Tribuna
La licencia social de las renovables, en la cuerda floja

Seguimos llegando tarde a los objetivos y a la agenda climática en varias de sus vertientes. La Comisión Europea (CE) ha analizado el cumplimiento, hasta ahora, del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC, la hoja de ruta energética del Gobierno) y las noticias son agridulces para España. Es cierto que destacamos en diferentes componentes, como la instalación de renovables y el cumplimiento del 48% de energías renovables sobre el consumo final, pero existen riesgos que la CE ha identificado y animado a subsanar.

Uno de ellos es la urgencia en la implantación de renovables, englobada en la figura de zonas de aceleración renovable (ZAR). La recomendación final de Bruselas dice: “Implementar las zonas de aceleración de las energías renovables previstas por España. Estas son clave para garantizar un equilibrio adecuado entre el despliegue acelerado de energías renovables y el respeto por los imperativos ambientales y sociales. Considerar los factores locales en las medidas del PNIEC para el despliegue de renovables”. El 21 de mayo era la fecha límite para crear la primera zonificación para las ZAR y, por el momento, seguimos a la espera.

Los nuevos proyectos deben priorizar suelos degradados para minimizar el impacto ambiental e implementar mecanismos de transparencia y diálogo con la ciudadanía

En colaboración con ZERO, la Fundación Renovables ha elaborado una guía de recomendaciones para que las ZAR incluyan no solo una aceleración administrativa y la reducción de periodos de instalación, sino también la licencia social, además de tener en cuenta la nueva demanda que estas ocasionarán. Es fundamental priorizar suelos degradados o ya alterados por la actividad humana, minimizando así el impacto ambiental. Por otro lado, debe asegurarse la transparencia mediante información pública previa y la apertura de espacios de diálogo con la ciudadanía, actores sociales y autoridades locales. Las propuestas surgidas de este proceso participativo deben incorporarse al diseño final, incluyendo demandas socioeconómicas (empleo local e infraestructuras), así como preocupaciones ambientales. Por último, los proyectos deben contar con mecanismos de seguimiento participativo que permitan ajustar las ZAR a nuevas realidades y necesidades del territorio a lo largo del tiempo.

Las tres C: comunicación, contexto y competencias

Pero, hay que ir más allá de las ZAR. Es necesario garantizar la licencia social de todos los nuevos proyectos de energías renovables, más allá de la fotovoltaica y la eólica. Tenemos que avanzar en los nuevos parques de baterías y biogás (siempre que no formen parte de macrogranjas). Según un informe de CAN Europe apoyado en numerosas entidades europeas, la implantación de los proyectos tiene que seguir tres líneas claves y comunes a las problemáticas: comunicación, contexto y competencias (las tres C).

Los promotores deben comunicar sus planes a las partes interesadas y procesar e integrar los comentarios recibidos

En la parte de comunicación es fundamental mantener un flujo de información multidireccional entre las partes interesadas que sea abierto, honesto y continuo, es decir, que vaya más allá de los requisitos mínimos actuales. Los promotores de proyectos deben comunicar sus planes y los medios para implementarlos con la suficiente antelación para que las partes interesadas afectadas tengan tiempo suficiente para responder, proporcionar información completa y, posteriormente, procesar los comentarios recibidos de manera que se integren de forma significativa.

Respecto al contexto, es imprescindible reconocer la idiosincrasia de cada proyecto y sopesar las compensaciones. Las características particulares tienen que evaluarse teniendo en cuenta los niveles preexistentes de participación comunitaria o de capital social, las principales preocupaciones ciudadanas, si la zona es rural o urbana, los problemas socioeconómicos predominantes identificados en la localidad y las características ambientales específicas. Si hubiera reparto de beneficios o compensaciones económicas, se deberían definir en función del análisis previo de este contexto.

Finalmente, la forma de reparto de beneficios depende del contexto específico, pero siempre se deben tener en cuenta las necesidades sociales y económicas específicas de cada comunidad y atender a sus demandas y exigencias.

En cuanto a la competencia, dirigida a la capacitación técnica y laboral (no a la regulación), es necesario desarrollar la capacidad de las administraciones públicas, especialmente de los gobiernos locales, para mediar entre diversos actores, así como crear agencias especializadas. Los municipios, en particular, deben estar capacitados para habilitar, facilitar y mediar en las problemáticas que puedan existir, y tienen que conocer y comprender las contrapartes o demandas vecinales que se puedan aplicar.

Los proyectos deberán cumplir con las especificidades del territorio, no solo técnicas, también ambientales y socioculturales

Cada C incluye muchas más medidas, pero las anteriores son las identificadas como las más prioritarias para que la transición energética tenga en cuenta las demandas sociales y las incorpore en la planificación de los diferentes proyectos. Quiero destacar el concepto de contexto, es decir, la adaptabilidad, porque todos los proyectos no son, ni deben ser, calcomanías, ya que cada municipio tiene unas características específicas, con determinadas preocupaciones e intereses de los vecinos. El éxito de la licencia social va a depender de entender que los proyectos no van a ser iguales. Tendrán que cumplir con las especificidades del territorio, no solo técnicas, también ambientales y socioculturales e incorporar el valor social para vertebrar una implantación más justa, equilibrada y rápida.