Acuerdos comerciales
Mercosur - Unión Europea: un acuerdo que perpetúa asimetrías históricas

En diciembre de 2024 la Unión Europea (UE) y el Mercado Común del Sur (Mercosur) pusieron la firma al acuerdo comercial que venían negociando formalmente desde el año 1999, pero cuyos antecedentes se remontan a 1995. La relevancia del evento quedó de manifiesto porque la propia presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, viajó hasta Montevideo, la capital de Uruguay, para rubricar el texto.

No es para menos, ya que Bruselas necesita ampliar sus márgenes de autonomía ante un paradigma global en crisis. En los últimos años los cambios geopolíticos y los conflictos internacionales han incrementado su dependencia externa en áreas como “la energética (respecto de Rusia), seguridad (respecto de Estados Unidos, dado su rol preponderante en la Organización del Tratado del Atlántico Norte) y tecnología (respecto de China)”, tal como señalaron Viviana Barreto y Dörte Wollrad en un artículo de la revista Nueva Sociedad. Los vastos recursos naturales y agropecuarios del Mercosur, y su mercado de más de 250 millones de personas, aparecen en este contexto como una oportunidad para sortear —al menos parcialmente— esos problemas. 

El acuerdo todavía debe ser ratificado por los países. En Europa ha encontrado reparos, principalmente de Francia y los sectores productivos rurales. Y también por sectores ecologistas que denuncian que atenta contra la soberanía alimentaria

Sin embargo, el acuerdo todavía debe ser ratificado por los países que integran ambos bloques regionales. En Europa ha encontrado reparos, principalmente de Francia y los sectores productivos rurales que temen por su sostenibilidad ante el ingreso a gran escala de las materias primas sudamericanas. Y también por grupos ambientalistas, que consideran que el acuerdo no garantiza estándares adecuados y fomenta modelos de producción que atentan contra la soberanía alimentaria y la protección de la naturaleza.

En el caso sudamericano, si bien se han levantado algunas voces críticas, no han alcanzado un nivel de masividad que pueda poner en cuestión la ratificación del tratado. Brasil ha liderado el proceso de negociación con el objetivo de garantizar la cohesión del Mercosur y afianzar su rol de potencia regional, ante las amenazas de Javier Milei de retirar a la Argentina del bloque. Pero sobre todo, el Gobierno de Lula da Silva ha acelerado el proceso porque su país tiene mayor capacidad industrial y financiera, que le permitirán aprovechar mejor que sus socios el eventual flujo de inversiones.

La negociación más larga del mundo

No existen antecedentes de un tratado internacional que lleve un cuarto de siglo de negociaciones. Durante esos 25 años, ha estado supeditado a los vaivenes políticos “especialmente del lado del Mercosur, pero también de la UE, con mayores momentos de aceleración y otros donde se estancaba”, explicó en diálogo con El Salto la doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, Luciana Ghiotto. Se trata de un acuerdo que “tiene ropa nueva, pero corazón viejo”, apuntó.

Es que la concertación entre los bloques fue concebida al calor de la institucionalidad neoliberal de la década de 1990, que tenía como paradigmas el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) de 1994 y la creación de la Organización Mundial de Comercio (OMC) en 1995. Sin embargo, la actualidad mundial es muy diferente, atravesada por la disputa entre Estados Unidos y China; el avance de este último en el mercado mundial como principal socio comercial de prácticamente todos los países de la periferia capitalista; y la agresiva política comercial de Washington desde que Donald Trump volvió a la Casa Blanca.

Con estas transformaciones en cuenta, Ghiotto —que también es profesora Economía Política Internacional en la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM)—, sostiene que desde la perspectiva sudamericana se destacan “tres momentos muy importantes” en la historia de las negociaciones. El primero se remonta al segundo Gobierno de Cristina Kirchner en Argentina (2011 - 2015) y la presidencia de Dilma Rousseff en Brasil (2011 - 2016). Durante ese período el Mercosur, pero principalmente Buenos Aires, planteó “líneas rojas” a sus contrapartes europeos. Se trataba de una serie de cláusulas sobre “lo que se conoce como industrias nacientes” porque inferían que el acuerdo iba a tener un impacto negativo muy fuerte en el sector industrial sudamericano. “Por eso se intentaron incorporar algunos elementos que frenaban la liberalización, especialmente en los sectores automotrices y textiles”, detalló la investigadora.

