Opinión
El juicio del siglo contra Greenpeace y el derecho a la protesta

La protesta, además de ser un derecho fundamental, es un ejercicio de democracia tan saludable para las personas que levantan la voz, como necesaria para la sociedad que las escucha. Estamos siendo testigos de un nuevo ciclo de movilización global, los movimientos feministas, antirracistas, ecologistas y en solidaridad con Palestina han inspirado a millones de personas a salir a la calle. Pero todas ellas, sin excepción, se han encontrado con la respuesta represiva y a menudo violenta del Estado. 

Una de las tendencias más preocupantes en Europa —y también en el Estado español— son las denominadas SLAPP (demandas estratégicas contra la participación pública): un arma jurídica utilizada por las grandes empresas petroleras o contaminantes para silenciar y desgastar a activistas, periodistas y organizaciones que denuncian injusticias ambientales, sociales o económicas. 

Este fenómeno no deja de crecer. Según el último informe de la Coalición contra las SLAPP en Europa (CASE) y la Fundación Daphne Caruana Galizia, se han documentado 820 demandas SLAPP en Europa hasta agosto de 2023, con 161 nuevas demandas  presentadas en 2022, un aumento significativo con respecto a los 135 casos presentados en 2021. 

Uno de los casos más graves es el que enfrentan Greenpeace USA y Greenpeace Internacional, que podrían ser condenadas a pagar 660 millones de dólares como consecuencia de una demanda impuesta por la petrolera Energy Transfer. La empresa, una de las principales financiadoras de la campaña electoral de Donald Trump, acusa falsamente a Greenpeace de “organizar” las protestas indígenas contra el oleoducto Dakota Access en 2016. Aunque el caso fue inicialmente desestimado, fue reactivado en Dakota del Norte y está pendiente de sentencia. Si el juez confirma el veredicto del jurado, se sentaría un precedente muy peligroso para quienes defienden la libertad de expresión y denuncian abusos corporativos. Además, la sanción económica podría poner en riesgo la continuidad de Greenpeace en Estados Unidos.

En este contexto, el uso de las SLAPP se ha convertido en una verdadera amenaza para la libertad de expresión. Greenpeace España, por ejemplo, también ha sufrido estas demandas abusivas que pretenden acallar a la organización. En 2021 y 2022 Greenpeace fue denunciada por la empresa Valle de Odieta, con sede en Navarra. El objetivo era silenciar una campaña de la organización en contra de la macrogranja que la empresa pretende instalar en Noviercas (Soria). Todo esto sucede en un país donde sigue vigente la Ley Mordaza, que cumple una década desde su entrada en vigor, una de las leyes más represivas en democracia y que en los últimos años ha servido para imponer más de 429.000 sanciones a quienes protestan o critican al poder.

En otros países de Europa, como Reino Unido, Rumanía, Italia o Francia, Greenpeace también ha enfrentado o se enfrenta a diversas SLAPP. Esta peligrosa deriva ha llevado a la Unión Europea a adoptar la Directiva 2024/1069, conocida como Directiva Anti-slapp -que busca proteger precisamente a activistas y organizaciones de las prácticas abusivas e intimidatorias de las grandes corporaciones– y que debe ser traspuesta a los Estados miembros antes de marzo de 2026.  

Este 2 de julio es un momento decisivo en la lucha por la libertad de expresión y la participación pública: Greenpeace International inicia un juicio contra Energy Transfer en los Países Bajos, donde la organización busca justicia invocando por primera vez la nueva Directiva Anti-SLAPP de la Unión Europea.

Frente a los intentos de acallar las voces de quienes tratan de proteger el planeta,  la respuesta no puede ser el silencio: defender el derecho a protestar es defender el corazón mismo de la democracia. Hoy más que nunca, ante el avance de las SLAPP, los recortes de libertades y el miedo como herramienta política, urge proteger a quienes defienden la vida, los derechos y el planeta. Porque sin libertad de expresión, no hay justicia posible.