Italia
Huelgas de hambre contra el régimen de aislamiento del preso anarquista Alfredo Cospito en Italia

Movimientos reducidos a unos pocos metros cuadrados durante 22 horas al día, con solo dos horas permitidas al aire libre. Contactos con el exterior casi inexistentes: como máximo, una visita al mes de un hora a través de un vidrio separador y un interfono; prohibición de recibir cualquier tipo de objeto, a excepción de prendas de vestir, y férreo control de la correspondencia, con confiscaciones sistemáticas. Prohibición de participación en cualquier actividad carcelaria, colectiva o individual. Completa exclusión de cualquier programa de rehabilitación o reintegración social. Alfredo Cospito, militante anarquista en prisión desde 2014, vive desde hace casi siete meses en el régimen del 41-bis, una “cárcel en la cárcel”, equivalente al Régimen FIES de las prisiones españolas, ideada para combatir a la mafia, pero que se aplica cada vez más a menudo a presos acusados de delitos políticos.

El pasado 20 de octubre, Alfredo inició una huelga de hambre como protesta ante lo que muchas voces —desde dentro y fuera de las instituciones estatales— denuncian como una auténtica tortura legal. Alfredo ha perdido ya más de 20 kilos y su estado de salud es cada vez más delicado.

El régimen del 41-bis: de la mafia al movimiento anarquista

Las condiciones en las que vive actualmente Alfredo Cospito están establecidas en el artículo 41-bis del Código Penal italiano, que fue aprobado al calor de las matanzas mafiosas perpetradas en 1992. El 23 de mayo de aquel año, más de 500 kg de explosivo abrían en dos la autopista A-29 a su paso por Capaci, en las afueras del área metropolitana de Palermo, acabando con la vida del juez Giovanni Falcone, su mujer y tres agentes de policía. Pocas semanas después, el 19 de julio, otra bomba explotaba en la Via D'Amelio de la misma ciudad. En aquella ocasión, las víctimas mortales fueron el juez Paolo Borsellino y cinco de sus escoltas.

Al día siguiente, el socialista Carlo Martelli, por entonces ministro de Justicia, firmaba un decreto que instauraba nuevas restricciones en el régimen penitenciario de 37 presos acusados de delitos relacionados con la mafia. Este documento representó el desbloqueo de lo que se convertiría posteriormente en el régimen del 41-bis: una serie de normas impulsadas meses antes por el mismo Falcone, que hasta aquel momento no habían entrado en vigor a causa de un debate interno respecto a su extrema dureza e incluso a su dudosa constitucionalidad. Un debate que no ha llegado a concluirse hoy día y que ha vuelto a encenderse en los últimos meses.

Este régimen carcelario ha sido usado para forzar la confesión de presos mafiosos, lo cual ha sido interpretado por muchos como un reconocimiento tácito de las autoridades estatales de su condición de tortura

Sobre el papel, el objetivo del régimen del 41-bis es impedir la circulación de órdenes y otro tipo de comunicaciones o mensajes entre los criminales que se encuentran en prisión, y entre estos y el exterior. Por otro lado, este régimen carcelario ha sido usado en diversas ocasiones —de forma explícita— para forzar la confesión de presos mafiosos, lo cual ha sido interpretado por muchos como un reconocimiento tácito de las autoridades estatales de su condición de tortura.

La historia de Alfredo Cospito

El militante anarquista recibió su primera condena, de diez años y ocho meses de prisión, en 2014, acusado de haber disparado a las piernas a Roberto Adinolfi dos años antes, un método de intimidación popularizado en los violentos años 70 italianos. Esta agresión al administrador delegado de la empresa Ansaldo Nucleare, reconvertida en exportadora de centrales nucleares tras el referéndum antinuclear de 1987, fue en su momento reivindicada por el Núcleo Olga de la Federación Anarquista Informal–Frente Revolucionario Internacional (FAI-FRI), una organización insurreccionalista poco conocida que afirmaba estar basada en el apoyo mutuo entre pequeñas células o grupos de afinidad. A pesar de su carácter declaradamente horizontal, “libre de mecanismos autoritarios, asociativos y burocratizadores”, el tribunal que condenó a Alfredo Cospito lo consideró “jefe y organizador de una asociación con finalidades terroristas”.

La conclusión de la operación policial Scripta Manent añadió a la acusación de Cospito otro atentado más: la explosión provocada en 2006 en una Escuela de Cadetes de los Carabinieri en Fossano, no lejos de Turín, de noche y sin causar muertos ni heridos. Tras su segunda condena a veinte años de cárcel por «masacre contra la incolumidad pública», el Tribunal de Casación reclasificó más tarde la acusación, convirtiéndola en “masacre contra la seguridad del Estado”, delito que prevé la cadena perpetua sin posibilidad de reducciones de pena, aunque no haya ninguna víctima.

