València
La Diputación de València adjudica a dedo otros 735.000 euros a una empresa de Gürtel para obras de la dana
La Diputación de València, gobernada por el Partido Popular, acaba de adjudicar a dedo, por el procedimiento de emergencia para obras relacionadas con los destrozos de la dana, otros 735.537,20 euros a la empresa CHM Obras e Infraestructuras. Detrás de la firma está Rafael Martínez Berna, un empresario que fue condenado en el marco del 'caso Gürtel' a un año y nueve meses de prisión por dos delitos cometidos en las elecciones autonómicas y municipales de 2007 en València además de otro por falsedad documental. No es el único de la familia Martínez Berna. Su hermano José, alto cargo también de la sociedad, fue condenado a una pena similar en 2018.
En el pliego de la licitación, que asciende a 890.000 euros si se añaden los impuestos, se le encarga a la constructora una obra de emergencia de reconstrucción de una estructura sobre el río Magro en el término municipal de Requena (València), en las demarcacioness de Buñol y Requena-Utiel, otro de los lugares arrasados por la catástrofe de la dana que se manifestó en la tarde del 29 de octubre y se ha convertido en la mayor de la historia contemporánea de la península con más de 200 personas fallecidas y pérdidas millonarias todavía no calculadas con precisión.
Rafael Martínez Berna fue, desde 2009 a 2011, el máximo representante de la patronal alicantina Coepa, en la actualidad quebrada y en vías de extinción. Fue copropietario de una firma especializada en obra pública, tuvo que dejar su cargo después de que la Comisión Nacional del Mercados y la Competencia (CNMC) le multara por pactar precios del sector junto a 46 empresas.
Tomás Martínez Berna, por su parte, ocupaba el puesto de Consejero de Padelsa Infraestructuras S.A., secretario del Consejo de Administración de CHM Obras e Infraestructuras S.A. y consejero del Grupo Villalba S.L. cuando aceptó la pena de un año y nueve meses de prisión por dos delitos electorales correspondientes a las elecciones autonómicas y municipales de 2007 y un delito de falsedad documental.
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