Derecho a la vivienda
Activistas denuncian la cesión de pisos con alquiler social del Banco Sabadell a un fondo buitre

Los accionistas que han asistido a la junta convocada por el Banco Sabadell en el auditorio de la diputación de Alicante, se han encontrado a su entrada a un grupo de militantes que denuncian la actuación de la entidad con pisos en los que actualmente residen familias vulnerables. La acción ha sido convocada por el Sindicat de Barri de Carolines, en el marco de una campaña junto al Sindicat d'Habitatge de València (SHV), que agrupa a los sindicatos de barrio de la ciudad de València. También han estado presentes militantes de la PAH de Aspe, en el marco de su campaña “Guerra a Cerberus”.

El banco, explican desde el Sindicat de Barri de Carolines, ha vendido estas casas con contratos en vigor de alquiler social. Y se las ha transferido a un fondo de inversión creado junto con el fondo buitre estadounidense Cerberus. Según afirman los militantes por el derecho a la vivienda, esta sociedad, Promontoria Coliseum, es un 20% propiedad del Sabadell.

Promontoria ha comprado estas viviendas a un precio muy reducido, vendidos por la entidad matriz, el Sabadell, sin respetar los contratos en vigor (de alquiler social) y sin intención de renovarlos

El Sabadell denomina a estas viviendas activos “no estratégicos“ o ”arriesgados“, aunque según denuncian desde el Sindicat “estos supuestos activos son en realidad pisos con contratos de alquiler social, de gente humilde que no paga una renta elevada”. Promontoria ha comprado estas viviendas a un precio muy reducido, vendidos por la entidad matriz, el Sabadell, sin respetar los contratos en vigor y sin intención de renovarlos.

La acción del Sindicat pretende visibilizar la forma de actuar del banco que “tras recibir miles de millones de dinero público, ha vendido todos estos pisos a un fondo buitre que no quiere hacer ningún contrato de alquiler”. Denuncian que incluso hay casos en los que Promontoria “ha bloqueado el cobro del alquiler y ahora lo único que se les ofrece es recompra, reclamando además la ”deuda“ acumulada desde que la propia Promontoria bloqueó los cobros”.

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En 2023, el precio medio del alquiler ha aumentado un 16% en la ciudad, hasta alcanzar un alquiler promedio de 1080 euros al mes. Analizamos los factores detrás de este alza.

Son casos en los que los residentes no pudieron hacer frente en su día a la hipoteca, aceptaron la dación en pago a cambio de un alquiler social con el Sabadell para no abandonar su vivienda, y ahora el banco ha realizado una venta que, consideran desde el Sindicat, no se ajusta al acuerdo inicial. La nueva propietaria de sus viviendas les ofrece recomprar a precio de mercado “una opción que no pueden permitirse la mayoría de los casos”, explica Elena, una de las participantes de la acción. Además, la militante relata que “hay algunos casos con proceso de desahucio abierto, o esperando que llegue la demanda, en todos los casos hay incertidumbre sobre qué va a pasar con sus viviendas habituales”.

Una opción, la de recomprar la casa, inviable para las circunstancias de vulnerabilidad en la que se encuentran la mayoría de afectadas. En Alicante el Sindicat tiene contabilizados unos 13 casos, que se suman a los siete que tiene el SHV en València. Los militantes estiman que son 800 en el conjunto del estado. Se da la circunstancia de que la mayoría de afectadas son personas especialmente vulnerables.

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El crecimiento de los desahucios ha venido acompañado de actuaciones más violentas por parte de la policía en la ciudad, que ha cargado en varias concentraciones contra las personas que trataban de impedirlos.

Situaciones de vulnerabilidad como la de M, una mujer de 68 años con un nieto a su cargo de 18 años que padece con distrofia muscular degenerativa, y es totalmente dependiente. Su caso es uno de los que viene de una hipoteca solventada con una dación en pago y un alquiler social. Desde el Sindicat denuncian que “la única opción que ofrece Solvia (inmobiliaria que pertenece ahora a Promontoria,pero que también era del Sabadell antes de ser vendida al fondo sueco Intrum en 2019) es la compra del piso, a precio de mercado, y pagando además todo el alquiler acumulado durante el tiempo que ellos mismos no quisieron cobrar”. Otro de los casos es el de una mujer de 65 años con movilidad reducida, su hija y su nieta adolescente, que también vienen de una dación en pago.

También hay otra familia con un menor con síndrome de Prader-Willi y otro caso con una menor a con síndrome de Down. Elena explica que “cada caso es distinto, aunque muchas afectadas han sufrido acoso inmobiliario, por parte de Solvia y empresas subcontratadas. Hay casos que el historial demuestra que han sufrido auténticas estafas. Después de todo el dinero que les han sacado, les quieren dejar en la calle”.