Temporeros
Los temporeros de la Terra Chá (II): represalias y control sindical en Surexport

Óscar: Vino hoy por la mañana, el ¿cómo es...?, el Comandante del Puesto de Información de la Guardia Civil, porque colgaron una foto, [nombre completo de la trabajadora], en Facebook, ¿vale? Con distorsionado y demás, pero me dijo si os identificaba y os identifiqué, ¿vale? Entonces bueno, simplemente di vuestros datos, porque os van a llamar y demás, bueno, porque esta chica, bueno, supongo que es amiga vuestra, es una cosa que no me importa. Está imputada por rollos de robo con violencia, atentado con explosivos, okupación, etcétera, demás, ¿vale? Entonces, bueno, por el comentario que hizo en Facebook y todo eso se abre un proceso de investigación, y bueno, que se comunicó vuestros nombres a la Guardia Civil, y bueno, os llamará y ya está. ¿Vale? Y... dime.

—O sea es que... yo no sabía nada, vamos.

Óscar: No, no, yo lo digo por esto que hay, o sea, evidentemente aparece la foto, ya bueno, pues la Guardia Civil ya...

—A esta persona la conocimos aquí...

Óscar: No, no, no, me la pela, o sea, no es mi guerra. Simplemente informo, ¿vale? Entonces evidentemente pues dije, sí, es esta gente, ¿no? Entiendo que esta chavala intentó distorsionar, distorsionar... Bueno, como se diga, la foto, para que se vea así un poco rara, pero bueno, se os ve claramente y se os conoce. ¿Vale? Entonces bueno, que lo sepáis, y nada más. Y la chavala esta, bueno pues, evidentemente pues, buscad su biografía y no hay nada más que hablar.

A preguntas de O Salto Galiza, Óscar responde que no sabe “cómo está esa historia, si ha habido denuncia o si no”. José Ángel, gerente de Surexport en Galicia, aclara que él pidió que se denunciase la publicación, pero que eso lo llevan los abogados de la compañía. Respecto de la vía por la que tienen conocimiento de las diligencias sobre Laura, los dos niegan que la Guarda Civil les haya comunicado nada: “Lugo es una aldea”.

“Yo estuve investigada por temas de animalismo hace años, pero no tengo esos antecedentes”, recuerda Laura. “Parece que para la Guardia Civil estás condenada eternamente. Ahora parece que vuelven a investigarme por unos hechos de hace años que entonces no habían prosperado. Acudieron a la Guardia Civil a ver si me podían denunciar por la publicación”, ya eliminada, por incluir una fotografía en la que aparecían los trabajadores “con las caras pixeladas”, sostiene.

Abel también está denunciado a raíz de un enfrentamiento por el sueldo. “La Guardia Civil me dijo que seguramente no llegase a nada, pero que podía haber juicio”, comenta.

Falta de libertad sindical

El 25 de agosto se celebran unas elecciones sindicales a las que concurre una única lista de candidatos, la de UGT. La CIG explica los impedimentos para conformar su candidatura: “A nosotros no se nos facilita ni acceder al centro de trabajo, ni proporcionar información o propaganda sobre el proceso electoral a los trabajadores”. “Quien controla el proceso electoral y tiene facilidades para llevarlo adelante es la UGT”. La CIG señala que en la candidatura de UGT hay encargados de la empresa incluidos. “Más claro, agua”.

>“Desde CCOO detallan que de la candidatura de UGT, única que concurre a las eleccións, forman parte responsables de la empresa y los restantes son técnicos o similares”

Este extremo también lo sostienen desde CCOO, que detallan que de la candidatura de UGT forman parte varios responsables de la empresa (mantenimiento, almacén, encargados...) “y el restante son españoles que trabajan como técnicos o similares”. Y apuntan: “Nosotros tenemos constancia de que el Presidente de la Diputación de Lugo tuvo dos reuniones por las tardes durante le proceso electoral con José Ángel, es decir, en horario no oficial”. José Ángel niega conocer al Presidente de la Diputación, José Tomé Roca.

CCOO tiene la impresión de que existe una connivencia entre el PSOE, la UGT y la multinacional. José Tomé Roca es hermano de Ángel, Secretario General de UGT en la provincia de Lugo. Antes de eso, Ángel ocupó el cargo de secretario comarcal en Lugo, siendo elegido en el 2011 en sustitución de Manuel Chaín, que dimitió entonces al transcender que Chaín formaba parte de la candidatura del PSdeG para las elecciones municipales. En aquel momento, José Tomé Roca, que había ocupado cargos en UGT, ya era parlamentario autonómico del PSdeG. Actualmente compagina el cargo de Presidente de la Diputación con el de alcalde de Monforte de Lemos donde, explican desde CCOO, el partido solería favorecer a UGT.

En una nota de prensa de este mes de agosto, CCOO ofreció detalles sobre la manera en que se les impidió formalizar la candidatura: “Durante la jornada de este jueves día 12 (último día para la presentación de candidaturas), con nocturnidad, alevosía y amenazas, hicieron renuncias a 5 candidatos/as (suficientes para no alcanzar los 9 necesarios para concurrir al proceso electoral)”, de los 11 que se habían anotado para conformarla.

