Uganda
La victoria de los agricultores de Apaa tras un mes encerrados en la sede de la ONU

Tras 37 días ocupando la oficina de las Naciones Unidas en Gulu, Uganda, 234 campesinos y campesinas, bebés, madres, jóvenes y mayores recogieron sus cosas y se montaron en camiones de vuelta a sus hogares en Apaa —un área del norte del país, rica en recursos agrícolas y bosque—. Lejos de tratarse de una acción silenciosa y sombría, su marcha estuvo marcada por cantos de celebración. Se trataba de una exhalación colectiva de alivio tras más de un mes de una hacinada convivencia con una letrina desbordada y hostilidades diarias de unos ‘anfitriones’ reacios, y a la par, se trata de un grito de triunfo y esperanza.

Los ocupantes de Apaa se desplazaron para lanzarse al único escenario global que les era accesible. Estratégicamente escogieron la única oficina de todo el país que podía ser ocupada sin suponer un desalojo forzoso inminente. Su presencia continuada e inconveniente forzó a las Naciones Unidas y a otros actores a responder ante su lucha por territorio y seguridad en un país que les ha infligido una gran violencia.

La larga lucha por los derechos y el territorio en Apaa

Los ocupantes comenzaron su travesía desde Apaa a Gulu el 10 de julio, un viaje que llevó más de veinte horas, realizado a pie y en camión debido a las malas condiciones de las carreteras y fallos mecánicos. Llegaron a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (OHCHR) en Gulu silenciosamente a las siete de la mañana llevando en sus manos una petición avalada por más de 26.000 habitantes de Apaa. La petición exige que el alto comisionado de Ginebra apele al gobierno de Uganda para el cese de incendios provocados, matanzas, detenciones y otros abusos llevados a cabo contra su comunidad.

El grupo de líderes locales decidió aplicar una nueva estrategia: ocupar la OHCHR, órgano dedicado a “promover y proteger los derechos humanos de todas las personas”

Este tipo de violencia se viene cometiendo contra el pueblo de Apaa durante más de una década; las élites políticas emplean las fuerzas armadas para provocar la huida de los habitantes abriendo el paso a inversión extranjera. Mientras que uno de los planes propuestos fue abandonado en el 2015 —el de crear un área de lujo para trofeos de caza— las personas del lugar siguen creyendo que las élites continúan apostando por otros negocios en la zona.

La decisión de ocupar el OHCHR no se hizo a la ligera, si no que se decidió tras haber empleado muchos otros métodos en el intento de proteger sus hogares. Tras una nueva ola de ataques llevados a cabo en marzo de este año, presionaron a sus representantes para plantear el problema ante el parlamento, guiaron también a organizaciones por los derechos humanos locales para que registraran meticulosamente las vulneraciones de derechos humanos y otros abusos en la zona, pidieron reunirse con embajadas extranjeras, se presentaron en las audiencias judiciales, e incluso interceptaron soldados que llevaban a cabo los ataques mediante una misión creada específicamente para eso formada por líderes políticos y religiosos de la zona.

A pesar de algunos triunfos momentáneos, ninguno de estos esfuerzos trajo soluciones a largo plazo. Las embajadas extranjeras expresaron simpatía, pero no respondieron ante las peticiones de reuniones en persona. En una sesión parlamentaria en junio, el portavoz del parlamento llamó a un cese inmediato de las operaciones de desalojo. Pero los ataques volvieron a la carga quince días después. Fue entonces que el grupo de líderes locales decidió aplicar una nueva estrategia: ocupar la OHCHR, órgano dedicado a “promover y proteger los derechos humanos de todas las personas” así como a “manifestarse de manera objetiva ante las violaciones de derechos humanos en todo el mundo”.

En las palabras de una organizadora comunitaria de los derechos de las mujeres en Apaa que pidió mantener el anonimato por razones de seguridad: “Decidimos ocupar las Naciones Unidas para asegurarnos que la lucha en Apaa saliera a la luz y fuera conocida internacionalmente”.

La petición esbozada apelaba al alto comisionado, el príncipe Zeid Ra’ad Al Hussein, que exigiera al presidente de Uganda, Yoweri Museveni, aplicar el cese inmediato de los ataques contra las personas de Apaa y sus hogares. La petición incluía que en el caso de que el gobierno incumpliera estas peticiones, el alto comisionado exigiera a las embajadas extranjeras el cese de toda financiación a las fuerzas de seguridad y al Organismo para la Flora y Fauna Silvestres de Uganda (Ugandan Wildlife Authority). Dejando claro que no pensaban marcharse sin resultados, los ocupantes enfatizaron el hecho de que “buscarían refugio y asistencia hasta que sus peticiones fueran respondidas”.

