiento y alternativas viables, y tal y como hace la coalición #PorOtraPAC, la están facilitando a los gobiernos y las administraciones (en un momento clave, además, de las negociaciones sobre el Plan Estratégico de la nueva PAC). En estos momentos avanzar significa apostar por la integración de las producciones vegetales, animales y forestales, la protección de los suelos frente al avance del desierto, la racionalización en el uso y la disponibilidad de agua, el pastoreo, el cuidado del paisaje agrario y sus elementos valiosos o la potenciación de la economía circular. Todos ellos son objetivos ambiciosos, pero alcanzables, que demandan inversiones públicas y apoyo explícito a las personas que lo hacen posible. La agricultura no es incompatible con altas tasas de empleo, de ocupación del medio rural, de biodiversidad, de calidad ambiental o de servicios ecosistémicos, que se pueden potenciar ajustando la forma en la que se producen, distribuyen y consumen (y se apoyan) los productos agrarios. Reorientar la PAC hacia este modelo agroecológico puede mejorar, además, su contribución social, impulsando las rentas e incrementando el empleo. Los subsidios no han sido, hasta ahora, parte de la solución; en cambio, el problema se puede enfrentar mediante apoyo técnico, criterios justos en las compras públicas, educación para la ciudadanía, responsabilidad y, sobre todo, una visión estratégica compartida, en la que la producción sostenible a partir de la tierra, conforma el corazón de la economía, y la sostenibilidad, de nuestro medio rural.