José Luis López (CCOO) relata que “con cada trabajador que hablamos, y la mayoría no sabía para nada qué era un sindicato, en dos minutos nos decían que eso les interesaba y se anotaban encantadísimos. De hecho, lo hicieron más de los que necesitábamos, y no pudimos conseguir más porque al vernos con ellos venía el encargado y ya se diluían todos. No querían que los viesen con nosotros. Como la empresa tiene infiltrados en todos los grupos, parece que alguien dio el chivatazo y debieron de interrogarlos”.

“Según CCOO, el día que concluía el plazo para presentar las candidaturas los capataces hicieron firmar bajo amenazas un papel de renuncia a cinco de sus candidatos”

El secretario de CCOO afirma que el 12 de agosto a las 12 de la mañana concluía el plazo para presentar las candidaturas y, ese día a las 7 y media, los capataces hicieron firmar bajo amenaza de despido y devolución a su país, un papel de renuncia a cinco de sus candidatos. “Nos dijeron que no nos pudieron avisar. En el trabajo no les permiten usar el móvil”. Desde O Salto Galiza conseguimos contactar con uno de ellos y, según dice, se les hizo firmar el documento sin informarlos sobre su contenido. Se niegan a conceder más declaraciones al respecto incluso de forma anónima por temor a represalias.

Pese a los impedimentos, CCOO ha conseguido constatar algunos de los abusos laborales que tenían lugar en las plantaciones. “Mira que en el sindicato vemos animaladas, y llevo 20 años y nunca vi algo así”, cuenta José Luis. “Esto es explotación pura y dura. El 95% es gente extranjera: polacos, magrebíes, subsaharianos, del este de Europa... Los amenazan, dicen ellos, con enviarlos a su país. Ante la mínima los dejan sin trabajar y sin pagar”. “Cuando les explicamos que la empresa tenía la obligación de pagar una parte proporcional a las horas extra en las vacaciones respondieron: ‘¿Vacaciones? Aquí, vacaciones, nada. Ni nos las dan, ni nos las pagan’”.

Mihai y Vasile (nombres ficticios) coinciden en que a los pocos trabajadores con contrato fijo tampoco se les pagan: “En la nómina aparecen días de vacaciones, pero son días que estamos trabajando”. Los empleados en O Arneiro denuncian que se les pagan las horas extra como las normales. Mihai ha alcanzado las 40 horas extra semanales para conseguir un salario que le permita vivir. Responsables de la empresa aceptan que puedan existir irregularidades de las que no tienen conocimiento debido a la cantidad de empleados que tienen, pero aseguran que serían solucionadas si fuesen informados de ellas.

“En la nómina aparecen días de vacaciones, pero son días que estamos trabajando”

Mahfouz, empleado en Pacios, declara no sentirse cohibido por la empresa de hablar con la prensa o los sindicatos, aunque los empleados en O Arneiro no dibujan el mismo panorama. Según Mihai y Vasile, hacerlo supone el despido inmediato.

A las dificultades que denuncian los sindicatos, se añade otro factor que “dificulta llevar adelante procesos dentro de la empresa”, en términos de la CIG: la rotación de la plantilla. “Tenemos denuncias de personal que no conforma actualmente la empresa”. La mayoría, explica Vasile, tienen contratos por una serie de meses y después abandonan la empresa, de manera que no se implican en luchar por mejorar las condiciones de trabajo, ya que esos procedimientos llevan más tiempo.

Una cuestión de modelo

En una visita de la conselleira de Medio Rural, Ángeles Vázquez (PP), a las instalaciones de la empresa, incidía en que la “producción alternativa” era “una apuesta segura para dinamizar el medio rural” y en que la Xunta estaba destinando ayudas en esa dirección. En Galicia, la compañía niega haber recibido ninguna. Surexport, fundada por Andrés Morales en 1994, gestiona más de 2.000 hectáreas de terreno y almacenes en España, Portugal, Marruecos, Kenia y Países Bajos, y recibe subvenciones millonarias enmarcadas en la línea de ayudas del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía. Tan solo en Huelva, en los momentos de máxima actividad trabajan hasta 4.000 personas.

Su negocio en expansión factura 190 millones de euros anuales y entre sus accionistas se encuentran fondos de inversión, como Alantra Private Equity Fund III. Surexport es uno de los cuatro proveedores de frutos silvestres de Mercadona, pero también se encuentra entre los principales proveedores de cadenas de supermercados europeas como la británica Tesco, la tercera más importante del mundo, y es que alrededor del 80% de la producción de berries se comercializa fuera de España.

“El Sindicato Labrego Galego teme que estas empresas que se nutren de una mano de obra transitoria aceleren la despoblación del rural”

Lo que ocurre de puertas para adentro en Surexport es una incógnita para los vecinos chairegos. Desde el Sindicato Labrego Galego consideran que existe desconfianza sobre el modelo de la multinacional, que valoran como depredador. “Las vecinas son conocedoras de la situación. Surexport está intentando comprar toda la tierra que puede para producir a unos precios de miseria. La agroindustria tiene unas prácticas abusivas y a las pequeñas explotaciones se les hace imposible competir en cantidad y precio. Esto fuerza al cierre de pequeñas producciones, que son las que mantienen vivo el rural y fijan la población”. El SLG teme que estas empresas que se nutren de una mano de obra transitoria aceleren la despoblación del rural.

