Activismo
Futuro Vegetal apaga la M30 para protestar por el acoso contra el activismo ecologista

Una activista del colectivo Futuro Vegetal se ha encaramado en la mañana del jueves 13 de julio a una señal lumínica de la M30 en Madrid, forzando a la paralización del tráfico durante unos minutos por cuestiones de seguridad, según ha explicado el colectivo en sus redes sociales.

La acción se ha saldado, informa Futuro Vegetal, con tres detenciones: la de la activista, la de una mediadora y la de un periodista. La protesta forma parte de la campaña contra el “abuso y acoso que sufren las activistas por parte del Estado y de sus fuerzas represivas”, explica el colectivo.

El 10 de julio, la plataforma Defender a quien Defiende (DqD) lanzó un comunicado en el que ha identificado que en los últimos dos años las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado español han endurecido su acción a la hora de reprimir las protestas del movimiento ecologista. DqD ha dado seguimiento y sistematizado la respuesta represiva contra Futuro Vegetal, siendo un caso paradigmático y representativo que permite ilustrar la criminalización y persecución que está sufriendo el movimiento ecologista. 

Desde enero de 2022 hasta hoy, DqD ha contabilizado al menos 131 vulneraciones de derechos, documentadas en un total de 34 acciones realizadas por el colectivo ecologista. Entre las vulneraciones sistematizadas destacan 49 detenciones y, en algunos casos, con uso excesivo de la fuerza (30 de ellas se produjeron sólo durante el mes de abril) y 5 casos de presuntos malos tratos, tortura y humillaciones en comisaría. Es importante señalar que el colectivo tiene 29 procedimientos penales abiertos y se enfrenta a una reclamación de, como mínimo, 57.800 euros. 

Defender a quien Defiende recuerda que el derecho a la protesta es básico como uno de los mecanismos efectivos de participación ciudadana en asuntos públicos. Esto está reconocido en la normativa estatal (artículo 21) e internacional a través del derecho de reunión y manifestación. Asimismo, DqD apunta que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos reconoce la desobediencia civil como una forma legítima de acción. Cabe recordar que tal como denuncia la plataforma, en junio de 2022, las Naciones Unidas precisaron que era necesario generar una figura específica centrada exclusivamente en la protección de las personas activistas medioambientales.

El 29 de junio, cuando la Ley de Seguridad Ciudadana cumplía ocho años desde su aprobación por el gobierno de Mariano Rajoy, organizaciones sociales alertaban de sus consecuencias: Ya han sido sancionadas más de 250.000 personas, muchas de ellas activistas y periodistas, por ejercer pacíficamente su derecho a la protesta o tratar de documentar la actuación policial.

Así se recoge en un comunicado conjunto emitido por las organizaciones Amnistía Internacional, Greenpeace, Iridia, Novact, Defender a Quien Defiende, Comisión Legal Sol, Rights International Spain y la plataforma No Somos Delito. Añaden además que al menos diez organizaciones, “que no suponen una amenaza para la seguridad ciudadana”, han sido multadas.

“Todos los partidos deberían rechazar que hoy en día sea sancionable casi cualquier conducta en el marco de una protesta pacífica, como indica la Comisión de Venecia del Consejo de Europa, o que queden impunes las actuaciones ilegales de agentes de las fuerzas de seguridad que se exceden en sus funciones”, destacaban estas organizaciones que, antes de que se hiciera público el programa del PSOE, exigían a los partidos políticos a que se comprometieran con la derogación de la ley mordaza en los primeros seis meses de la próxima legislatura.

Ante la convocatoria de elecciones generales para el próximo 23 de julio, las organizaciones reclaman a todos los partidos políticos la protección del derecho a la protesta como parte central en sus programas electorales. “Es necesario que hagan realidad el compromiso asumido por escrito ante la sociedad civil en febrero de 2015 y terminen el trabajo que empezaron en la última legislatura. Los partidos estuvieron cerca de aprobar una reforma, pero, finalmente, el bloque que sostenía la legislatura y era partidario de la modificación no alcanzó un acuerdo y esta ley sigue en vigor”, aseguran las organizaciones.