8 de marzo
Dos millones de mujeres en las calles y un proceso constituyente en curso marcan el 8 de marzo en Chile

Imposible dar dos pasos sin chocar con alguien. Cerca de dos millones de mujeres y disidencias marcharon en Santiago y miles más en las 61 ciudades del país que se sumaron a la convocatoria de la Coordinadora Feminista 8 de marzo, que hace dos años convoca a esta movilización. En 2019 fue la visibilización de las tareas reproductivas y de cuidado. En esta convocatoria del 8 de marzo, se ha dicho no al terrorismo de Estado, afirma Francisca Fernández, portavoz de la Coordinadora. Según cifras del Instituto Nacional de Derechos Humanos, al menos 490 mujeres y niñas han sido víctimas de la violencia estatal, donde 247 corresponde a tortura y tratos degradantes y 112 a violencia político-sexual.

En primeros días de marzo, la revuelta tomó fuerza. Se vio en la concentración que desde el 18 de octubre, se repite cada viernes en Plaza Dignidad. Recrudeció también la violencia estatal. Solo en los últimos días, la policía causó tres estallidos oculares y asesinó, disparándole una lacrimógena en el cráneo a Cristián Valdebenito, engrosando así el prontuario de violaciones a los Derechos Humanos del Estado de Chile.

Al igual que en 2019, la marcha se articuló en el Encuentro Plurinacional de las y les que Luchan, que congrega a mujeres y disidencias de todo el país, buscando abarcar a los feminismos en su diversidad e identificando las demandas y urgencias presentes en el movimiento, entre las que destacan la precarización de la vida, la necesidad de fortalecer la memoria histórica y frenar de inmediato las violaciones a los Derechos Humanos.

“Estamos en un contexto donde nos reprimen, donde nos matan, nos violan, nos mutilan, y donde hemos dicho ‘no más’. Y vamos a exigir el fin de la violencia política sexual. Vamos a exigir también que existan comisiones de verdad, justicia y reparación, y la liberación inmediata de todas las y los presos políticos”, afirmó Javiera Manzi, vocera de la Coordinadora en la última rueda de prensa antes de la marcha.

Un proceso constituyente con feminismos presentes

La semilla viene de antes, concuerdan las entrevistadas. Algunas señalan el mayo feminista de 2018, otras la demanda por una Asamblea Constituyente que se levanta desde hace años en el el movimiento social. La principal claridad es que las feministas han sido de las principales detractoras de la Constitución creada en la dictadura de Pinochet a finales de los años 80 y que, entre otras cosas, estableció constitucionalmente la prohibición de abortar, poniendo al feto por sobre la vida de la mujer o persona gestante.

Al inicio de las manifestaciones ya se leía: nueva constitución o nada. Tras un acuerdo, que ha recibido cuestionamientos desde algunos sectores del mundo social, se inició el proceso constituyente, que iniciará con el plebiscito del 26 de abril, donde se harán dos preguntas: si es que se aprueba el cambio de Constitución, y luego, en una segunda papeleta, se plantean los órganos posibles para redactar la nueva, entre los que están la Convención Mixta, una alternativa que incluiría en un 50% ciudadanos y ciudadanas, mientras que la Convención Constitucional estaría compuesta en un 100% por personas electas.

Con miras a esa última opción, un grupo de feministas, politólogas y parlamentarias comenzó a impulsar la paridad de género. Para ellas, al contrario de la Constitución actual, la nueva Carta Política de la República debe garantizar la participación de las mujeres desde su redacción. La idea es que estén representadas en ese espacio en una proporción similar a la que tenemos en la sociedad, es decir, al menos la mitad.

La discusión por paridad transitó practicamente todos los caminos que permite la burocracia legislativa chilena, y provocó una alianza muy pocas veces vista entre algunas parlamentarias oficialistas y las de oposición. Para Camila Rojas, diputada del Partido Comunes, el debate fue complejo, calando de manera inesperada en sectores más conservadores. “Se vieron empujados a aprobar la paridad por el contexto social que vive Chile y por la importante movilización y despliegue que tuvieron las organizaciones feministas para que esto se lograra”, explica.