En 2019, los presidente de Brasil y Argentina, Jair Bolsonaro y Mauricio Macri, firmaron el primer texto del acuerdo, donde se dejaban de lado todas las líneas rojas para defender la industria del Cono Sur

El segundo momento comprende el breve período en el que coincidieron Mauricio Macri en la presidencia argentina y Jair Bolsonaro en la brasileña. Fue en 2019, cuando se firmó un primer texto del acuerdo “porque lo que hicieron ambos gobiernos fue dejar de lado todas esas líneas rojas y aceptar muchas de las condiciones de la Unión Europea”. Para la especialista ese “es un texto que beneficiaba a las corporaciones europeas” porque habilitaba una liberalización de los servicios, las compras públicas y en sectores industriales del Mercosur.  

Finalmente, la tercera y última etapa es la que está en curso y se vio acelerada por el nuevo triunfo de Trump en Estados Unidos. Eso llevó a Brasil a la conclusión de que “si no se buscan terceros mercados quedaría empantanado” en los aranceles impuestos caprichosamente por Washington. “El problema es que esa lectura que está haciendo Lula da Silva lo hace abrazar el libre comercio” al punto que le insistió al presidente francés Emmanuel Macron —el negociador más renuente del lado europeo— que “en este contexto apoye la aprobación del acuerdo”, consideró Ghiotto. 

Los desafíos mercantiles europeos y los propios prospectos políticos de Macron podrían explicar por qué el Elíseo se inclina a trabajar mano a mano con Itamaraty en pos de la ratificación del convenio comercial.  

Consolidar las desigualdades

La diferencia de escala entre el Mercosur y la Unión Europea es notable. Mientras el espacio de integración regional europeo tiene un PBI de unos 19 billones de dólares, el bloque sudamericano representa apenas una séptima parte con un producto bruto de aproximadamente 2,7 billones, de los cuales el 75% corresponde a Brasil. 

En un informe elaborado por la Fundación Friedrich Ebert (FES) en diciembre de 2022, Andrés Larisgoitia, director de la Secretaría de Relaciones Internacionales del sindicato CTA, señala que estas “grandes asimetrías productivas y sociales” no están “debidamente contempladas” en el texto del acuerdo, ni se han traducido en lo que en el ámbito multilateral recibe el nombre de ‘trato especial y diferenciado’ (TED) para favorecer al bloque latinoamericano. 

Si bien hay algunos reparos para la industria automotriz, que no se podrá liberalizar plenamente al menos por 15 años, “este acuerdo cierra toda posibilidad de concretar un modelo de desarrollo inclusivo” que “con equilibrio proteja a la mediana y pequeña empresa —principal empleador de la región— y se base en el fortalecimiento del mercado interno que dé sustentabilidad”, reza el reporte.

El acuerdo puede “profundizar las asimetrías comerciales entre ambos bloques”. Ghiotto aclara que “no es que las genere, porque ya están, pero lo que hace es poner un ‘candado’ sobre esas asimetrías”

En esa sintonía, Ghiotto considera que el acuerdo puede “profundizar las asimetrías comerciales entre ambos bloques”, aunque aclara que “no es que las genere, porque ya están, pero lo que hace es poner un ‘candado’ sobre esas asimetrías”. Desde su perspectiva el tratado libre comercio “implica que se congelan ciertas formas de comercio preexistentes”. Y que si se observa el intercambio actual, lo que vamos a encontrar es que la Unión Europea exporta hacia el Mercosur “principalmente productos de mediano y alto valor tecnológico” mientras que en sentido inverso viajan “productos primarios como mineral de hierro, jugo de naranja, carne vacuna, soja para etanol y café”.

Un estudio de la Universidad de Boston del año 2021 refuerza esta perspectiva y advierte que podría promover una mayor desindustrialización. Mediante una evaluación y proyecciones del acuerdo a partir de variables económicas de diversos países tanto de la UE como del Mercosur, la indagación los clasificó en tres categorías: “economías que se estaban industrializando” como República Checa y Polonia, “economías avanzadas que recientemente se estaban desindustrializando” donde se cuentan Alemania, Francia e Italia, y “economías en desarrollo que recientemente se estaban desindustrializando” como Argentina y Brasil. 

