Àpunt
À Punt adopta el modelo de Canal 9

À Punt nació en 2018 como parte de una promesa electoral del gobierno del Botánico que contaba con el apoyo de las izquierdas valencianas del PSOE, Compromís y Podemos. Era la respuesta de la izquierda a un impulsivo y traumático cierre de Canal 9 en 2013, bajo la presidencia de Albert Fabra, contra la anulación judicial de la ERO. En aquel momento, la radiotelevisión valenciana se había reconvertido en Nou, que en los planes de Fabra suponía cambiar la imagen del ente público y recortar la plantilla y el presupuesto.

En los años anteriores, Canal 9 había vivido un proceso de degradación que duró años, a pesar de que, a la vez, tenía un segundo canal, Punt2 o Nou2 y una radio, que se mantuvieron más próximos en el sentido fundacional. El derroche —que llegó a 1.200 millones de euros de deuda—, la corrupción, la privatización, el control político, la manipulación informativa o la telebasura fueron protagonistas del ente público durante años. Una situación que se podría repetir, según diferentes movimientos sociales valencianos, a partir de la nueva ley de À Punt, aprobada el pasado verano con los votos de PP y Vox.

La elección el pasado enero de un nuevo Consejo de Administración totalmente monocolor y los recientes nombramientos tanto de un nuevo presidente como de un nuevo director han encendido las alarmas en la sociedad civil por una posible vuelta al modelo de Canal 9

Ahora, la elección el pasado enero de un nuevo Consejo de Administración totalmente monocolor y los recientes nombramientos tanto de un nuevo presidente como de un nuevo director han encendido las alarmas en la sociedad civil por una posible vuelta al modelo de Canal 9. En cuanto a la elección del Consejo de Administración, José Ignacio Pastor, de la Asociación Ciudadanía y Comunicación (ACICOM), cree que ha sido un error que Compromís y el PSOE no hayan propuesto a personas para el Consejo de administración de À Punt, aunque fueran solo dos. “No se ha denunciado suficientemente el abuso que hace el PP y la extrema derecha para ocupar espacios que no los corresponden”, añade.

En cuanto a los nuevos directivos, tanto Vicente Ordaz, nuevo presidente de la corporación, como Francisco Aura, nuevo director de À Punt, proceden de medios vinculados a la conferencia episcopal como por ejemplo COPE y 13TV, respectivamente. Aura, además, ya formó parte del equipo directivo de Canal 9 durante periodos especialmente polémicos. De hecho, la izquierda parlamentaria ya lo ha tildado de comisario político y promotor de telebasura.

Pastor critica que en este nombramiento “no ha existido ningún tipo de concurso público, ni convocatoria”, ni transparencia, ni han presentado cuál es su proyecto para el ente público “como sí que se había hecho en anteriores convocatorias de la Corporación Valenciana de mediados de Comunicación”.

Modelo de Canal 9: manipulación y telebasura

La nueva ley de la Corporación Audiovisual de la Comunidad Valenciana (CACVSA), que sustituye la elaborada por el Botánico en 2016 no está bien valorada por los movimientos sociales valencianos. Para Pastor, ha sido una ley innecesaria y “difícilmente justificable, ni por como está redactada, ni por su urgencia, ni su tramitación”. El presidente de ACICOM critica duramente la “total falta de participación, tanto de la sociedad valenciana como de los órganos estatutarios valencianos”.

“Es muy negativa para la pluralidad informativa porque elimina los mecanismos de control, rebaja el uso del valenciano y recuerda en la época en que la televisión valenciana era citada como ejemplo de la manipulación periodística”, nos explica Vicent Marco, presidente de la Unión de Periodistas Valencianos. “Pasamos de una televisión diversa y neutral, a una que puede estar al servicio de un partido, como pasa con Telemadrid o Televisión de Galicia”, añade Marco.

