Opinión
Compañeras, es el momento de las putas

El feminismo antirracista será proderechos o no será porque, como decía Linda Porn, “el abolicionismo no es solo una ideología, es un sistema de control moral, racial, económico [y —añadimos nosotras— y de género]”. Un sistema que, desde su nacimiento, se basó en la “virtud” como una parte de la construcción de la feminidad, que incluso serviría al nuevo modelo capitalista para corregir lo delictivo. Un sistema basado en la misma “virtud” que divide el mundo entre “madres-esposas” y “putas” beneficia al mismo sistema racista y patriarcal, y, en su conjunto, al sistema capitalista, que no pretende otra cosa sino perpetuar la desigualdad a través de un binarismo antagónico.

Hay muchos motivos para pensar, hablar y construir una alternativa discursiva que ponga en el centro las voces de las putas y repare su negación histórica. Debemos hacernos cargo de las situaciones que, por una cuestión de raza u origen, hacen que haya una sobrerrepresentación de mujeres migrantes ejerciendo la prostitución en cualquiera de sus facetas.

Cuándo el tráfico se configura como la única forma de migrar para muchas mujeres, pensar en otras formas de acceso al territorio se vuelve urgente

Comencemos con la parte más espinosa de todas. Hemos repetido hasta la saciedad la necesidad de vías legales y seguras para migrar. Cuándo el tráfico se configura como la única forma de migrar para muchas mujeres, pensar en otras formas de acceso al territorio se vuelve urgente. Bajo la premisa de estar ante un tabú dentro de los espacios feministas, antirracistas y de lucha por los derechos de las personas que migran, la realidad es que sabemos que algunas mujeres accedieron a venir al Estado español incluso sabiendo que se trataba de una red de tráfico de personas con fines de explotación sexual /laboral y que una vez llegadas aquí tendrían que pagar por ese viaje, sin entrar en las condiciones o cómo se dio esa relación posteriormente. 

Es difícil hablar de prostitución de mujeres migrantes sin mencionar trata y tráfico. En primer lugar, es necesario diferenciar entre ambos conceptos de manera tal que se puedan garantizar medidas de protección sin privarlas de su capacidad de agencia. Por ello, es vital permitir que las personas puedan migrar en condiciones de seguridad, buscando vías que lo garanticen, como los visados de búsqueda de empleo, los visados humanitarios o los de estudio y, en algún caso, los contingentes —contratación en origen, como en el caso de las campañas agrícolas—. Incluyendo también criterios de concesión de asilo por cuestiones relacionadas con el género más realistas y adaptados a las nuevas formas de violencia contra las mujeres.

No son pocas las veces que, en operaciones enmarcadas en la lucha contra la trata, son predominantes los controles de extranjería que llevan a una mayor desprotección de las mujeres, acabando en el encierro en CIE y en la deportación

En segundo lugar, es necesario dotar de recursos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a las organizaciones que trabajan con las mujeres migrantes para que puedan realizar una detección y acompañamiento adecuado, realizado por personas especializadas en trata, con perspectiva trascultural y de género, con formación y conocimientos de la realidad LGTBIQ+, en un espacio y tiempo adecuados. De esta forma, podríamos garantizar un cambio tan necesario como urgente: desligar la labor de control de la inmigración irregular y la de detección de víctimas de trata en la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF). Solo de esta forma evitaremos violaciones de derechos humanos como las denunciadas por las mujeres que ejercen la prostitución. No son pocas las veces que, en operaciones enmarcadas en la lucha contra la trata, son predominantes los controles de extranjería que llevan a una mayor desprotección de las mujeres, acabando en muchas ocasiones en el encierro en CIE y la deportación de las mujeres que se encuentran en los clubes.

En último lugar, es necesario proteger a las víctimas, en tanto víctimas como solicitantes de asilo, sin que ello se condicione a su colaboración en el desmantelamiento de la red (art. 59bis LOEX) por los peligros que ello acarrea. Esta medida, además, debe ampliarse también para sus familias, incluso en origen. De esta forma dejamos de responsabilizar a la posible víctima de trata y podemos agilizar los mecanismos destinados a su protección.

