Actualidad árabe (y más)
Tregua en Yemen y represión sin miramientos en el Sáhara, Sudán y Palestina

La coalición liderada por Arabia Saudí y participada por los Emiratos Árabes Unidos ha pactado una tregua con los rebeldes hutíes para suspender las hostilidades durante al menos dos meses, coincidiendo con el inicio del mes sagrado de Ramadán. Además, el presidente del Yemen apoyado por Riad ha abandonado su cargo y ha transferido sus poderes a un consejo cercano a la corona saudí.

En Sudán, se cumplen tres años de las protestas que pusieron fin a tres décadas de poder del dictador Omar el Bashir y que dieron pie a la transición democrática truncada el pasado octubre por el golpe militar de Abdelfattah al-Burhan. En Israel, alcaldes judíos suspenden actividades laborales copadas de trabajadores palestinos después de que los ataques lanzados por asaltantes palestinos propaguen el miedo y la desconfianza entre comunidades. En el Sáhara Occidental, el rey marroquí Mohamed VI afianza su poder como ocupante después de que el estado español se ponga de su lado, lo que refuerza la represión de Rabat contra activistas saharauis como Sultana Jaya.

Arabia Saudí y los hutíes pactan el primer alto el fuego desde 2016 en Yemen

Por una vez, Yemen ha aparecido en la prensa internacional con fotografías de niños jugando a la pelota en las calles de Sanaa. Es consecuencia directa de la tregua que han alcanzado las partes implicadas en la guerra del Yemen, el primer alto el fuego desde 2016.

La coalición liderada por Arabia Saudí —en la que también participan los Emiratos Árabes Unidos— y los rebeldes hutíes habían acordado otras treguas en el pasado, pero todas ellas habían sido infringidas. Está por ver si la tregua actual, que debería durar al menos durante dos meses, llega a completarse o incluso a ampliarse. La tregua coincide con el inicio del ramadán, lo que en teoría debería propiciar su cumplimiento al menos durante el mes sagrado para los musulmanes.

El conflicto del Yemen recibe año tras año la triste etiqueta de provocar la mayor crisis humanitaria del mundo desde hace ya siete años, en los que han muerto al menos 400.000 personas según los cálculos de la ONU. El 60% de todas ellas, además, habrían fallecido de hambre, por falta de atención sanitaria o por el uso de agua contaminada.

“Todo lo que nos rodea apesta a muerte y guerra”, dijo un estudiante llamado Zayed desde la ciudad de Hodeida (Yemen) en declaraciones al The Guardian: “Creo que entraré en una depresión si esta tregua termina o falla”

El alto el fuego incluye mecanismos para facilitar el movimiento de civiles dentro de los distintos territorios del Yemen, estén bajo control de los rebeldes hutíes o de las fuerzas apoyadas por Arabia Saudí. Cabe recordar que el conflicto bélico se desató en 2014 cuando los hutíes se hicieron con la capital Sanaa, expulsando de allí el gobierno, lo que propició la intervención de Riad, que veía peligrar el dominio de un gobierno vecino que le era afín.

El enviado de la ONU en el Yemen, Hans Grundberg, fue el encargado de anunciar el alto el fuego tras dos días de negociaciones en Riad. Millones de civiles esperan poder tomarse un respiro: “Todo lo que nos rodea apesta a muerte y guerra”, dijo un estudiante llamado Zayed desde la ciudad de Hodeida en declaraciones al The Guardian: “Creo que entraré en una depresión si esta tregua termina o falla”.

Precisamente, el presidente del Yemen, Abed Rabbo Mansour Hadi, que vive en el exilio, anunció ayer que abandonaba el cargo y que transfería sus poderes a un consejo cercano a Riad. Se sabe que Arabia Suadí y los EAU están detrás de la decisión, pero se desconocen las consecuencias que puede tener en la guerra ni si podrían ser parte de un intento regional o internacional para terminarla.

Tres años después, Sudán sigue sin alcanzar la democracia

Centenares de miles de ciudadanos en Sudán piden el fin del dominio militar en el país y la instauración de la democracia, pero tres años después siguen sin lograrlo. Esta semana se ha cumplido el tercer aniversario desde el 6 de abril de 2019, cuando un ciclo de protestas masivas formadas por personas que se jugaron la vida delante de las fuerzas armadas supusieron el fin de tres décadas de dictadura a cargo de Omar el Bashir.

La caída del régimen cinco días después y el inicio de la transición democrática, con un gobierno temporal y bicéfalo formado por representantes militares y civiles, fue visto como un logro histórico para el país. Sudán se encaminaba hacia unas elecciones que debían suponer el punto de inflexión entre la transición y la democracia, pero el golpe de estado del pasado 25 de octubre, lanzado por el líder del ejército, Abdelfattah Al-Burhan, truncó la transición y echó para atrás buena parte del camino recorrido.

En Sudán, las fuerzas de seguridad se mantienen implacables contra todo tipo de oposición, disparando munición real además de gases lacrimógenos. También parece intratable Al-Burhan, que ha amenazado con expulsar del país al representante de la ONU

Las protestas contra el golpe militar, contra el dominio del ejército y a favor de la transición democrática han sido un continuo desde el golpe. Grupos médicos sudaneses calculan que al menos 93 manifestantes habrían sido asesinados desde entonces, mientras que otros tantos siguen detenidos sin juicio previo. El país se ha visto engullido por un cóctel de protestas, inestabilidad social y crisis económica que lleva a los sudaneses a enfrentarse a un 260% de inflación. El representante de la ONU en el país, Volker Perthes, advierte que Sudán avanza hacia el colapso total.