El ente público pierde autonomía a partir de la desaparición de los sistemas de equilibrios y fiscalización cuando se pasa de un organigrama plural y participado como por ejemplo “el Consejo de la Ciudadanía—propuesto en gran parte por la sociedad civil—y el Consejo Rector plural donde participaba el comité de empresa” a un Consejo de Administración monocolor, explica Pastor, quien se muestra crítico con la exclusión y la inacción del Consejo del Audiovisual valenciano. Eran órganos que dentro del ente, junto con el Consejo de Informativos, podían denunciar irregularidades e intentos de control político. Además, Pastor indica que este ataque a la independencia del servicio público de comunicación se ha hecho presentando “cortinas de humo para despistar con declaraciones grandilocuentes sobre un nuevo impulso al audiovisual y la hipertrofia legislativa y de la administración”, indica.

“Hemos vuelto al organigrama y a la organización del antiguo Canal 9. Estamos expectantes a ver cuáles son los cambios, cuál es el desarrollo reglamentario y, a partir de aquello que paso, actuaremos”, concluye Marco. Este indica como “algunos compañeros están buscando salir de la corporación porque no comulgan con el futuro que empieza a averiguarse”. El presidente de la Unión de Periodistas cree que “la telebasura despacio volverá, como si esto llevara más audiencia (que no lo hace)”, indica. “Se ha llegado a decir desde presidencia de la Generalitat, que es de quien depende directamente À Punt, que iba a hacerse una revolución y convertir los medios públicos en una opción de negocio”, explica Rafa Alborch de la Intersindical Valenciana, quien había estado representando de la plantilla en el Consell Rector de À Punt. Alborch señala que son declaraciones que “nos recuerdan épocas anteriores” de derroche y corrupción a la antigua RTVV.

Reconexión con la información sobre la dana

Los movimientos sociales valencianos ponen en valor la tarea informativa de À Punt sobre la dana. “Queremos recalcar como con la dana se ha hecho patentiza la necesidad de tener unos medios de comunicación que estén autocentrados: centrados en el País Valenciano”, afirma Zahia Guidoum, coordinadora de Decidim, una de las entidades convocantes de las cuatro manifestaciones que han pedido la dimisión de Mazón después de la dana. Guidoum reclama unos medios públicos valencianos que sean independientes y críticos e indica que “À Punt ha tenido muy buena cobertura” sobre la dana, a pesar de que señala algunos momentos en los cuales “ha parecido que ha habido mayor control político”. Añade que creen “que ahora mismo está dando un servicio público importante y que esperamos que continúe siéndolo y que no se convierta en un servicio censurado que vuelva al modelo oscuro de Canal 9”.

De hecho, ha habido momentos de tensión entre el ente y el gobierno actual hasta el punto que el presidente de la Diputación de València, Vicente Mompó, ha acusado a À Punt de contribuir al “linchamiento” del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, por la gestión de la dana, acusación a la cual ha respondido el Consell de Informativos. Cuando ocurrió la dana, los informativos de À Punt llegaron al 21% de cuota el día de los acontecimientos y al 14% durante aquella semana, mientras que los del mediodía llegaban al 8%, cuando sus datos habituales sueño inferiores al 5%. “En medio de toda esta situación, À Punt se ha mostrado útil y necesaria”, concluye Guidoum.

Menos valenciano

En su redactado, las leyes de Canal 9 y de À Punt de 2016 hacían una referencia explícita a la promoción del valenciano, en la de 2016, el valenciano era la lengua vehicular, no es así en la aprobada en 2024. “Estamos expectantes a ver qué pasa con el libro de estilo que definirá el modelo lingüístico”, indica Marco. Desde la Intersindical, Alborch se muestra preocupado por “el aumento de la programación en castellano, especialmente en el cine”, y porque cada vez hay “más tertulianos que solo hablan castellano”.

“La insistencia para igualar el castellano y el valenciano en el servicio público es una trampa, porque no se puede hablar de igualdad lingüística sin tener en cuenta el contexto. El valenciano está prácticamente desaparecido del resto de la dieta mediática que podemos recibir la ciudadanía”, indica Pastor. De hecho, un incremento que parece claro con las últimas afirmaciones del nuevo presidente del ente en este sentido.

Pastor añade, además, que “desde la Presidencia de la Generalitat se intenta modificar el modelo lingüístico” cuando esto “corresponde estatutariamente a la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL)”. El presidente de ACICOM explica que “están imponiendo por la puerta de atrás un nuevo modelo basado en el ‘valenciano de la calle’, cosa que genera un falso conflicto con el valenciano normativitzat que se enseña en las escuela y que dicta la AVL”.