A pesar de estas diferencias destacó que todos los países “presentan un desequilibrio creciente” entre los sectores de alta productividad y alto crecimiento salarial (“dinámicos”) y los sectores de baja productividad y bajo crecimiento salarial (“estancados”). La tendencia general muestra que “el empleo se trasladó de sectores dinámicos a estancados, mientras que la generación de valor añadido se movió en la dirección opuesta”. Esta polarización estructural, o “dualidad inversa”, es “la principal causa de la tendencia a la baja del crecimiento de la productividad observada en todos los países”.

En virtud del acuerdo entre bloques, la mayor liberalización comercial bien podría representar un paso hacia economías menos productivas, más desiguales y más vulnerables a ambos lados del Atlántico

En esta línea, la investigación pronosticó que “considerando las estructuras económicas de los países participantes y su evolución, el acuerdo podría conducir a la expansión de sectores de baja productividad y bajos salarios a expensas de sectores más dinámicos, lo que reforzaría los factores que impulsan la desigualdad y el estancamiento económico”.

En síntesis, en virtud del acuerdo entre bloques, la mayor liberalización comercial bien podría representar un paso hacia economías menos productivas, más desiguales y más vulnerables a ambos lados del Atlántico. 

Modificaciones a la medida de Brasil

La reapertura de la discusión del acuerdo de 2019 habilitó una serie de modificaciones que llevaron a su firma en 2024. Por iniciativa de Brasil se dio marcha atrás con lo que establecía el capítulo relacionado a las compras públicas. Es decir, aquellos contratos que realizan los Estados con distintas compañías para implementar sus diferentes políticas. Mientras la versión anterior beneficiaba a las corporaciones europeas abriéndole el mercado a esas inversiones estatales, este cambio le permite a los países del Mercosur seguir teniendo autonomía en esa área y privilegiar —si así lo quisieran— empresas nacionales. 

Ghiotto recordó que Brasil utiliza sus compras públicas “como un elemento de desarrollo y quiere poder elegir sus proveedores”. Por ejemplo para servicios de construcción, de infraestructura, servicio postal, materiales para colegios y universidades o medicina. No obstante, enfatizó que aunque sea “un poco mejor, no es un buen acuerdo”.

Un cambio introducido por Brasil en el acuerdo permite a los países del Mercosur seguir teniendo autonomía en las compras públicas y privilegiar —si así lo quisieran— empresas nacionales

Es que además de mantener sus bases fundamentales, fue también el Gobierno de Lula da Silva el que exigió relajar las normas ambientales y limitarlas a lo que establecen convenios internacionales como el Acuerdo de París. El problema es que ese tipo de tratados poseen estándares muy bajos y escasos recursos de fiscalización. En el artículo mencionado anteriormente, Barreto y Wollrad remarcaron que “se introdujo el concepto de responsabilidad común pero diferenciada, así como la obligación de que las medidas de política ambiental no constituyan obstáculos innecesarios al comercio”. En consonancia con esto “se reivindica la soberanía de los países mercosureños en la certificación del cumplimiento de la normativa ambiental en el proceso productivo”. 

Consultado al respecto, el agricultor argentino y ex secretario adjunto de la Coordinadora de Productores Familiares del Mercosur (Coprofam), Pedro Peretti, se muestra tajante: “Creo que no le conviene a nadie este acuerdo”. “Si sos un agricultor europeo ¿cómo vas a competir? Tu legislación te exige un montón de cláusulas ambientales. No podés mover un dedo si no cumplís. Y con el acuerdo le vas a abrir las importaciones a países como la Argentina o Brasil que carecen de cualquier conciencia ambiental en su actividad agrícola”, cuestionó, entrevistado por El Salto. Desde el punto de vista nacional, consideró que esto “reprimariza la economía”. “Lo único que va a poder vender Argentina es soja, maíz y trigo a Europa. ¿O creen que le vamos a vender un queso a Francia?, ironiza el productor. 

