El trampantojo del machismo hacia las trabajadoras del hogar: “El permiso de residencia te permite denunciar”

No hay cifras oficiales sobre cuántas empleadas domésticas han sufrido acoso o violencia sexual. Especialistas señalan la necesidad de desarrollar un protocolo de actuación para estos casos o cambiar la legislación de extranjería.

El pasado martes 13 de enero, se hizo pública una investigación periodística que afirma que aquel que se autodenominaba cantando “truhan” es también un presunto agresor sexual. Dos exempleadas de las mansiones de Julio Iglesias en República Dominicana dieron un paso al frente para relatar una serie de abusos psicológicos y sexuales que, según sus testimonios, serían el pan de cada día de las trabajadoras domésticas del cantante en el país caribeño. Ahora, el artista enfrenta denuncias por trata, grupo criminal y varios delitos sexuales, de lesiones y contra los derechos de los trabajadores.

El juicio contra Julio Iglesias busca sentar precedente y proteger a las trabajadoras del hogar, pero ¿cuán grande es el problema, la violencia sexual contra este colectivo?

Eliana Alcalá de Ávila, abogada de la organización que lleva el caso de las dos mujeres, se ha referido al proceso contra Julio Iglesias como litigio estratégico: asegura que tomar acciones legales como la que está en manos de la Fiscalía de la Audiencia Nacional y acompañar a las supervivientes de violencia sexual “puede desencadenar cambios sistémicos” con el objetivo de proteger a todas las trabajadoras del hogar del Sur global que se ven sometidas a violencia. Pero ¿cuál es la situación de las trabajadoras del hogar en España con respecto a la violencia sexual?

No hay una única cifra de incidencia de la violencia sexual aceptada por todos los actores

Las violencias sexuales que sufren las empleadas domésticas han sido objeto de mucho interés en los últimos años y varios estudios se han lanzado a investigar cuán común son el acoso o las agresiones sexuales en el sector. Sin embargo, las cifras varían mucho entre investigaciones y hacen imposible tomar una sola como cierta. Uno de los estudios que expone mayor prevalencia es el realizado por la asociación Por ti mujer en 2020 exclusivamente a trabajadoras del hogar migrantes: del centenar de respuestas, un 53% contestó haber sufrido acoso o violencia sexual y el 91% afirmó no haber denunciado.

Por el contrario, el informe que menor porcentaje recoge es el presentado por investigadoras de la Universidade da Coruña en 2021: un 4% de las empleadas que trabajan sin contrato afirmaron haber sufrido abusos sexuales, cifra que bajaba al 1% en el caso de las trabajadoras con contrato. En el punto medio, un estudio de la Universitat Autònoma de Barcelona cuantificaba el acoso sexual como sufrimiento del 18% del total de 305 encuestadas. Eso sí, este último trabajo se refería solo a trabajadoras de los servicios públicos de atención a la dependencia, no a mujeres contratadas por empleadores privados.

El primer problema para investigar la frecuencia de las violencias machistas en el empleo doméstico es la práctica ausencia de denuncias por este motivo, según Araceli Sánchez, integrante de Territorio Doméstico, que achaca esta falta de puesta en conocimiento de las autoridades a la vulnerabilidad de muchas trabajadoras y al gran porcentaje de empleadas en la economía sumergida.

Araceli Sánchez: “Si queremos que se hable de violencia sexual, tendremos que ser nosotras quienes alcemos la voz, al igual que se valoró nuestro trabajo cuando salimos a la calle”

Las instituciones serían incapaces de localizar a las trabajadoras que no están de alta en la Seguridad Social y estas son “mayoría”, razona Sánchez, que a pesar de las dificultades técnicas considera que el motivo por el que no hay un gran estudio que siente cátedra sobre el tema se debe mayormente a la “falta de voluntad política” de las instituciones. “Si queremos que se hable de violencia sexual, tendremos que ser nosotras quienes alcemos la voz, al igual que nunca se ha reconocido la importancia de nuestro trabajo hasta que salimos a la calle”, asegura la activista.

Isabel Otxoa, integrante de la Asociación de Trabajadoras del Hogar – Etxeko Langileen Elkartea (ATH-ELE), analiza las cifras con cautela: cree que la incidencia real de las violencias sexuales se encuentra en la parte baja de la horquilla de los estudios, según su experiencia en las asesorías que la asociación realiza todos los lunes en su local de Bilbao. “Es cierto que las trabajadoras vienen por despidos, reclamaciones de cantidades y otras consultas laborales, pero cuando ha habido un tema [de violencia sexual] suele salir”, explica la también exprofesora de Derecho del Trabajo en la Universidad del País Vasco (UPV-EHU), que cree que la disparidad en los resultados de las investigaciones se debe a “problemas de [tamaño de] muestra y conceptualización”.

