València
Mazón adjudica a dedo 4,4 millones a una empresa que infló la caja B del PP valenciano

El Govern Valencià está aprovechando la modalidad de contratos de emergencia, en la que no es necesario presentar las licitaciones a concurso público, para adjudicar lo antes posible las labores de reconstrucción y otros servicios relacionados con los devastadores efectos de la dana ocurrida el pasado 29 de octubre. Uno de esos contratos a dedo concedido por la Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca ha ido a parar a las manos de Pavasal, empresa que la sentencia del caso Taula señala como una de las que inflaron la caja B que el PP de Rita Barberá utilizó en la campaña electoral municipal de 2007.

La licitación sin concurso que ha adjudicado la Consellería encabezada por Miguel Barrachina a Pavasal tiene un valor de 4,48 millones de euros sin impuestos, 5,42 si se incluyen, para “las obras de reparación de daños producidos sobre las infraestructuras agrarias ocasionados por la dana 2024, en los municipios afectados de la comarca de L'Horta Sud”. 

El Gobierno de València contrata 12,9 millones en obras de la dana a una constructora investigada por pagos al cuñado de Barberá

Javier H. Rodríguez Pablo Elorduy

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Exclusiva El Gobierno de València contrata 12,9 millones en obras de la dana a una constructora investigada por pagos al cuñado de Barberá

Javier H. Rodríguez ,  Pablo Elorduy

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La Generalitat Valenciana ha hecho el encargo a Ocide, una empresa cuya matriz está siendo investigada en el caso Azud por pagos “de naturaleza ilícita” al abogado José María Corbín a cambio de contratos adjudicados por el Ayuntamiento de València.

En la sentencia del caso Taula quedó acreditado que Pavasal fue una de las empresas que inyectó dinero que fue usado en la campaña de Barberá. Siendo contratista habitual del Ayuntamiento de Valencia, Pavasal ingresó a la caja B del PP unos 90.000 euros en 2007. Tal y como señala la sentencia del caso Taula, “los responsables de tales empresas efectuaron dichos pagos para significarse, ante quienes podían continuar siendo responsables del gobierno municipal, como entidades dispuestas a apoyar que la candidatura del Partido Popular continuara gobernando el Ayuntamiento de Valencia”.

Además, Pavasal también participó en la empresa Product Management Council, filial de la empresa Laterne, matriz del fallecido empresario Vicente Sáez. Dicha sociedad era el vehículo por el cual el cuñado de Rita Barberá, el abogado José María Corbín, cobraba comisiones de 150.000 euros a cambio de poder participar en los concursos públicos del Ayuntamiento de Valencia y repartirse el mercado.

La empresa a la que ahora Mazón adjudica el contrato a dedo por el procedimiento de emergencia ingresó 150.000 euros a la sociedad instrumental del cuñado de Barberá que, según dice la sentencia, “fueron destinadas, finalmente, a atender gastos generados por la campaña electoral municipal del PP de València en 2007”. Por lo que, en total, Pavasal aportó 240.000 euros a la caja B del PP valenciano usada en la campaña municipal de Rita Barberá, según la sentencia del caso Taula.

El nombre de Pavasal está asociado a la llegada de la Formula 1 a València. En concreto, las pesquisas judiciales analizaron el traspaso de terrenos en el denominado PAI del Grao. Se trata del Proyecto de Actuación Integral diseñado alrededor del circuito urbano que fue impulsado por la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Valencia en tiempos de Francisco Camps y Rita Barberá. En el entorno del circuito, de gran proyección urbanística por encontrarse en la fachada marítima de la ciudad —entonces estaban proyectados rascacielos junto al trazado de los bólidos— se produjo una llamativa operación. Una sociedad participada por varias empresas denominada Acinelav Inversiones 2006 llegó a adquirir una importante bolsa de terreno —equivalente al tercio del total del PAI— por alrededor de 300 millones de euros. Pavasal participaba junto a mercantiles como Construcciones Valencia Constitución, Pavasal, Kiraly Desarrollos Inmobiliarios (participada por Gesfesa) y el constructor Salvador Vila. En abril de 2024, la alcaldesa María José Català devolvió el desarrollo urbanístico a los propietarios del suelo, un acto que la oposición calificó de 'fiasco' y ‘pelotazo urbanístico’ y de ‘volver al modelo de Camps y Rita'.