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Argelia da un revés a Madrid y activistas en Egipto y en Sudán se juegan la vida ante regímenes autoritarios

Argel responde al apoyo de Moncloa a la ocupación marroquí del Sáhara Occidental y defensores de la democracia se enfrentan a líderes dictatoriales en el Cairo y en Khartoum, mientras 42 niños palestinos pierden su residencia debido a la discriminación de las leyes israelíes.
Abdelmadjid Tebboune
Abdelmadjid Tebboune. Foto: US D. State

Las autoridades de Argelia han pasado a la acción y han suspendido relaciones comerciales con Madrid como respuesta a la comparecencia de Pedro Sánchez en el parlamento español el pasado miércoles, en el que ratificaba su apoyo al mandatario marroquí, Mohamed VI, en territorio saharaui. En Egipto, el activista Alaa Abdel Fattah, una de las caras más conocidas de las revueltas de 2011, lleva tres meses en huelga de hambre aunque una organización egipcia de derechos humanos supuestamente independiente del régimen lo niega públicamente.

En Khartoum, la sociedad civil se niega a sentarse con los autores del golpe de estado que descarriló la transición democrática en 2019, mientras sufren la violencia en las calles a manos de las fuerzas de seguridad, que acallan cualquier oposición al nuevo liderazgo militar. En la Palestina ocupada, las autoridades continúan con su proyecto de judaización del territorio y planean el derribo inminente del edificio en el que residen 12 familias palestinas, con un total de 74 residentes.

Argelia suspende relaciones comerciales con el estado español

Argelia pasa de las palabras a los hechos. Las autoridades del país magrebí comenzaron a aplicar ayer la suspensión unilateral de los intercambios comerciales con el estado español, una medida anunciada en un comunicado de la cual se desconoce el alcance en la práctica. El presidente argelino, Abdelmajid Teboune, había anunciado un día antes la suspensión del Tratado de Amistad firmado el 2002 y que enmarcaba las buenas relaciones entre Madrid y Argel. 

Ambas acciones por parte de las autoridades argelinas pretenden visibilizar la disconformidad de Argelia con el giro que Madrid dio en abril, cuando rompió con la política que había mantenido desde décadas atrás como potencia administradora en el Sáhara Occidental al reconocer la soberanía de Marruecos, que ocupa parte del territorio en lo que supone una infracción del derecho internacional. El Sáhara Occidental es uno de los varios motivos que mantienen a Argelia y Marruecos enemistados, siendo países limítrofes pero con fronteras terrestres cerradas desde 1994. 

A pesar del empeoramiento de relaciones con Argel, miembros del gobierno español se han mostrado confiados de que Argelia no cortará el subministro de gas al estado español, que recibe de su vecino magrebí el 40% del gas que consume

El golpe encima de la mesa de Argelia llega después de que el presidente español, Pedro Sánchez, compareciera en el parlamento el miércoles para posicionarse de nuevo al lado de Marruecos en la cuestión saharaui. A pesar del empeoramiento de relaciones con Argel, miembros del gobierno español se han mostrado confiados de que Argelia no cortará el subministro de gas al estado español, que recibe de su vecino magrebí el 40% del gas que consume.

Muchos ven el origen de la espiral que arrastra a Argel, Rabat y Madrid en el tuit que publicó Donald Trump en noviembre de 2020, en el que reconoció la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental. Aquello hizo sentir al mandatario marroquí, Mohamed VI, que podía ejercer presión sobre sus vecinos para conseguir sus objetivos regionales. Lo ocurrido en mayo de 2021 lo demuestra: Marruecos provocó un terremoto político en Madrid al abrir la frontera con Ceuta durante dos días. Aquello permitió la entrada de 8000 personas, muchas de ellas adolescentes, explotando los temores migratorios que tanto asustan a los poderes europeos.

Bruselas, por su parte, ha llamado a Argelia a reconsiderar su posición. El portavoz de la Comisión Europea, Eric Mamer, ha avanzado que se está “estudiando el impacto de la medida”, aunque por ahora es imposible saber sus implicaciones, “puesto que solo se trata de un anuncio por parte de las autoridades argelinas”.

El preso político Alaa Abdel Fattah mantiene la huelga de hambre tres meses después

Las autoridades egipcias lo niegan, pero Alaa Abdel Fatah, preso político encerrado en la temida cárcel de Wadi el-Natrun, continua con la huelga de hambre que mantiene desde tres meses atrás. El conocido activista, una de las caras de las revueltas de 2011 que desencadenaron en la caída del autócrata Hosni Mubarak, lleva 70 días sin comer, según afirman sus familiares. 

El Consejo Nacional por los Derechos Humanos (NCHR, por sus siglas en inglés), sin embargo, contradice la versión de la familia Abdel Fatah. Miembros del Consejo, un grupo supuestamente desvinculado de las autoridades egipcias aunque existan dudas sobre su independencia, visitaron el centro penitenciario el lunes, donde supuestamente llevaban a cabo el seguimiento de la condición de múltiples presos. Uno de los detenidos que recibió la visita del NCHR habría sido el propio Abdel Fattah, que se encontraría “en un estado de salud estable y con funciones vitales normales”, según el mismo grupo. El NCHR añadió que el preso “recibe todos los suplementos nutricionales atribuidos por el centro penitenciario, además de la comida y la bebida proveída por su familia semanalmente”.