Al igual que otras violencias basadas en el género, no estamos ante un problema individual, sino ante una cuestión estructural y social cuya infalibilidad debe recaer en las políticas públicas y no en las decisiones personales. Son la propia negación de esta actividad y las regulaciones punitivistas las que hacen más daño, tanto a aquellas que ejercen la prostitución voluntariamente, como a aquellas que son víctimas de trata o tráfico, haciendo imposible diferenciar entre unas y otras, otorgar derechos o protección.

Sin embargo, una vez aquí, sin posibilidad de regularizar su situación y de incorporarse al mercado laboral regular, la prostitución se muestra como una de las pocas salidas, junto a otras precarizadas —y feminizadas—, como el trabajo del hogar. La prostitución se presenta como un nicho laboral que permite la supervivencia en un mundo en el que los trabajos que son una extensión de los cuidados son infravalorados e invisibilizados y, por lo tanto, susceptibles a mayores vulneraciones de derechos.

Sin reconocer el trabajo sexual como trabajo estamos impidiendo la posibilidad de regularizar y por tanto el acceso a derechos civiles y políticos

Como sabemos, el trabajo no es sólo un otorgador de derechos laborales, sino también de ciudadanía. Sin reconocer el trabajo sexual como trabajo estamos impidiendo la posibilidad de regularizar y por tanto el acceso a derechos civiles y políticos. Aquí se nos muestra claramente la espiral perversa en la que se mueven las mujeres migrantes. Sin acceso a trabajo reconocido legalmente no es posible regularizar su situación administrativa, por lo que el sistema las obliga a seguir realizando actividades no contenidas en el mercado regular y, por tanto, excluidas y marginadas socialmente. No obstante, aun cuando se encuentran en situación administrativa regular, ejerciendo la prostitución en el espacio público se enfrentan a multas de entre 100 y 3.000 euros, que, ante la imposibilidad de pago, se acumulan y dificultan posteriormente su regularización. Según concluía un informe del Grup Antígona de la Universidad Autónoma de Barcelona, tanto la Ley de Seguridad Ciudadana como las ordenanzas, “aumentan la estigmatización de las mujeres, las desplaza del centro de las ciudades al extrarradio, donde están más inseguras”. Incluso las regulaciones que se consideran “más progresistas”, multando a los clientes, terminan repercutiendo negativamente en las mujeres.

La consecuencia más peligrosa de estas condiciones de clandestinidad en que se da el ejercicio de la prostitución es el estigma. A mayor estigma mayor exclusión, que, como sabemos, solo genera mayor vulnerabilidad, pero también mayor beneficio capitalista y patriarcal. Es el sistema el único que se beneficia de esta situación y al que le interesa mantenernos divididas y aparentemente vulnerables. Es necesario, no obstante, echar la vista atrás y tomar algunos aprendizajes del movimiento feminista. Uno de ellos es que nuestra propia historia como movimiento nos ha enseñado que la prohibición no acaba o cesa una actividad. Así fue con el aborto, cuyo debate real no fue entre aborto sí o aborto no, sino entre aborto legal o clandestino. De esta forma, en tanto que la prostitución es una actividad que existe y que ha existido a lo largo de la historia, no podemos obviarla y seguir con las políticas que sitúan la prostitución entre la práctica con derechos para las mujeres o prostitución clandestina. Hay que poner en el centro el derecho a la soberanía sobre nuestros cuerpos, poniéndolos en disputa y haciendo que nuestras voces sean escuchadas fuera del paternalismo y la infantilización.

Y ahora compañeras, es el momento de las putas. Es momento de reconocer nuestros privilegios y utilizarlos como herramientas de cambio. Ellas están poniendo sus cuerpos y sus caras al frente para decirnos que, cansadas de estigmatización, quieren derechos. Que también se cansaron de paternalismo. Un paternalismo que se escapa por los poros al escuchar las voces de las propias trabajadoras sexuales, organizadas y autogestionadas, siendo objeto de los ataques feroces.

No se trata de ver a las prostitutas como víctimas sino de reconocer la situación a la que, con algunas posturas, se aboca a las personas que ejercen la prostitución y reconocerlas como los sujetos políticos que son. No se trata de verlas como enemigas sino como compañeras, junto a las que caminar hacia un feminismo amplio y subversivo, lleno de sororidad y lucha emancipatoria.