Ter García

Las organizaciones cannábicas reclaman el indulto para Tió, cuya entrada en prisión está fechada para el 18 de noviembre.

La Fiscalía pide seis años de cárcel para Daniel Gallardo por delitos de atentado a la autoridad y desórdenes públicos. La Audiencia Provincial juzga a otros dos manifestantes, para los que pide penas de dos años de prisión.

La propuesta del Gobierno para la reforma del “gobierno de los jueces” sorprende negativamente a los juristas, que recuerdan que la primera norma, de 1980, ha sido la más garantista de cuantas ha habido en España.

Tras un mes de juicio en Londres, la justicia británica ha anunciado que el 4 de enero, en el marco del nombramiento presidencial en Estados Unidos, hará pública su decisión sobre la extradición de Julian Assange a este país. Allí, el activista se enfrenta a 175 años de cárcel por la publicación de informaciones que llevaron a la opinión pública los crímenes de guerra cometidos en Iraq y Afganistán, o las torturas a las que son sometidos los detenidos en Guantánamo.

Lucía Muñoz Dalda, portavoz de la Comisión Mixta para el Estudio del Problema de las Adicciones y una de las personas que desde Podemos está trabajando para impulsar una ley integral del cannabis, explica los detalles sobre la futura propuesta de ley que esperan poder definir y presentar en esta legislatura.

La entrada de los fondos de inversión en el capital de privadas sanitarias provocó un casino en el que las acciones pasaron en pocos años por entidades que ganaron miles de millones de euros con estas transacciones mientras concentraban el sector en un puñado de empresas.

Antonio González Pacheco, ex policía de la Brigada Político Social en Madrid, ha muerto hoy en la clínica San Francisco de Asís.

La organización, a través de su servicio Saidavi, atendió 248 casos de violencia institucional en 2019, de los que más de 200 estuvieron relacionados con las protestas que siguieron a la sentencia del Procés.

Vecinos de los bloques de Fidere, filial de Blackstone, en Torrejón de Ardoz, denuncian que el fondo de inversión está devolviendo los alquileres pagados desde agosto para ponerles en situación de impago y facilitar su desahucio aprovechando la crisis sanitaria.

Trabajadores de la empresa de servicios telefónicos Konecta en Alcobendas denuncian que el departamento de prevención de riesgos laborales no entrega los certificados con los que pedir el mantenimiento de la baja laboral a trabajadores que son población de riesgo.

La empresa, sociedad anónima de capital 100% público, es uno de los colectivos laborales con mayor número de contagios por el covid19.

Los empleados denuncian que están trabajando sin las medidas de seguridad necesarias en obras que no son imprescindibles y reclaman al Gobierno que ordene la paralización de toda aquella obra que no responda a un sector esencial.

Desde la plataforma Defender a quien Defiende recuerdan que el estado de alarma no es excusa para la violencia policial.

Desde la patronal de sanidad privada Aspe cifran en 2.700 las personas ingresadas por coronavirus en centros privados en todo el Estado, 2.200 de ellas en Madrid.

Desde la PAH y los sindicatos de inquilinos señalan como insuficientes las medidas sobre vivienda adoptadas para hacer frente a la crisis del coronavirus: el Gobierno solo ha aplazado un mes el pago de las cuotas hipotecarias de las familias vulnerables y se ha olvidado de las miles de familias que no van a poder pagar su alquiler.

Aeopas denuncia que el comité técnico del Sinac, el organismo responsable de analizar la calidad de aguas y saneamientos, tiene representantes de empresas privadas y escasa representación de las administraciones y de las asociaciones de consumidores. El último informe del Tribunal de Cuentas sobre la calidad de agua señala serias deficiencias en su gestión.

Ceaqua lamenta que los juzgados españoles han ido archivando prácticamente todas las querellas presentadas, tanto por particulares como por instituciones, por crímenes del franquismo. La causa por el bombardeo de la aviación italiana en Barcelona es una de las pocas que sigue en fase de investigación.

El borrador de la ley, elaborado por el Observatorio Europeo del Consumo y Cultivo de Cannabis, contempla una regulación basada en el derecho al autocultivo y la regulación de los clubes de cannabis medicinal.

Daniel Gallardo fue detenido en la noche del 16 de octubre por atacar supuestamente a un policía con un palo de madera. El parte médico presentado está firmado dos horas antes de que tuvieran lugar los hechos y en otro sitio.

Doce personas se enfrentan a entre tres y seis años de cárcel por delitos de desórdenes públicos y atentado a la autoridad en el marco de la manifestación Rodea el Congreso, de diciembre de 2013.