Desde los años 80, Huelva ha sufrido una transformación drástica del modelo de producción agrario. Actualmente, el 97% de la fresa que se produce en España, principal exportador mundial, se recoge en Huelva: 341.000 toneladas anuales en 6.483 hectáreas de invernaderos, según el Observatorio de Precios de la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía.

De acuerdo con el portal de investigación danés Danwatch, desde 2004 la UE destina ayudas millonarias a políticas de migración circular en Huelva para cubrir la falta de mano de obra dispuesta a trabajar en las condiciones que fijan las empresas exportadoras de frutos rojos. Desde el año 2007, un acuerdo entre España y Marruecos hace recaer sobre los empresarios la responsabilidad de que los migrantes retornen a su país de origen una vez terminada la temporada, para lo que suelen seleccionar a mujeres casadas y con hijos. El 80% de las 50.000 temporeras que ejercen en Huelva cada año son mujeres y casi 20.000 braceros tienen nacionalidad marroquí. En el 2020, 7.200 empleadas se quedaron atrapadas en territorio español durante meses a causa de la pandemia hasta que se les habilitaron vuelos especiales.

En el 2016, UGT-A denunció en Andalucía que en Surexport se hacían jornadas de 11 horas con solo media hora de descanso, coaccionando a los trabajadores a hacer horas extra y sancionándolos por tomar un día libre a la semana. Desde 2018, una serie de investigaciones internacionales sobre abusos laborales y sexuales, incluidas numerosas denuncias de violación, han puesto el foco sobre las condiciones de trabajo en el campo onubense en empresas como Doñana 1998 o Tierras del Condado. Al transcender las denuncias, el encargado de Doñana 1998 amenazó a las temporeras y trató de devolverlas a la fuerza a Marruecos. Las solicitudes de aborto en Palos de la Frontera y Moguer se disparan durante la temporada y el 90% provienen de jornaleras migrantes.

Existen denuncias de denegación de asistencia médica en casos de hemorragias vaxinales y de ictus, así como de despidos sin prestación por desempleo ni posibilidad de retorno al país de origen tras un diagnóstico de cáncer de cérvix terminal. El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre extrema pobreza y Derechos Humanos, Philip Alston, visitó las plantaciones en el 2020 y concluyó que las condiciones “rivalizan con las peores que haya visto en cualquier parte del mundo. Están a kilómetros de distancia de agua potable y viven sin electricidad ni saneamiento adecuado”. En los asentamientos, en los que se estima que viven unas 2.500 personas, se suceden los incendios por los que los migrantes lamentan la pérdida de su documentación. Desde 2019 al menos 4 jornaleros han fallecido a causa de ellos. El Relator Especial de la ONU Olivier de Schutter exigió a las autoridades españolas “mejorar inmediatamente las deplorables condiciones” de estos asentamientos para evitar más muertes.

Las indagaciones de Danwatch en Huelva presentan coincidencias con algunos de los abusos denunciados por los temporeros de la Terra Chá, como las amenazas de despido por contactar con organizaciones sindicales o la ausencia de grifos de agua operativos en las instalaciones. Empresas como Bionest controlan con un brazalete los frutos que recoge cada jornalero, castigan con varios días sin trabajar a los más rezagados y someten a una “presión extrema” a los empleados. Este sistema de sanciones también lo denuncian trabajadores de Tierras del Condado. En esta línea, Danwatch ha recogido testimonios de Bionest, Tierras del Condado y Surexport que afirmaban que se les ponían impedimentos para ir al baño.

“Las indagaciones de Danwatch en Huelva presentan coincidencias con los abusos denunciados por los temporeros en la Terra Chá, como las amenazas de despido por contactar con organizaciones sindicales”

La danesa Salling Group, propietaria de grandes cadenas de supermercados como Føtex y Netto que tiene como principal proveedora de bayas y fresas a Surexport, comunicó que suspendería la compra de frutos silvestres hasta investigar las condiciones en las que se producen. No obstante, la importación de berries españolas en Dinamarca aumenta exponencialmente, de las menos de 100.000 toneladas hasta el 2011, hasta las 500.000 sostenidas entre 2012 y 2016 a, actualmente, cantidades muy superiores al millón de toneladas anuales.

El pasado 18 de agosto, el Sindicato Labrego Galego, la Confederación Intersindical Galega, Comisiones Obreras, la Central Unitaria de Traballadores e Traballadoras y hasta siete colectivos más, realizaron un acto conjunto “contra la explotación, el racismo y el expolio” frente a la nave de la empresa en Castro de Rei, y depositaron una denuncia en la Subdelegación del Gobierno. El SLG ha solicitado que se practicasen inspecciones de trabajo y desde los sindicatos obreros preparan acciones legales. El Gobierno y la Xunta han informado de la apertura de una investigación al respecto.