Las fuerzas de seguridad se mantienen implacables contra todo tipo de oposición, disparando munición real además de gases lacrimógenos, según apuntan sindicatos profesionales sobre el terreno. También parece intratable el propio Al-Burhan, que ha amenazado con expulsar del país al representante de la ONU, Perthes, acusandolo de interferencia tras haber advertido del probable colapso sudanés. Al-Burhan también visitó en el Cairo a su amigo Abdelfattah al-Sisi, dictador en Egipto y valedor del nuevo líder sudanés, a quien apoya e introduce en la escena internacional.

Miedo en Israel

Ramat Gan, Rishon Letzion y Moddin son algunas de las ciudades israelíes que han anunciado la suspensión de trabajos municipales como la construcción y la jardinería, que dependen de mano obra de personas palestinas de ambos lados del muro.

La medida llega después del ataque que un asaltante, de 26 años de edad y residente en Cisjordania, lanzó en Tel Aviv la semana pasada, matando por la calle a cinco personas. Era el tercer atentado que Israel sufría en una semana. Ayer mismo, un nuevo ataque dejó dos víctimas mortales en el centro de la capital. Según asociaciones profesionales en Israel, después del ataque de la semana pasada empezaron a recibir llamadas telefónicas de clientes que les pedían que no les mandaran trabajadores palestinos a sus casas.

A su tiempo, el ejército israelí ha prohibido la entrada de trabajadores palestinos a los asentamientos judíos en los territorios ocupados, y algunos alcaldes, como Carmel Shama-Hacohen, de la ciudad de Ramat, han anunciado que multaran las empresas que ignoren la prohibición.

Muchos ciudadanos palestinos que trabajan en territorio israelí están expresando el miedo que sienten a recibir ataques de venganza, aunque ellos no hayan sido los autores de ningún ataque

Muchos ciudadanos palestinos que trabajan en territorio israelí están expresando el miedo que sienten a recibir ataques de venganza, aunque ellos no hayan sido los autores de ningún ataque: “Tenemos clientes que nos piden que no les mandemos trabajadores palestinos a sus casas, y hay trabajadores palestinos que dicen que no quieren venir por miedo a que sus vidas estén en peligro”, dijo un empresario a Haaretz: “muchos trabajadores no aparecen y muchos clientes les tienen miedo”.

Durante los últimos días, grupos de colonos israelíes han lanzado numerosos ataques contra civiles palestinos en territorio ocupado, así como contra activistas israelíes, lo que ha llevado a la Unión Europea a publicar uno de esos comunicados en los que se expresa “preocupación” por la “inaceptable” violencia a la que los colonos someten la población local.

Mohamed VI afianza su poder colonial sobre el Sáhara Occidental

El cambio de política del gobierno español en relación al conflicto del Sáhara Occidental es una nueva demostración de que ninguna de las potencias que debería de estar protegiendo los derechos de los saharauis está dispuesta a hacerlo. El gobierno liderado por Pedro Sánchez ha cedido ante el monarca marroquí, Mohamed VI, que avanza en el proyecto de ocupación y colonización que inició su padre, Hasan II, desde la marcha verde de 1975 hasta su defunción en 1999.

El giro lanzado por las autoridades españolas revela el poder de coacción que el reino marroquí cuenta con sus vecinos del norte, desde Madrid a Bruselas. Cuando un hospital de Logroño atendió el pasado mayo a Brahim Gali, líder de la República Árabe Saharaui Democrática, Mohamed VI construyó un terremoto político como castigo que terminó con el cargo de Arancha González Laya, hasta entonces ministra de exteriores española. A Rabat le bastó con dejar de vigilar la frontera durante un par de días para permitir que 8.000 personas, muchas de ellos adolescentes, llegaran a Ceuta, explotando los temores migratorios que tanto asustan a los centros de poder europeos.

Mientras, el Sáhara Occidental continúa siendo —y ya van varias décadas— uno de esos agujeros negros de los derechos humanos en el mundo. El muro más largo del planeta, de más de 2.700 km de largo, divide el territorio y la población del Sáhara Occidental, separando el litoral ocupado y saqueado por Marruecos de las vastas extensiones de desierto que no son de su interés. Algunos cálculos indican que el mantenimiento del muro requiere unos dos millones de euros al día, lo que da algunas pistas del volumen de negocio que la ocupación supone para las autoridades marroquíes, que comercian productos de origen saharaui bajo etiqueta marroquí tanto con Madrid como con Bruselas.

Algunos cálculos indican que el mantenimiento del muro requiere unos dos millones de euros al día, lo que da algunas pistas del volumen de negocio que la ocupación supone para las autoridades marroquíes, que comercian productos de origen saharaui

Décadas de olvido interesado por parte de el estado español, de la UE y de la ONU dejan a la población saharaui atrapada en un conflicto congelado y a merced de un régimen que actúa sin miramientos para saquear un territorio sobre el que nunca tuvo soberanía, lo que supone un cóctel perfecto para que escale la violencia más allá del frente de guerra entre el Frente Polisario y Marruecos.

Los activistas saharauis que luchan por su derecho a la autodeterminación —reconocido por la ONU— y contra la ocupación marroquí terminan en la cárcel, deportados, torturados o en arresto domiciliario. Como Sultana Jaya, quien lleva año y medio en su casa, con la luz cortada y bajo vigilancia de los cuerpos policiales, que la han violado a ella, a su madre y a su hermana repetidas veces. La brutal represión recibida esta semana por los periodistas David Melero y Oriol Puig, que pretendían visitarla, hace suponer una violencia muy superior contra la población saharaui.