València
Veinte años del descarrilamiento del metro de València

El reloj marcaba las 13:06 cuando aquel 3 de julio de 2006, hace ahora veinte años, un convoy de la línea 1 de FGV del metro de València descarriló con 150 personas a bordo. Lo hizo en las inmediaciones de la estación de Jesús, tras tomar a 80 kilómetros por hora una curva que tenía la velocidad marcada a la mitad, un tramo en el que no había instalado un sistema de frenado automático.

La gestión de las autoridades tras el siniestro estuvo marcada por las prisas por culpar al maquinista, eludir cualquier tipo de responsabilidad política y tratar de enterrar el asunto para la opinión pública. La primera comisión de investigación abierta en Les Corts se cerró apenas un mes después de la tragedia, justo al día siguiente de la primera concentración que realizaron unos familiares que aún estaban en shock. De hecho, al funeral oficial, celebrado apenas dos días después de la tragedia y cuando aún el número de víctimas estaba en 41, ni siquiera acudieron la mayoría.

La cercanía con la visita del Papa Benedicto XVI, el primero de los grandes acontecimientos —a los que seguirían la Fórmula 1 y la Copa América de Vela— con los que la Generalitat presidida por Paco Camps pretendía poner a “València en el mapa”(según sus propias palabras), condicionó una estrategia que supuso una situación de desamparo y maltrato institucional para las víctimas de los familiares.

El rodillo de la entonces mayoría absoluta del Partido Popular aprobó unas conclusiones en las que se cargaba toda la responsabilidad en un fallo individual del maquinista fallecido. Con el tiempo, se hizo público, gracias a una investigación periodística de la edición local de El Mundo, que una consultora, HM Sanchís, había sido contratada para apuntalar la versión oficial y realizar el argumentario con el que los directivos de FGV se exculparon de toda responsabilidad.

Si la gestión política de la tragedia añadió más dolor a los familiares, la investigación judicial supuso echar sal a sus heridas. La primera instrucción judicial de la causa, que se abrió de oficio, rechazó recopilar pruebas determinantes, con situaciones tan escandalosas como el borrado de la caja negra en los días posteriores, sin haber sido analizada por peritos independientes, y la negativa sistemática a indagar en las características técnicas que hicieron posible que un convoy que debía ir a cuarenta kilómetros por hora descarrilase al doble de velocidad. Se archivó la causa por primera vez en mayo de 2007, se reabrió en diciembre de 2007 y, en mayo de 2008, ya le dieron el carpetazo definitivo y la sección primera de la Audiencia de Valencia, presidida entonces por el magistrado Pedro Castellano, la archivó. La jueza instructora incluso autorizó la destrucción del tren siniestrado cuando aún existían dos recursos pendientes contra el archivo.

Especialmente siniestra fue la cobertura de la televisión pública valenciana, Canal 9. El día de la tragedia, con todas las televisiones estatales realizando especiales informativos, emitieron una película de indios y vaqueros

Los familiares sufrieron durante muchos años una soledad manifiesta en sus reivindicaciones. Las concentraciones que realizaban el día 3 de cada mes, con su lema ‘43 muertos, 0 responsables’, no conseguían reunir a una masa crítica de gente con la que presionar políticamente. Salvo excepciones, como la periodista Laura Ballester, que a través del diario Levante EMV trató con informaciones mantener vivo el tema en la opinión pública, el cierre de filas en torno a la versión oficial fue la tónica dominante en los medios valencianos. Especialmente siniestra fue la cobertura de la televisión pública valenciana, Canal 9. El día de la tragedia, con todas las televisiones estatales realizando especiales informativos, emitieron su programación habitual, una película de indios y vaqueros.

La importancia del programa especial de Jordi Évolé en la reapertura de la causa

La presidenta de la Asociación de Víctimas 3j, Rosa Garrote, señalaba en El Salto el pasado enero, un punto de inflexión en el apoyo social a la causa la emisión en la Sexta de un programa de Salvados sobre la tragedia en el 2013. “Nosotros tampoco teníamos medios, éramos unas personas normales, no teníamos contactos, nos faltaba ese altavoz, que eran los medios de comunicación, lo que había hecho muy difícil que nuestra lucha progresara”, expone Garrote. Romper ese cerco mediático fue posible gracias al trabajo de una pequeña productora valenciana, Barret Films, que les acompañó y ayudó a llegar al programa de Évole. “Ellos fueron los que contactaron con Jordi Évole, se enteraron que venía a Valencia a rodar un programa de Salvados y le contactaron. Cuando salió de rodar lo que estaban rodando, le estábamos esperando en la puerta, en la calle, le hicimos como un atraco”, relata Garrote.

La siguiente manifestación tras esa emisión fue masiva. Un momento en el que las víctimas se sintieron realmente acompañadas y entendidas por la sociedad. Con el cambio de gobierno de la Generalitat en 2015, se impulsó una segunda comisión de investigación, que ayudó a esclarecer lo sucedido e hizo aflorar numerosa documentación. Tanta que apostaron por reclamar judicialmente la reapertura del caso. Y aunque recayó en la misma magistrada, Nieves Molina, y su criterio continuaba siendo que no había nada que juzgar, la audiencia obligó a ir a juicio. Antes de la celebración del mismo, no obstante, varios de los acusados pactaron con la fiscalía, reconociendo los hechos que desde el principio las víctimas denunciaban.

En 2015, tras el cambio de gobierno autonómico y con una mayoría parlamentaria que incluía a todos los partidos salvo el PP, se impulsó una segunda comisión de investigación, que nueve meses después concluyó que la línea 1 no era segura y atribuyó a 13 personas responsabilidades, entre ellas al expresident Camps, que nunca recibió públicamente a las víctimas, y al exconseller Juan Cotino por “el intento de comprar el silencio de las víctimas”.