València
El líder de Desokupa, Daniel Esteve, denunciado por incitación al odio

Acción Contra el Odio (ACO) ha denunciado ante la Fiscalía de delitos de odio de València al dueño de la empresa Desokupa, Daniel Esteve. En concreto, el ultraderechista es señalado por haber vulnerado el artículo 510.1 del Código penal, que establece penas de prisión de entre uno y cuatro años para quienes inciten públicamente al odio o la violencia por motivos racistas. 

Joaquín Urias, jurista y portavoz de ACO, explica que el de Esteve “es un caso ejemplar para perseguir el delito de incitación al odio, por la constante incriminación falseada de delitos a los migrantes con la intención de despertar odio hacia el colectivo”. Basándose en bulos que circulan por las redes o fabricando él mismo informaciones falsas, el denunciado acumula un amplio historial de mensajes violentos contra este colectivo vulnerable.

Son numerosas las grabaciones que muestran a Daniel Esteve haciendo responsables a los inmigrantes, incluidos menores, de haber cometido delitos cuyos autores no pertenecen a este colectivo, tal y como acreditan las investigaciones policiales a las que Esteve no espera a la hora de lanzar sus discursos de odio. Un ejemplo paradigmático es el caso de la agresión a un niño en Mocejón (Toledo), pero no es el único. “El equipo de documentación de ACO ha identificado varios casos en el que imputa delitos a migrantes, incluso aunque él sabía claramente que no había sido así”, relata Urías.

Joaquín Urías: “Lo que parece más preocupante es la desinformación, cuando se inventa datos que no existen para crear un prejuicio contra un colectivo, el odio creado a través de estos bulos”

“Su modus operandi es señalar, difamar y amenazar al colectivo de personas migrantes mediante distintas estrategias, como difundir falsamente la idea de que los migrantes son autores de delitos”, explica Urías. Aunque sus vídeos son una constante incitación al odio, “lo que parece más preocupante es la desinformación, cuando se inventa datos que no existen para crear un prejuicio contra un colectivo, el odio creado a través de estos bulos”, señala el portavoz de ACO.

Aunque esté personalizada en Esteve, Urías argumenta que “la demanda pretende impulsar la persecución contra los bulos deliberadamente creados para crear miedo en la sociedad a los migrantes, expandiendo la idea que la delincuencia es creada por los migrantes, que es algo falso”. La intención de acudir a los tribunales es “acabar con la impunidad, tenemos normas para perseguir a quién desinforma y causa un daño a la sociedad irreparable y no se están aplicando”, denuncia Urías.

Urías expone que  “si alguien tira una piedra a la policía, la fiscalía inicia una investigación de inmediato, si alguien comete delitos de odio, en general, con algunas excepciones, la fiscalía no entra de oficio”

El portavoz de ACO explica que el objetivo también es “hacer un llamamiento a las autoridades judiciales para que apliquen la ley, frente a los bulos y la discriminación, o al crecimiento del fascismo hay normas que no se están aplicando”. Urías expone que “la fiscalía podría entrar de oficio a perseguir estos delitos, si alguien tira una piedra a la policía, la fiscalía inicia una investigación de inmediato, si alguien rompe una ventana de un banco por la calle, también, si alguien comete delitos de odio, en general, con algunas excepciones la fiscalía no entra de oficio”, argumenta Urías. “Cualquiera que entra en redes se encuentra con delitos que no se están persiguiendo”, sentencia.

La extensión de la incitación al odio en las redes sociales, para el portavoz de ACO, “es un fenómeno complejo, es evidente que está aumentando, hemos pasado de unas redes sociales donde siempre ha habido odio y agresividad, a la incitación a la discriminación directa, y está creciendo, tiene que ver con un aumento en todo el mundo occidental de las dinámicas totalitarias, pero tiene que ver también con la difusión de bulos y la inacción de las autoridades, parece casi que comparten lo que está sucediendo”.

Esta dinámica “se va retroalimentando y creciendo, a medida que aumentan los prejuicios contra colectivos vulnerables, objetivo de las políticas de la ultraderecha, cada vez son más el objetivo de ataques, se están creando unas condiciones que fomentan la discriminación, la deshumanizacion de estos colectivos, que es el paso previo a las agresiones físicas”, lamenta el portavoz de ACO.

Urías pone también el foco en la inutilidad de las leyes actuales para frenar este fenómeno: “Hay una normativa europea para la moderación de contenido en las redes, esto no se está utilizando, nadie está obligando a las grandes compañías a que utilicen esta moderación”. Y es que uno de las causas que llevan a interponer esta demanda es, precisamente, el fracaso del modelo de automoderación. “La ley europea prevee sanciones brutales contra las redes sociales que no tengan una moderación adecuada, pero no se están aplicando,  las redes están eliminado moderación y la UE no está actuando”, sentencia el jurista.