València
El peaje de Vox para apoyar las cuentas de Mazón

La tramitación del acuerdo presupuestario anunciado el pasado marzo entre PP y Vox está sirviendo a estos últimos para concretar, a través de enmiendas, la línea política que han exigido al president para no dejarle caer. A Mazón, que ha endurecido su discurso en temas como la inmigración o la emergencia climática, al punto que el propio Santiago Abascal lo ha felicitado públicamente por sus posicionamientos, ahora le toca seguir pagando su supervivencia política con transacciones presupuestarias.

Con la alargada sombra de la sobremesa en el Ventorro persiguiéndole, su posición en la negociación no ha sido, presumiblemente, avasalladora. Su futuro, ligado a la gestión de la reconstrucción por Génova, sería mucho más oscuro aún si Vox boicotease las cuentas destinadas, presuntamente, a desplegarla. A cambio de su apoyo, los ultras esperan ver salir adelante sus enmiendas, o al menos la mayoría de ellas. Según la previsión de su síndic en Les Corts, José María Llanos, “no sabría decirles si al 100% o al 98%, pero están negociadas”.

Si en los presupuestos del año pasado, —aprobados en octubre del 2023, cuando todavía estaban dentro del gobierno—, los ultras ya impulsaron un paquete de recortes en áreas que afectaban al sector público, como la célebre supresión del “chiringuito” de la Unidad de Emergencias, en esta ocasión han puesto especial atención en recortar de la conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda que comanda la también vicepresidenta y portavoz, Susana Camarero.

Del negociado de Camarero plantean cambiar el destino de partidas que ascienden a 27,3 millones de euros y que afectan por ejemplo a la Dirección General de Igualdad y del Instituto de las Mujeres, a la que le recortarían 470.000 euros, o a la Dirección General de Diversidad, a la que recortarían otros 4,27 millones. El mayor recorte, eso sí, lo reservan para la cooperación y la inclusión. No ha necesitado enmendar Vox para suprimir la ayuda de 600.000 euros que la Generalitat entregaba a la agencia de apoyo a Palestina (UNRWA), el recorte ya está contemplado en las cuentas. Pero con sus enmiendas, los ultras pretenden suprimir totalmente la partida de 22,2 millones que iban destinados a subvenciones para entidades del tercer sector.

La ofensiva racista vía enmiendas

De esa cantidad saldría la propuesta estrella de la agenda xenófoba de Vox, que plantea dedicar 7,5 millones de euros —retraídos concretamente a ONG dedicadas a cooperación al desarrollo y la asistencia a personas migrantes—, a lo que denominan ‘Operación Retorno’ de menores no acompañados a sus países de origen. “La Comunidad Valenciana tiene un problema con la inmigración ilegal”, declaró Mazón el día que anunció el acuerdo, justo antes de advertir que no iba a acoger a más menores no acompañados.

Una de las propuestas racistas que más indignación ha despertado en el tejido social valenciano es la de destinar una partida para realizar “pruebas médicas invasivas” que determinen la edad de menores migrantes bajo tutela de la Generalitat, poniendo en entre dicho que estas personas sean realmente menores de edad.

La partida para pruebas médicas invasivas a menores no acompañados es la punta de lanza de lo que, desde el espacio València pels Drets de les Persones Immigrades, califican como “ofensiva racista a través de enmiendas”

Vox habla abiertamente de repatriación: “Algunos ya habrán llegado a la mayoría de edad, otros no; hay que devolver a los que llegaron siendo menores”, expresó sin tapujos Llanos. El propio Mazón dejó claro en su anuncio del pacto que quiere que esos “menores vuelvan con sus familias”, una forma sutil de sugerir que está a favor de la deportación.

Es la punta de lanza de lo que, desde el espacio València pels Drets de les Persones Immigrades, califican como “ofensiva racista a través de enmiendas”. Y advierte al PP que si las acepta, “estará convirtiendo las instituciones valencianas en cómplices de una estrategia que atenta contra los derechos humanos, la infancia migrante y los principios democráticos básicos”.

El castigo al valenciano, al feminismo y a la diversidad

Otra de las banderas que está esgrimiendo el partido ultra es recortar partidas destinadas a la promoción y conservación del valenciano. En el proyecto de presupuestos, y sin necesidad de enmiendas, la asignación para la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) ya sufría un recorte del 25% , pero los ultras pretenden recortar el doble a este organismo protegido por el Estatut Valenciano de Autonomía. Su presidenta, Verònica Cantó, ha advertido que esto supondría “la muerte de la institución a través de su asfixia económica, además de conllevar ilegalidades que contravienen el Estatut d'Autonomia y otras normativas”. Cantó avanzó que la institución que comanda “acudirá a las instancias pertinentes a denunciar las presuntas vulneraciones del ordenamiento jurídico”.

Al millón de euros que se le recorta a la AVL hay que sumarle otros dos que disminuye la partida de la Conselleria de Educación para la promoción del valenciano, quedándose en 17,5 millones, la cifra más baja de la etapa democrática. En sus enmiendas, Vox pretende desviar este dinero a entidades afines como Lo Rat Penat o la Real Academia de Cultura Valenciana, entidades que defienden el secesionismo lingüístico respecto al catalan. 