Abdel Fattah, fue encarcelado primero por organizar protestas contra la ley que prohibía manifestaciones y más tarde por supuesta violación de la seguridad nacional

La hermana del detenido, Mona Seif Abdel Fattah, ha desmentido el informe de NCHR a través de una publicación en Facebook. Ahora, el detenido pretende deshacerse de su nacionalidad egipcia, algo que a otros presos políticos les ha servido en el pasado para salir de las cárceles. El activista Abdel Fattah consiguió precisamente la nacionalidad británica en abril, puesto que su madre, la también activista Laila Soueif, nació en Londres.

“Podría pensarse que adquirir la nacionalidad británica cambiaría algo en el caso de Alaa”, comentó Soueif a The Guardian. Pero, al parecer, la ministra de Asuntos Exteriores británica, Liz Truss, no estaría atendiendo el caso del preso egipcio: “creo que se quiere mantener alejada del caso, a pesar de lo crítica que es la situación”, concluye la madre de Alaa, que añade que “el silencio es ensordecedor”. Egipto y el Reino Unido mantienen fuertes lazos, puesto que Londres es la capital con la que el Cairo tiene más negocios en marcha y también la que le suministra material armamentístico por valor de unos 24 millones de dólares anuales.

La cárcel de Wadi el-Natrun, a la que muchos conocen como “el valle del infierno”, está ubicada en el medio del desierto y tiene encendidas potentes luces fluorescentes las 24 horas del día. Abdel Fattah, fue encarcelado primero por organizar protestas contra la ley que prohibía manifestaciones y más tarde por supuesta violación de la seguridad nacional. Su caso es el más conocido de entre los al menos 60.000 presos políticos que grupos defensores de los derechos humanos estiman que hay en Egipto, siendo víctimas de torturas sistemáticas y de condiciones infrahumanas.

La sociedad civil en Sudán se niega a negociar con los golpistas

La ONU intenta sentar en una misma mesa en Sudán tanto a los generales golpistas como a los grupos y civiles defensores de la democracia, pero estos últimos no están dispuestos a participar. El general militar sudanés Abdel Fattah al-Burhan lanzó el golpe de estado en octubre y por ahora su asalto al poder sigue en pie. El golpe puso fin a la transición democrática que el país atravesaba desde 2019, cuando unas revueltas terminaron con las tres décadas de dominio de Omar el Bashir, y ha dado comienzo a un periodo de bloqueo político que se caracteriza por la violencia en las calles contra quien alce la voz en oposición al nuevo dominio del ejército.

La ONU intenta sentar en una misma mesa en Sudán tanto a los generales golpistas como a los grupos y civiles defensores de la democracia, pero estos últimos no están dispuestos a participar

A pesar de los esfuerzos de la ONU, de los Estados Unidos y de un puñado de estados africanos, las Fuerzas por la Declaración de la Libertad y el Cambio —una alianza conjunta de organizaciones políticas y grupos de oposición civiles— boicotea los encuentros planteados por la ONU, en un intento de dinamitar el proceso que supuestamente debe llevarles a la democracia de la mano con los militares golpistas. El boicot hacia las reuniones en Khartoum, a las que solo han asistido representantes del bando golpista, se ha traducido hoy en una reacción violenta contra manifestantes en las calles.

Hay fuentes que hablan de al menos 20 personas muertas desde el asalto por las balas de las fuerzas de seguridad; otras, como el Comité de Doctores de Sudan, registran más de 100. Otros grupos profesionales, como los Abogados de Emergencia en Sudán, alertan del aumento en las desapariciones forzadas desde el golpe del pasado 25 de octubre.

La municipalidad israelí deja sin casa a 42 niños palestinos en Jerusalén

Un departamento de la ONU encargado de proteger los derechos humanos en los territorios ocupados palestinos denunció esta semana el plan de las autoridades israelíes para demoler un edificio en el Jerusalén ocupado en el que residen 12 familias palestinas, un total de 74 personas. La demolición, contra un edificio ubicado en el barrio de Silwan, es de caracter inminente.

La municipalidad israelí ha llamado a los residentes del edificio a abandonar la casa durante los próximos días. En el edificio residen 42 niños como la pequeña Maryam, residente del edificio desde que nació. Tímida, frente al edificio, explicaba a las cámaras de la ONU su relación con su hogar: “Esa de ahí es mi habitación”, decía señalando con el dedo uno de los balcones: “Allí es donde guardo mi ropa y muchas cosas bonitas”.

Como en la mayoría de demoliciones, el pretexto de las instituciones israelíes es la ausencia del permiso de construcción israelí, un documento que las propias autoridades israelíes no expiden a los residentes palestinos. Desde el inicio de 2022, un total de 307 edificios han sido derruidos en Cisjordania, incluyendo Jerusalén Este, dejando sin hogar a 437 personas. Durante el 2021, a pesar de la situación pandémica, los edificios derruidos —entre los cuales no solo se cuentan viviendas, sino también locales comerciales o granjas— fueron 911, afectando un total de 1209 personas.
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DIXI
11/6/2022 14:44

......el gas.....el gas ....el gas...
....peligra el gas......
.....el dinero.....el dinero....
Aquí ya nadie habla de los saharauis.... (Que les den)...
Ya solo somos capaces de pensar en dinero y en nuestra p..a comodidad. Ya la ÉTICA es como la poesía o la filosofía: QUE NO SE COMEN.
QUÉ VERGÜENZA.
Así nos va; y al final de esta senda de puro egoísmo solo está: LA NADA.

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