“Tener un permiso de residencia te da la posibilidad de denunciar porque sabes que tu estancia en España no depende de ese empleador”, explica Sánchez.

Para Sánchez, las condiciones en las que se ejerce el trabajo doméstico hacen más probable sufrir machismo que en otros sectores: el hecho de que el centro de trabajo sea un lugar inviolable como el domicilio, el empleo como interna o no tener TIE agravan su situación. “Tener un permiso de residencia te da la posibilidad de denunciar porque sabes que tu estancia en España no depende de ese empleador”, explica la trabajadora, que añade como otra clave “tener derechos laborales, como el paro, para poder salir de ahí”.

A finales del año pasado había 378.000 personas trabajadoras del hogar dadas de alta en la Seguridad Social. El doméstico es un trabajo con una gran proporción de empleadas en la economía sumergida. La “mayoría”, mencionaba antes Sánchez. Oxfam Intermón no comparte la estimación de Territorio Doméstico y asegura que en España trabajan en el sector doméstico 565.718 personas en 2024, de las cuales el 87% son mujeres y dos de cada tres son extranjeras o tienen doble nacionalidad. El Estado español es el primer empleador de Europa en el sector doméstico; una de cada tres empleadas del hogar europeas trabaja en España.

Existen derechos que las empleadas tienen complicado ejercer por su situación vulnerable

“¿Sabes lo que pasa con los matrimonios? Que cuando la mujer se mete en la cama el hombre empieza a buscarte así, por la espalda, y te acaricia y… pero ¿sabes lo que pasa? Que no se lo puedes decir a la familia porque dice que tú te lo estás inventando y, al final, pierdes el trabajo, pero no puedes aguantar estas cosas”. Así se expresa una mujer rumana de 51 años que trabajaba como empleada doméstica en régimen interno en el estudio de la Universidad de Salamanca En territorio hostil, publicado en 2022 y que cuenta con 34 empleadas del hogar cuyas historias se escucharon entre 2015 y 2016.

El informe recopiló varios testimonios de tocamientos no consentidos, comentarios con connotaciones sexuales y proposiciones de mantener relaciones a cambio de dinero. Ninguna de las empleadas afectadas denunció. Tania Paniagua, autora del paper, recoge como factores de riesgo para sufrir violencia (no solo sexual) en el empleo doméstico el estatus administrativo irregular, el desconocimiento del idioma o variedad lingüística de un idioma ya conocido y la falta de experiencia en el sector. Como factores de protección, lista mantener redes sociales extensas y que el proyecto migratorio se organice en torno a la promoción profesional más que a la necesidad económica o reencuentro familiar.

Un Real Decreto aprobado en 2024 exigía la redacción de un protocolo ante la violencia sexual que aún no se ha elaborado.

Más allá de cuestiones individuales, Sánchez y Otxoa señalan una medida institucional para paliar el machismo que sufren las empleadas del sector doméstico: cumplir el Real Decreto 893/2024. En su disposición adicional segunda, este reglamento recoge el derecho “a la protección frente a la violencia y el acoso, incluida la violencia, el acoso sexual […]” y, más concretamente, mandata al Instituto Nacional de la Seguridad y la Salud en el Trabajo la elaboración, en el (ya caducado) plazo de un año, de un “protocolo de actuación frente a situaciones de violencia y acoso en el servicio del hogar familiar”.

Eso sí, la integrante de Territorio Doméstico asevera que “no es tan fácil como hacer un protocolo”. “Muchas no tienen red para apoyarlas y como mujeres migrantes no nos podemos permitir el lujo de estar en los juzgados cada vez que nos citen [por haber denunciado al empleador]”, cuenta Sánchez. Sin obviar el elefante en la habitación: “Este es un trabajo en continuo contacto con tus empleadores; si denuncias, te quedas sin trabajo. Pregunte a las mujeres si tienen opción de renunciar a un trabajo de un día para otro”, añade la trabajadora, para quien el mayor problema es la Ley de Extranjería. “Sin permisos de residencia hay precariedad”, advierte Sánchez.

Con respecto al caso que ha captado gran parte de la atención mediática en España en la última semana, la activista de Territorio Doméstico denuncia la revictimización de las mujeres que han denunciado, especialmente las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quitando credibilidad a las exempleadas. “Nos señala que nos va a ser complicado denunciar porque ya de entrada no nos van a creer”, dice Sánchez.

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