Abusos a la infancia
Las madres, clave en la denuncia de los abusos sexuales a la infancia

Las principales personas que activan el proceso para destapar un caso de abuso sexual a la infancia son las madres, que son quienes notifican en un 28% de los casos. Las propias víctimas lo hacen un 20,9% de las veces, mientras que tan solo en un 2% de los casos son profesionales del ámbito educativo o sanitario quienes notifican un posible caso de abuso sexual, si bien en el 34,9% de los casos no consta quién notifica a las autoridades el abuso sexual y el resto se reparte entre otros familiares, otros profesionales u otras personas conocidas de la víctima.

Son datos del informe Por una justicia a la altura de la infancia de Save the Children, presentado este jueves 5 de octubre, que analiza casi 400 sentencias de los años 2021 y 2022. En el apartado de quién notifica los delitos, hay pocos cambios con respecto al periodo anterior analizado, pero sí se detecta que la madre pasa a ser la figura que notifica con mayor frecuencia, ya que en el periodo anterior analizado suponía un 28% frente a un 33,8% donde eras las propias víctimas quienes lo hacían, seguido de un 13,7% donde eran ambos progenitores —cifra que supone el 5,2% en el informe más reciente—.

Es decir, la implicación de las madres en la notificación se mantiene e incluso aumenta, en un contextoen el que el sistema judicial señala y culpabiliza a las madres que denuncian abusos a la infancia, como detallaba otro informe publicado en marzo de este año. 

En ese sentido, Cristina San Juan, especialista en violencia contra la infancia de Save The Children, advierte: “Nos preocupa que pueda afectar a esa notificación, porque los abusos a la infancia siempre hay que notificarlos, no solo cuando los conocemos sino ante cualquier sospecha; no hay que constatar el hecho delictivo sino que ante señales de que un niño o niña puede estar sufriendo violencia hay que ponerlo en conocimiento y que el entorno sea protector, aunque esta obligación sea reforzada para profesionales, como establece la ley”.

Sobre el escaso porcentaje de notificaciones por parte de profesionales de la educación y de la sanidad —tan solo un 2%—, la experta en violencias contra la infancia Cristina San Juan advierte de la necesidad de seguir trabajando

San Juan se refiere a la Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI) aprobada en junio de 2021 y que entre otras medidas de calado introducía el deber de toda la ciudadanía de poner en conocimiento de las autoridades cualquier situación de violencia contra la infancia de la que tenga constancia. 

Sobre el escaso porcentaje de notificaciones por parte de profesionales de la educación y de la sanidad, San Juan ante la necesidad de seguir trabajando, porque la cifra es escasa. “Cuando llegamos al sistema judicial ya es tarde, en la fase previa hay que formar a los profesionales y que conozcan los protocolos”, explica haciendo referencia de nuevo a la LOPIVI, que contempla la obligatoriedad de esta formación. “Estos tienen que ser entornos seguros, la definición de un entorno seguro implica esa formación especializada a los profesionales”. “Cuando las familias denuncian, hay que proteger a esas familias que actúan como entorno protector”, asegura.

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Uno de cada cinco niños sufre algún tipo de violencia sexual, cuando esta violencia se denuncia empieza una espiral de descrédito.

El informe ofrece otros datos relevantes: los agresores son en su mayoría personas conocidas, los abusos se producen en entornos conocidos y existe un marcado componente de género en las víctimas, ya que en el 80,3% de los casos analizados las víctimas son niñas y chicas adolescentes, una tendencia que se mantiene con respecto al periodo anterior.

La media de edad a la que comienzan los abusos sexuales mantiene la misma tendencia, alrededor de los 11 años. En el periodo 2021-2022 un 50,6% de los abusos se produjeron entre los 10 y los 14 años, mientras que en el periodo 2019-2020 veíamos que el 44,7% de casos comenzaban entre los 13-16 años.

En un 3,8% de los casos se menciona que la víctima tiene algún tipo de discapacidad, aunque no se especifica más. Sin embargo, en 28,9% de los casos no consta nada al respecto y en el 67,3% se confirma que se trata de víctimas sin discapacidad.

Hacia un ajusticia especializada, como establece la ley

Catalina Perazzo, directora de incidencia social y política en Save the Children, ha explicado cómo los datos de violencias denunciadas son solo la punta del iceberg, ya que se estima que solo un 15% se denuncian. Pero es que, además, el informe detalla la revictimización que el proceso judicial supone para las víctimas: un dato que detecta es cómo ha aumentado exponencialmente el tiempo de duración de los procesos: en el periodo analizado anterior, el 67,3% de los procesos se habían resuelto a los dos años, mientras que ahora solo el 23,5% lo ha hecho en ese mismo intervalo.

Un 24% de los procesos judiciales estudiados entre 2021 y 2022 duraron entre dos y tres años. En el periodo 2019-2020 veíamos que la mayoría de los procesos se concentraban en la franja de uno a dos años, lo cual supone un aumento de la duración del proceso con el periodo actual de estudio.

Si se analiza el acumulado, se ve que se incrementa el número de casos no resueltos en un tiempo deseable. Por ejemplo, en el periodo 2019-2020, el 67,3% de los procesos se habían resuelto a los dos años. Sin embargo, para el periodo actual de 2021-2022, solo el 23,5% se han resuelto en ese mismo intervalo. En el 88,3% de los casos hay condena, de manera que la tendencia se mantiene. De las 56 absoluciones analizadas, 38 fueron por falta de pruebas.

Las víctimas siguen teniendo que declarar más de una vez, llegando a declarar antes del juicio hasta tres veces, por los que para Save The Children urge la implantación de la prueba preconstituida y del modelo “barnahus” que reúne a los diferentes especialistas bajo un mismo techo

Una de las conclusiones más claras del informe es que las víctimas siguen teniendo que declarar más de una vez, llegando hacerlo antes del juicio hasta tres veces en policía, fiscalía y juzgado, por lo que Save The Chidren recuerda la obligatoriedad de instaurar la prueba reconstituida —la grabación del testimonio en condiciones de seguridad para las víctimas— para que no tengan que repetir esa declaración, si bien advierte de que las sentencias analizadas son de 2021 y 2022, por lo que muchos de los casos son anteriores a la aprobación de la ley.

Además de utilizar la prueba preconstituida, la organización recuerda la conveniencia de habilitar lugares adecuados para la declaración de niños, niñas y adolescentes, como son los “barnahus”. Este modelo se basa en la idea de contener todos los servicios necesarios bajo el mismo techo, de modo que un mismo equipamiento reúne a todos los especialistas necesarios para detectar y denunciar abusos sexuales contra la infancia, y ha sido implantado en Tarragona, y que Andalucía, Euskadi, Cantabria, Comunitat Valenciana, Comunidad de Madrid, Islas Baleares o Navarra quieren implantar también.

Save the Children recuerda que es necesario que el Gobierno desarrolle una legislación específica que marque el camino para esta justicia especializada que pueda garantizar los derechos de los niños y niñas que han sido víctimas de cualquier tipo de violencia, como son los abusos sexuales, para lo cual pide crear juzgados especializados,una Fiscalía específica de violencia contra la infancia y la formación de todos los operadores jurídicos, entre otras medidas.