No hay constitución sin mujeres: el feminismo en cada etapa

El mecanismo aprobado se trabajó junto a la Red de Politólogas y se planteó desde el principio como una garantía de legitimidad al proceso constituyente. Ya aprobada, la paridad de género abre posibilidades para vislumbrar la forma en que la sociedad civil puede incidir en el debate y también, para preguntarse cómo puede incidir el feminismo en las etapas restantes.

“En Chile los feminismos son muy diversos y no necesariamente hay un acuerdo sobre el grado de participación en el proceso constituyente. Así que, como siempre, la movilización de las mujeres y la capacidad que tengamos de instalar nuestras demandas serán claves”, explica Antonia Orellana, integrante de la Coordinadora por la Paridad del Frente Amplio, militante de Convergencia Social, y parte de las feministas de la sociedad civil que se involucraron en el proceso, socializando el debate que se dio en el Congreso e instalando la paridad como una demanda muy sentida dentro de la sociedad.

Para ella, una de las posibilidades que se abre a la hora de mantener a los feminismos involucrados en el proceso constituyente es que sigan teniendo fuerza los cabildos y asambleas autoconvocadas. “Esa puede ser una gran instancia de deliberación y rendición de cuentas para las constituyentes”, señala.

Julieta Suárez, integrante de la Red de Politólogas que trabajó activamente en la propuesta, plantea la participación ciudadana como un punto clave: “Más allá de la elección tiene que haber un mecanismo en el cual todos los cabildos y las organizaciones puedan participar y tener una voz en la Convención Constitucional”, explica, agregando que más allá de quienes integren el órgano redactor, el movimiento feminista tiene que estar presente en cada etapa del debate, velando por incluir la perspectiva de género en la discusión.

Una constitución transformadora

“Hemos estado permanentemente las mujeres y las feministas reivindicando el derecho a la transformación social y a una vida no precaria”, afirma Vesna Madariaga, vocera de las trabajadoras y sindicalistas de la Coordinadora Feminista 8 de marzo. “Las transformaciones que veríamos en una constitución feminista permitirían un buen vivir, una aproximación a la calidad de vida. Garantizaría no solo los derechos y autonomía de las personas, también específicamente de las mujeres y disidencias”. Además, añade que esta constitución debería ser plurinacional, popular, antipatriarcal y decolonial.

Antonia Orellana identifica principios de la Constitución de Pinochet que se deben erradicar: “La protección del embrión al mismo nivel de la vida de las mujeres, que será una dura batalla con grupos pentecostales y el principio de subsidiariedad del Estado, que transforma en voucher y espacio para el lucro cualquier política pública. La protección y recuperación del agua debiera ser otro punto central”, plantea.

Para Camila Rojas, es importante que se proteja a las mujeres de la discriminación tanto en el ámbito educacional como en el laboral. Además, cree que la violencia estructural debe atacarse por esta vía. “Eso tiene expresión en las pensiones, en los sueldos, en la violencia que se vive dentro y fuera de los hogares, algo que por supuesto debería estar contemplado”, reflexiona.

Julieta Suárez ve en la relación con el Estado un contrato sexual implícito, donde para que las cosas funcionen, las mujeres deben estar en casa dedicadas a las labores de reproducción, que no son ni reconocidas ni remuneradas. “Una nueva constitución tendría que poder permitir que se hagan las reformas necesarias para cambiar este orden de las cosas que está completamente naturalizado”, enfatiza.

“Esta paridad (en el órgano constituyente) es muy relevante, pero ojalá trascendiera a una paridad real. Sin corresponsabilidad, sin equidad en la casa, sin que las mujeres dejemos de tener doble jornada, es muy difícil sostener esta paridad en el poder, ya sea el político, económico,empresarial o social. Necesitamos un Estado que permita que las mujeres puedan hacer su propio destino, tal como lo han venido haciendo los hombres en los últimos siglos de historia de la humanidad”, remata Julieta Suárez.