El Juzgado de Instrucción número 39 de Madrid admite a trámite la querella interpuesta por el periodista de La Haine Jorge Correa, ‘Boro’, contra un agente de la Policía Nacional por haber presentado contra él una denuncia falsa de agresiones en el marco de la manifestación Jaque a la Monarquía en 2014.

Con esta condena, Rodrigo Lanza podría salir de prisión antes de junio de 2020.

El veredicto del jurado popular da la razón a la versión de Lanza y condena por homicidio imprudente, delito penado con hasta cuatro años de prisión. 

El informe publicado por la plataforma International Trial Watch sobre la sentencia del Tribunal Supremo señala que esta viola los derechos fundamentales por falta de previsión jurídica y por menospreciar los derechos de reunión y expresión.

Otro de los testigos afirma que Lanza atacó por la espalda pero ha negado que hubiera podido ver claramente las dos manos de Laínez para saber si portaba un arma blanca.

Desde el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid denuncian que el fondo de inversión estadounidense ha iniciado procedimientos jurídicos contra todas las familias que viven en dos de los bloques organizados contra las subidas de alquileres.

El balance provisional de las protestas ante la sentencia del Procés deja 209 personas detenidas y 623 heridas, cuatro de ellas con ojos reventados por las balas de goma disparadas por la Policía Nacional.

Con estas son ya doce las personas que han denunciado la práctica de tortura por Solsona y otros policías de la Brigada Político-Social en València. 

Joaquín Botija, médico en la clínica Santa Cristina de Madrid, está acusado del robo del bebé de Adelina Ibáñez en 1975. Por segunda vez ha eludido acudir a su juicio excusándose en motivos de salud. El magistrado ha puesto una nueva fecha de juicio para noviembre y amenaza con arrestarlo si no se presenta.

Jorge Freytter, profesor universitario y sindicalista en Barranquilla (Colombia), fue asesinado por las Autodefensas Unidas de Colombia, grupo paramilitar de extrema derecha, hace 18 años.

Alrededor de 60 observadores internacionales asistieron a las vistas del juicio al Procés en el Tribunal Supremo. Hoy explican en un informe las irregularidades que vieron en el proceso. 

El alto tribunal elimina las agravantes de discriminación y abuso de autoridad en el delito de atentado, pero mantiene en prisión a los jóvenes de Altsasu con penas de hasta nueve años y medio.

Desde Salhaketa denuncian que el Centro Penitenciario de Araba no está facilitando información sobre la muerte de A.F.N., encontrado sin vida en su celda el 21 de septiembre, y cifran en 134 las muertes producidas en prisiones españolas del Estado en los nueve primeros meses del año.

Medio centenar de trabajadores consiguen, tras un mes de huelga, que en los invernaderos del Grupo Godoy se aplique el salario mínimo interprofesional.

Desde la Red Solidaria de Acogida denuncian que el Samur Social de Madrid da como única respuesta a personas en situación de extrema vulnerabilidad un listado con hoteles y pensiones baratos.

Desde Alerta Solidària afirman que esta operación contra los movimientos independentistas catalanes tienen como objeto coartar las manifestaciones del 1 de octubre o por la sentencia del juicio al Procés y denuncian la “guerra sucia mediática” que se está llevando con el caso a pesar de estar bajo secreto de sumario.

El Tribunal Supremo ha escuchado hoy a los abogados de las defensas de los ocho jóvenes condenados a entre dos y 13 años de cárcel por la pelea de bar con dos guardias civiles en Altsasu. Los abogados de la defensa señalan irregularidades que van desde que las relaciones de la juez, Concepción Espejel, con la Guardia Civil, a la denegación sistemática de testigos presenciales.

La sala que analizará la sentencia está formada por varios de los jueces que juzgaron el Procés y que mantuvieron la inhabilitación de Arnaldo Otegi, lo que impidió que se presentara a las elecciones al Parlamento vasco de 2016.

Fiscalía, AVT y las defensas de las 47 personas acusadas en el sumario 11/13, por dar apoyo a presos de ETA, acuerdan penas de prisión de entre uno y tres años y medio de cárcel. 

Desde CGT reclaman una tasa de reposición de trabajadores del 108% con la que aliviar la falta de plantilla en el sector ferroviario tras una década de pérdida de plazas.

El Juzgado de lo Social número 21 de Madrid reconoce la relación laboral y condena a la Carlos III a readmitir a una becaria despedida tras dos años haciendo labores administrativas.