Violencia sexual
La denuncia contra el DAO señala como claves la “intimidación ambiental” y su situación de superioridad

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer Número 8 de Madrid ha citado al director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, el comisario principal José Ángel González, el próximo 17 de marzo. Lo hace después de que una mujer, subordinada del DAO, haya presentado una querella en su contra por un presunto delito de agresión sexual. En el auto, recogido por Europa Press, el juez acuerda oír en declaración a González como “querellado”.

La querella, según ha recogido la misma agencia de noticias, incluye una grabación de audio. Además, subraya las “negativas inequívocas, claras y persistentes” de la agente, alude a la “violencia física” y a la “intimidación ambiental”, y denuncia la “situación de aislamiento, superioridad física y autoridad ambiental”. El magistrado apunta que los hechos que resultan de la querella “hacen presumir la posible existencia de delitos de agresiones sexuales cuya instrucción corresponde a este órgano judicial, y practicar aquéllas esenciales encaminadas a efectuar tal determinación y, en su caso, el procedimiento aplicable”. El abogado de la víctima apunta a la supuesta comisión de delitos de agresión sexual, coacciones, lesiones psíquicas y malversaciones de caudales públicos con la agravante de abuso de superioridad. 

“La situación de subordinación institucional fue sistemáticamente instrumentalizada por el querellado para generar y mantener una dinámica relacional de control, dominación y sumisión psicológica sobre la víctima”, recoge el escrito de la denuncia

La querellante es integrante de la Policía Nacional y había mantenido en el pasado “una relación de afectividad” con el DAO, una relación que “estuvo caracterizada desde su inicio por una asimetría de poder institucional manifiesta”. “Esta situación de subordinación institucional fue sistemáticamente instrumentalizada por el querellado para generar y mantener una dinámica relacional de control, dominación y sumisión psicológica sobre la víctima, quien en múltiples ocasiones manifestó su voluntad inequívoca de finalizar la relación, viéndose impedida para materializar efectivamente dicha decisión”, señala. La relación, según el escrito, finalizó “por decisión unilateral” de la víctima, una “circunstancia” que González “no aceptó”, iniciando “a partir de entonces una conducta obsesiva de acoso y contacto no deseado que culminó con los gravísimos hechos” denunciados.

Uno de los hechos que recoge la querella habría ocurrido el 23 de abril de 2025, cuando la mujer se encontraba prestando “servicio activo ordinario en la comisaría de Coslada”. Ese día, ella habría recibido “múltiples llamadas telefónicas” de González “requiriendo su presencia de forma inmediata y perentoria”. “Ante la negativa inicial y reiterada de la víctima, quien alegó razones laborales obvias, el querellado, haciendo uso explícito de su autoridad institucional, le instó e instruyó para que abandonara su puesto de trabajo utilizando un vehículo policial camuflado de la comisaría de Coslada, con la finalidad de reunirse con él con carácter urgente”, recoge el escrito.

La portavoz del PP, Ester Muñoz, ha acusado al Ejecutivo de “encubrir a un violador”, en un Pleno en el que se han repetido las peticiones de dimisión del ministerio de Interior, quien ha dicho desconocer los hechos hasta ayer

La víctima se habría trasladado a un restaurante en el que el DAO estaría comiendo con otro comisario y, tras compartir un rato con ambos, González y la mujer se trasladaron a un inmueble. Entonces, el superior le habría propuesto subir a la vivienda, ante lo que ella mostró “su incomodidad y su deseo de marcharse”. Una vez dentro de la casa, el DAO habría servido dos cervezas e iniciado “de forma inmediata un acercamiento físico de naturaleza sexual hacia la víctima”. “Acercamiento que fue rechazado de forma verbal, expresa, rotunda y continuada por la víctima en todo momento”, añade la querella. Fue entonces cuando habría comenzado “una conducta agresiva de naturaleza sexual caracterizada por violencia física e intimidación ambiental, aprovechándose de la situación de aislamiento, superioridad física y autoridad institucional”.

A ello siguió según el escrito una “campaña sistemática, obsesiva e intensiva de acoso telefónico y manipulación psicológica sobre la víctima orientada a mantener el control sobre la víctima, minimizar la gravedad de su conducta delictiva, culpabilizar a la víctima de lo sucedido, impedir que interpusiera denuncia por los hechos” y “ofrecer compensaciones laborales como precio del silencio”. La querella de la denunciante relata una relación de abuso de poder durante tres meses de 2025 previa a su agresión.

La querella también señala que Óscar San Juan, asesor del DAO, ejerció “presiones” sobre ella “mediante el ofrecimiento de destinos laborales a elección a cambio de su silencio”, lo que consideró “un intento de compra del silencio de la víctima mediante dádivas profesionales derivadas del poder institucional del querellado”.

El DAO, en el foco del Pleno

González llevaba en el cargo desde la primera legislatura de Pedro Sánchez y de su ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska. En el año 2018 ya era considerado el segundo al mando en este cuerpo policial estatal. En la sesión de control al Gobierno en el Congreso, el PP ha aprovechado sus pregunta al Ejecutivo para responsabilizar a Marlaska de los hechos y exigir su dimisión.

Así la portavoz del PP, Ester Muñoz, ha acusado al Ejecutivo de “encubrir a un violador”, dejando de lado la pregunta que tenía prevista, que erasobre vivienda y dirigida a la vicepresidenta primera, María Jesús Montero. Montero ha acusado por ello al PP de “doble moral” por atacar al Gobierno con este asunto mientras ignora las acusaciones de acoso sexual contra el alcalde de Móstoles. Los señalamientos no han acabado ahí: el secretario generales PP Miguel Tellado ha seguido diciendo que le produce “náuseas ver a Marlaska” en el Congreso.

Marlaska, por su parte, ha asegurado desconocer la denuncia hasta ayer. El ministro ha informado de que ha apartado de sus funciones al comisario Óscar San Juan, que presuntamente coaccionó a la agente para que no denunciara. El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha salido a defender a Marlaska de los ataques del PP, a cuyos diputados acusa de “haber convertido el Congreso en un cortijo del que se creen los amos”. “Son ustedes unos inmorales”, les ha dicho Puente, alzando la voz. “Nosotros sí podemos decir que ustedes sabían del acoso del alcalde de Móstoles a una concejal del PP y lo puedo decir aquí y fuera, sin ningún problema, porque esa es la verdad”.