Sin cuota para el audiovisual valenciano

“La ley elimina la cuota mínima de producción valenciana que hay que contratar, por lo tanto, se abre la puerta al hecho que el sector sufra mucho y sean grandes productoras—de Madrid, principalmente— aquellas que hagan toda la programación”, explica Marco. En general, en el ámbito presupuestario del ente, la nueva ley mujer total libertad al nuevo gobierno cuando la anterior ley garantizaba un presupuesto de entre el 0,3 y el 0,6% del presupuesto total de la Generalitat Valenciana.
Sin convenio, ni oposiciones

En cuanto a la situación laboral, “si bien por ahora no se han producido despidos, hay un problema de falta de personal que se arrastra desde el Botánico”, indica Alborch, quien añade que esto se ha podido “comprobar con la cobertura especial de la dana, donde se han doblado turnos y se han hecho muchas horas extras que se tendrán que compensar”, afirma el miembro de la Intersindical Valenciana. Una plantilla de 500 trabajadores que no tiene convenio de empresa, el primer intento del cual fue rechazado por la Consellería de Hacienda en 2021.

Para el sindicalista, a la precarización se añade que con el gobierno de Mazón se han suspendido las oposiciones que se habían convocado a finales de la pasada legislatura. Desde la Unió de Periodistes, consideran que esta suspensión “es un drama para toda una generación de jóvenes periodistas que ven como se los cierra el acceso a la radiotelevisión pública, de nuevo”. Pastor critica que el Botánico “se durmió y no tuvo agilidad para convocar las oposiciones y generar la necesaria estabilidad a la plantilla” y evitar la actual interinidad e incertidumbre entre los trabajadores. En su opinión, la oferta pública de trabajo “tendría que haber salido mucho antes”.

¿Un impulso insuficiente?

“El Botánico puso en marcha medios para garantizar el servicio público de comunicación”, explica Pastor. Una de las herramientas para prevenir modelos como los de Canal 9 había estado abrir la participación en el ente a organizaciones sociales y trabajadores más allá de los partidos políticos. Ahora mismo, todavía es una incógnita en qué situación quedarán el Libro de Estilo, que regula la línea editorial, y el Consejo de Informativos, que tiene que garantizar la independencia de la redacción.

Alborch incide que no se siguieron las recomendaciones de los informes de los expertos que reclamaban un mayor presupuesto y “una plantilla suficiente para poner en marcha À Punt”, y que ha echado por una “excesiva externalización de puestos de trabajo y de programación”. El presupuesto no está “a la altura de las otras radiotelevisiones autonómicas con lengua propia”, añade el sindicalista. Si el presupuesto de À Punt fue 73 millones de euros en 2024: la radiotelevisión gallega tuvo 120 millones; la vasca, 180 millones; Canal Sur —que no tiene lengua propia— tuvo 150 millones y quedó muy lejos de los 336 millones de la radiotelevisión pública catalana. Pastor critica, también, el que considera falta de ambición para promover el sistema audiovisual valenciano, promover la lengua en colaboración con el tejido social de defensa del valenciano o la colaboración con las otras televisiones públicas del dominio lingüístico catalán.

Marco considera que, errores puntuales aparte, “À Punt ha hecho, y continúa haciendo, un gran trabajo difundiendo la realidad del pueblo valenciano, gracias al hecho que hay grandes profesionales dentro”. Para Marco, “el resto de materias son legislables, como hemos visto, por eso se han modificado”. Desde Decidim, “pensamos que en el Botánico no se blindó suficientemente À Punt”, y apuestan por el papel clave y vertebrador de una radiotelevisión pública valenciana que impulse el uso de la lengua propia y aporte una perspectiva autocentrada. “Esperamos que los contrapesos que les pusieron sean suficientes para garantizar el servicio público” concluye Guidoum.

Si bien, Marco descarta, por ahora, un nuevo cierre, “todo es posible, aunque ahora, como es mucho más económica y las audiencias son inferiores, molesta menos”. En cómo se acaban desarrollando las cosas, parece clave que el PP continúo gobernando en la siguiente legislatura, cosa que los permitiría consolidar el desguace de À Punt que ya han iniciado.