Proteger las Naciones Unidas versus los derechos humanos

En las primeras horas de la ocupación, el personal de la oficina de las Naciones Unidas se mantuvo ansiosamente al teléfono consultando con sus superiores en la capital Kampala. Los agentes de seguridad se mantuvieron quietos y rígidos. Los 234 ocupantes de Apaa se sentaron silenciosamente sobre el césped, las cabezas agachadas en rezo, esperando para ver si si se ordenaba a la policía desalojarles de manera forzosa. Finalmente llegó la orden de Kampala: no serían desalojados. La ocupación se aceptó de manera reacia como un hecho. Los ocupantes empezaron a colocar lonas e instalar una cocina con cazuelas enormes que colocaron sobre las rocas, estableciendo ahí su campamento. El personal de la Oficina de las Naciones Unidas salió apresuradamente de sus reuniones en Kampala para volver a su oficina en Gulu y encontrar la escena sin precedentes en su habitualmente calmado lugar de trabajo. 

Poco después de comenzar la ocupación quedaron claras las razones por las que el Alto Comisionado (OHCHR) había renunciado a involucrarse en la petición o a condenar públicamente los ataques cometidos en Apaa. Su propia estancia en el país estaba sujeta a un 'mandato temporal' otorgado por el gobierno de Uganda con fecha de caducidad a principios de enero, lo cual les hacía temer que la oficina misma fuera obligada a desalojar en caso de causarle molestias al gobierno.

En reuniones interminables, las Naciones Unidas trataron en vano de explicarle a los líderes comunitarios, miembros del parlamento y a organizaciones locales de derechos humanos que el realizar declaraciones públicas sobre los abusos en Apaa ponía en cuestión su propia existencia en el país. Como es de esperar, los ocupantes de la oficina vieron esto como una lógica débil e interesada.

Numerosas organizaciones de la sociedad civil empezaban a cuestionar la validez misma del trabajo de OHCHR en Uganda. Varios de los ocupantes afirman que a partir de ese momento el personal de OHCHR comenzó a hacerles la vida difícil. La libertad de expresión y los medios de comunicación independientes fueron reprimidos.

Se impidió la entrada de los medios de comunicación en el recinto para hablar con los ocupantes, y cuando éstos organizaron su propia rueda de prensa en la zona colindante, no les permitieron marcharse para poder atenderla. Uno de los miembros de la ocupación contó cómo le amenazaban con arrestarle si continuaba haciendo fotos con su móvil y enviándolas al exterior. Su teléfono fue confiscado hasta que renunció a tomar más fotos. Los ocupantes explicaron que las reuniones dentro del recinto estaban vigiladas y que los movimientos para salir y entrar en el recinto eran muy restringidos. 

Mientras que organizaciones locales de Gulu contribuyeron a la ocupación con apoyo logístico, otros grupos comunitarios y activistas de otras zonas de Uganda enviaron bolsas de cacahuetes, pollos, madera, jabón y alimentos básicos

Según otro líder comunitario de Apaa que también pidió permanecer en el anonimato: “las Naciones Unidas intentaron impedir que habláramos con los medios de comunicación porque estaban muy preocupados por su propia imagen. También querían mantener su relación cómoda con el gobierno”. 

Para empeorar la situación el personal de las Naciones Unidas impidió que la única letrina en el recinto fuera vaciada una vez se había llenado. Durante cuatro días los habitantes de Apaa tuvieron que agacharse sobre una letrina a rebosar que estaba cubierta por un enjambre de larvas. Fue necesario que un miembro del parlamento convenciera a OHCHR para que permitiera que entrara un camión sanitario para vaciar los contenidos de la letrina.

Prácticamente todos los días, el personal de OHCHR en Gulu, Kampala y finalmente, incluso en Ginebra fueron forzados a enfrentarse al dilema: sin la opción de neutralidad, ¿apoyarían a quienes están sufriendo vulneraciones de derechos humanos a sus puertas o protegerían sus cómodos puestos de trabajo? 

La solidaridad local sube el ánimo de los ocupantes

Algunos de los momentos más bellos de la ocupación fueron aquellas muestras de solidaridad que venían de lugares lejanos y sorprendentes. Al ver que las Naciones Unidas no proveerían ningún apoyo práctico y que los recursos que habían traído consigo se estaban agotando, los ocupantes tuvieron que buscar apoyo de otras fuentes. En la primera semana, cientos de vendedores locales se presentaron al lugar con un camión enorme cargado de sacos grandes llenos de yuca, harina de mijo, judías, latas gigantes de aceite para freír, sacos de ropa y mantas, y cazuelas y palanganas.

Mientras que organizaciones locales de Gulu contribuyeron a la ocupación con apoyo logístico, otros grupos comunitarios y activistas de otras zonas de Uganda enviaron bolsas de cacahuetes, pollos, madera, jabón y alimentos básicos. Cuando el suministro nacional de agua para el recinto empezó a agotarse, algunos miembros del parlamento organizaron el desplazamiento de camiones de agua y otras ONG locales se mantuvieron disponibles para abastecer las necesidades alimenticias que quedaran por cubrir.