Por otro lado y enmarcado en su particular cruzada contra el feminismo, además de los ya recortes ya citados, los de Abascal exigen crear una partida de 576.000 euros destinada a víctimas de “violencia intrafamiliar”, introduciendo así el concepto ultra para describir esta realidad. El dinero lo moverían de la partida dedicada al programa de intervención con hombres agresores, así como al asesoramiento a víctimas de discriminación.

Y en su ofensiva contra la diversidad, los ultras no sólo exigen recortar 1,6 millones de euros destinados entidades sin ánimo de lucro del ámbito LGTBIQ. A cambio de su apoyo a los presupuestos, han exigido modificaciones a la ley trans autonómica que implican, según denuncian desde el colectivo retrocesos de derechos. El pasado jueves 15 de mayo, en la quinta sesión de control a Mazón después de la dana, un grupo de activistas por los derechos trans acudió a la sesión para expresar su rechazo a esta cesión a los postulados ultras desde la tribuna, hasta que fueron expulsados por la presidenta de la cámara, Llanos Masó (Vox).

La asfixia de las políticas ambientalistas y menos impuestos para los más ricos

Entre las enmiendas que ha presentado Vox figura una que propone eliminar 150.000 euros para realizar informes destinados al fomento de energías renovables, y destinar la misma cuantía a promocionar “la defensa de la energía nuclear” y “la necesidad de prorrogar la vida útil de la central nuclear de Cofrentes”. Precisamente, esta misma semana, el president Mazón ha anunciado en una visita a la propia central nuclear de Cofrents, que para incentivar su continuidad, perdona 14 millones de euros a la empresa propietaria, Iberdrola, compañía que solo en 2024 ganó 5.600 millones. En Les Corts, desde Compromís, han ironizado sobre si está buscando su futura puerta giratoria con este regalo a la energética.

Antes de las enmiendas, el PP ya se había plegado en buena medida al rechazo de su socio a toda política ambientalista, eliminando por ejemplo la partida destinada a emergencia climática y reduciendo la de transición ecológica en 500.000 euros. Mazón ya habla de dogmatismo climático para referirse a las políticas de mitigación, que considera sectarias, y sigue insistiendo en que las leyes ambientalistas del Botànic impideron obras que hubieran mitigado la dana.

El president, eso sí,  perdió una excelente ocasión de contarle al resto del Partido Popular Europeo, que se reunió en la capital del Turia, su oposición e impugnación del Pacto Verde Europeo, del que es impulsora, entre otras, la presidenta Von Der Leyen, de su misma formación y que también acudió al congreso europeo de su partido.

En donde no han tenido mucho problema en ponerse de acuerdo PP y Vox ha sido en duplicar el mínimo exento del Impuesto de Patrimonio, que pasa de 500.000 euros a 1 millón de euros. Esta petición de la formación de Abascal va a suponer una merma al tramo autonómico del Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas (IRPF) del que se beneficiarán patrimonios acaudalados. La medida ya ha sido incluida en la ley de acompañamiento presupuestario a los presupuestos.

La imposición de la nueva ley de Concordia y extinción de la de memoria democrática

Vox exigió al PP para negociar las cuentas “suprimir todas las partidas destinadas a Memoria Histórica y mantener solo las obligatorias para identificación de cadáveres bajo el epígrafe de la nueva ley de Concordia”. Esta nueva norma, que ha deshecho los avances del Botànic en política memorialista, les sirve a los ultras para imponer una rebaja del 40 % de las partidas dedicadas a este ámbito. Un objetivo que ya está plasmado en las cuentas presentadas por el Consell.

Un nuevo subprograma, denominado de Concordia y Fomento del Autogobierno, que ha pasado de Presidencia a la Conselleria de Justicia, es el que se destinaría a las subvenciones para la recuperación de restos de víctimas del franquismo. Su asignación pasa de 1,78 millones que tuvieron en 2024 a 1,150 millones, un recorte de más de 600.000 euros. La partida para la puesta en valor de lugares de memoria y retirada de vestigios del franquismo disminuye en otros 290.000 euros.

Además, las cuentas también reducen la partida destinada para Fisabio (un laboratorio de investigación que se utiliza para los análisis genéticos de restos exhumados), que pasa de 600.000 a 500.000 euros. También cae un 33% la partida para apertura de fosas y exhumaciones en ayudas a ayuntamientos o asociaciones (de 300.000 a 200.000). 

Huelga general el día de la votación de los presupuestos

Según el calendario que ha fijado Les Corts, la votación de las cuentas y sus enmiendas tendrá lugar el próximo 29 de mayo, mismo día que se cumplen siete meses de la dana. Mientras que se resuelven las incógnitas sobre que enmiendas pasan y cuáles se bloquean, sindicatos como CGT, CNT, COS e Intersindical han convocado una huelga general para esa jornada. Llaman a la movilización por el descontento con la gestión de la dana y sus consecuencias, los recortes y la situación de acceso a la vivienda.