“Lo único que va a poder vender Argentina es soja, maíz y trigo a Europa. ¿O creen que le vamos a vender un queso a Francia?”, ironizó el productor y ex secretario adjunto de Coprofam, Pedro Peretti

Peretti también fue integrante entre 2009 y 2014 del Consejo Directivo de la Federación Agraria Argentina (FAA), la organización que nuclea a los pequeños productores rurales del país. Desde ese lugar critica que los grandes terratenientes construyan consenso público sobre este tipo de acuerdos echando mano “al mito de que el país está cerrado al mundo, mientras al mismo tiempo admiten que el maíz argentino, por poner un ejemplo, llega a 170 mercados en todo el planeta”.

Y allí está la clave de la diferencia de posturas y los reclamos que se dan a uno y otro lado del Océano Atlántico. Mientras en Europa sus productores rurales son de menor escala y enfocados en el mercado interno, en América Latina la tierra está mayormente concentrada en pocas manos y enfocada en la exportación, lo que da a los empresarios rurales un poder económico y político muy importante. Son estos quienes, desde el Cono Sur, más fuerza han hecho para avanzar en el acuerdo. 

“Es un arreglo entre los de siempre: las exportaciones van a estar en manos de grandes grupos transnacionales que están a los dos lados del acuerdo”, afirma Peretti. Ghiotto asegura que de esta manera “se congela el poder del agronegocio del lado del Mercosur” e introduce una preocupación central: el impacto directo de ese modo de producción “sobre los campos, sobre el medio ambiente, sobre la deforestación, sobre las comunidades originarias que cuidan hoy de la biodiversidad”.

El extractivismo avanza

Como apunta un estudio liderado por la Universidad de Leeds, los países del Norte global son los responsables del 90% de las emisiones excesivas de dióxido de carbono de acuerdo a los estándares planteados por el Acuerdo de París. No obstante, las consecuencias del cambio climático impactan desproporcionadamente en los países periféricos.

El tratado entre la UE y el Mercosur —aunque en lo formal se atañe a esos parámetros— profundiza en el modelo contaminante actual. Así lo entendió la Vía Campesina, organización que nuclea a organizaciones agrarias de todo el planeta, y que en su VIII Conferencia Internacional realizada en Bogotá, Colombia, en 2023 emitió una declaración rechazando la iniciativa. Señalaron que “solo beneficia a las grandes corporaciones transnacionales responsables del hambre y la crisis climática y sus consecuencias serán destructivas para los pueblos y particularmente para los campesinos y campesinas de las regiones afectadas”. Por su parte Raiara Pires, miembro del Movimiento por la Soberanía Minera Popular (MAM) de Brasil, considera que se va a generar “una demanda de expansión de la frontera agroindustrial y minera hacia los biomas y territorios ocupados por los pueblos del agua, el campo y los bosques”.

Han sido los grandes empresarios rurales volcados a la exportación quienes, desde el Cono Sur, más fuerza han hecho para avanzar en el acuerdo Mercosur-Unión Europea

Peretti es más gráfico y asegura que “te inundás, te morís de calor, se te vienen las heladas, te vienen las sequías tremendas y ellos no padecen nada”. Recordó que Argentina “se comió 28 millones de hectáreas de bosque en los últimos 20 años” por lo que califica como “un disparate” que Bruselas valide esas supuestas “normas ambientales” del Mercosur “que los terratenientes soslayan”.

Afincado en Máximo Paz, una pequeña localidad de la provincia de Santa Fe, en el corazón de la producción agropecuaria argentina, Peretti intenta ilustrar el impacto de la utilización masiva de agrotóxicos y sus consecuencias notables para la salud de la población. “Aquí tenemos, según los estudios estadísticos que hizo el hospital rural, 2,5 más que la media nacional de casos de cáncer, es una locura”, dice. “La vida vale más que un quintal de soja”, sentenció de manera categórica. 

“Por cualquier dinero que ingrese por el acuerdo no vale la pena la destrucción de  los pocos bosques que tenemos para que podamos respirar y tener una vida un poco más tranquila. El pasivo ambiental de una economía primarizada es muy grande”, concluyó.