Más allá de estas aportaciones prácticas, muchos grupos apoyaron la difusión de la denuncia, contribuyendo a aumentar el apoyo proveniente de la opinión pública, informando sobre los ocupantes y sus valientes actos por defender los derechos de su comunidad. La Liga Nacional de Defensa de la Tierra organizó una rueda de prensa en Kampala en solidaridad con los ocupantes poniendo de protagonistas a los representantes de Apaa que se encontraban en la capital. Una alianza formada por prominentes organizaciones de derechos humanos y activistas en Gulu salió al espacio público para apoyar la ocupación, declarando que les apoyarían durante “todo el tiempo que decidieran quedarse” y que les escoltarían una vez decidieran marcharse.

El activismo tradicional adquiere nuevo poder

Puertas previamente cerradas para la comunidad en Apaa se abrieron de pronto una vez los ocupantes tomaron el centro del escenario en Gulu. En la cuarta semana de la ocupación, cuatro de los representantes comunitarios y un bebé se escabulleron del recinto de las Naciones Unidas y tomaron un autobús a Kampala para asistir a diversas reuniones.

Tras haber presentado múltiples testimonios ante el portavoz del parlamento, junto a otros parlamentarios acholi el grupo pudo abrir un caso en la Comisión de Investigación del Territorio en Uganda (Ugandan Land Inquiry Comission). Se reunieron con el embajador de Estados Unidos, el embajador de la Unión Europea, representantes de las embajadas de Noruega y Dinamarca, y, finalmente, con Nicole Bjerler, la directora de la Oficina del Alto Comisionado por los Derechos Humanos en Uganda, a quien acompañó Alan Sibenaler, el director de programas de las Naciones Unidas en Uganda.

“Si este apoyo a la educación va en serio, construirán un colegio ya que los nuestros han sido quemados. Y construir un colegio le demostraría al mundo que están defendiendo Apaa”, dice uno de los líderes comunitarios

Con la ventaja generada por la ocupación, las reuniones de organización comunitaria de Apaa ganaron poder real. La ocupación forzó a las embajadas a captar las vulneraciones de derechos humanos en Apaa de manera concreta y urgente, en contraposición a de manera lejana y abstracta.

Tanto el embajador de Estados Unidos como el embajador de la Unión Europea se involucraron profundamente en el caso de Apaa, afirmando que tratarían el tema en las siguientes reuniones con el presidente Museveni. Mientras tanto, el portavoz del gobierno anunció que se había reunido con el presidente y había comunicado a los oficiales regionales que había emitido una directiva contra las operaciones de desalojo en Apaa.

A pesar de la constante presión por parte del personal de las Naciones Unidas para coger sus cosas y marcharse, los ocupantes en el momento de esa declaración ya habían permanecido en el recinto prácticamente un mes entero. En una reunión con traducción desde Kampala que duró tres horas, Bjerler insistió en que sus esfuerzos diplomáticos habían dado frutos: el Ejército de Uganda les confirmó que obedecerían las órdenes contra los desalojos en Apaa.

Mientras tanto, Sibenaler les ofreció una concesión más inesperada y deslumbrante que sorprendió incluso al personal de las Naciones Unidas: programas de educación y salud en Apaa. Cuando los representantes de Apaa en Kampala les comunicaron esto a los ocupantes en Gulu la noticia fue celebrada como un triunfo. En las palabras de uno de los líderes comunitarios, “si este apoyo a la educación va en serio, construirán un colegio ya que los nuestros han sido quemados. Y construir un colegio le demostraría al mundo que están defendiendo Apaa como territorio nuestro, no como una reserva de caza. Los animales no necesitan colegios”.

La decisión de volver a casa

Tras el retorno de los representantes de Apaa enviados a Kampala, los líderes comunitarios de la ocupación celebraron una reunión estratégica dentro del campamento. Mientras que concluyeron que las garantías ofrecidas eran lo suficientemente fuertes como para dar fin a la ocupación, la decisión de retornar a sus hogares no se ha tomado con ingenuidad. Tal y como reflexionó uno de los ocupantes, “nuestra lucha no está terminada, pero hemos logrado mucho y ahora tenemos aliados poderosos. Esperamos que nuestra lucha les dé a otras comunidades en toda Uganda la valentía para organizarse por sus derechos”.

Al sorprender a las Naciones Unidas, el Gobierno de Uganda e incluso a sus propios políticos locales, la comunidad de Apaa le ha mostrado al mundo que no son víctimas pasivas, sino poderosos agentes del cambio. Se ha ganado terreno y se ha construido poder. La lucha continuada de la comunidad de Apaa y su derecho a vivir en paz en su propio territorio no está terminada, pero nunca será la misma.