Tras más de nueve años en prisión, Alfredo fue trasladado al régimen del 41-bis. Las motivaciones alegadas por la entonces ministra de Justicia del gobierno Draghi, Marta Cartabia —responsable última de la aplicación—, en acuerdo con la Fiscalía General Antimafia y Antiterrorismo, fueron que Cospito “[era] capaz de mantener contactos con representantes aún en libertad de la organización subversiva a la que pertenec[ía]”, considerando —según el decreto firmado por la ministra— que “[dicha] asociación subversiva […] est[aba] aún operativa en el territorio y se dedica[ba] presumiblemente a la perpetración de graves delitos”. Los contactos de Alfredo con el exterior consistían principalmente en cartas personales y artículos que eran publicados en distintas webs de contrainformación.

Defensa legal y solidaridad

El próximo 1 de diciembre, el Tribunal de Vigilancia de Roma responderá a la reclamación de las abogadas de Alfredo, que piden que sea devuelto al régimen carcelario normal. La decisión final dependerá del actual ministro de Justicia, Carlo Nordio, que desde la instauración del gobierno Meloni ha trabajado en dirección contraria a un mayor garantismo para las personas presas. La defensa de Alfredo considera que la ministra Cartabia se equivocó cuando alegó que su cliente mantenía contactos con la Federación Anarquista Informal, simplemente porque “esa organización ya no existe, o quizás no haya existido nunca”. Por otro lado, la defensa de Alfredo ha denunciado en repetidas ocasiones que el delito del que se le acusa “no fue aplicado ni siquiera a los autores de los atentados que acabaron con la vida de los jueces Giovanni Falcone y Paolo Borsellino”.

En contraste con la lentitud de la justicia estatal, los actos de solidaridad con Alfredo no se han hecho esperar. Solo pocos días después de que Alfredo iniciara una huelga de hambre, le siguió Juan Antonio Sorroche Fernández, militante anarquista de origen español, condenado a 28 años de prisión y a pagar 30.000 euros de indemnización tras haber sido acusado de atacar, sin provocar heridos, una sede local de la Liga Norte en agosto de 2018. El pasado 25 de noviembre, tras un mes exacto, Juan interrumpía su huelga de hambre. Posteriormente, otros dos presos anarquistas han entrado en huelga de hambre —única forma de protesta no violenta para quien vive en la cárcel— en solidaridad con Alfredo Cospito: el 27 de octubre, Ivan Alocco, preso en una cárcel francesa, y el 7 de noviembre Anna Beniamino, encarcelada en la prisión romana de Rebibbia.

Más de 200 penalistas y juristas han firmado un comunicado para denunciar lo absurdo, desde el punto de vista judicial, de la situación de Alfredo. Ha llegado incluso a convocarse una comisión parlamentaria sobre el tema, aunque no ha llegado aún a ninguna conclusión

Desde hace meses distintos grupos y colectivos, no solo de corte anarquista, en Italia y en otros muchos países han expresado su solidaridad con Alfredo Cospito y han denunciado el régimen al que está siendo sometido. En Italia, especialmente en las últimas semanas, se han multiplicado las acciones y gestos de denuncia: decenas de manifestaciones y concentraciones, interrupción de misas y espectáculos en grandes teatros, ataques a sedes y almacenes de grandes empresas y de los partidos gubernamentales, publicación de comunicados y artículos. Más de 200 penalistas y juristas han firmado un comunicado para denunciar lo absurdo, desde el punto de vista judicial, de la situación de Alfredo. Ha llegado incluso a convocarse una comisión parlamentaria sobre el tema, aunque no ha llegado aún a ninguna conclusión. Todas estas reacciones no han evitado que la historia de Alfredo Cospito se encuentre esencialmente ausente en los grandes medios, más allá de su perfilación como anarquista-terrorista.

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Pombo entró a prisión con 17 años por atracar bancos y allí formó parte de la APRE, organización que luchó desde dentro de las prisiones para acabar con el régimen de aislamiento. En enero de 2020 volvió a ser detenido por orden del Juzgado de lo Penal número 2 de Girona, que afirma que le quedan por cumplir 16 años de sentencias por hechos producidos en los 90. Unas condenas que su abogado afirma que están extinguidas o prescritas. Con 53 años de edad, Gabriel Pombo ya ha pasado más de 30 en prisión.