Derecho al agua
Catalunya: gestionar la sequía cuando ya está aquí

La Generalitat de Catalunya declaró el pasado viernes el estado de emergencia por sequía. Después de tres años con precipitaciones escasas, el Ejecutivo catalán se ha visto obligado a tomar medidas para reconducir la situación. Se trata de la sequía más larga e intensa que se ha vivido en el territorio desde que hay registros. Estas medidas, que afectarán al 80% de la población catalana, se implementarán de manera escalonada a lo largo de los próximos meses. En la primera fase no se podrán consumir más de 200 litros por habitante y día; en la segunda, el límite estará en 180 litros y en la tercera, la ciudadanía no podrá consumir más de 160 litros por día. Las medidas contemplan la reducción del 80% del suministro para el sector agrario, del 50% para el ganadero y del 25% en el sector industrial; así como limitaciones en cuanto al llenado de piscinas o el riego de jardines y parques, entre otras. 

La declaración de emergencia por sequía afecta a ocho de cada diez catalanes

Redacción El Salto

Crisis climática

Emergencia Climática La declaración de emergencia por sequía afecta a ocho de cada diez catalanes

Redacción El Salto

Se añaden 202 municipios de la cuenca del Ter-Llobregat. Supondrá una nueva rebaja de agua por habitante y día, de 210 litros a 200, que no se llenen piscinas ni se rieguen jardines, y reducciones para usos agrarios, ganaderos e industriales.

En su comparecencia, el presidente catalán habló sobre la necesidad de fomentar el uso de las desalinizadoras —actualmente producen casi el 55% del agua consumida—, la voluntad de modernizar las redes y de buscar nuevos pozos. No habló, sin embargo, del turismo, la ganadería intensiva o de la privatizacón de los recursos hídricos. Este último, es uno de los temas que está en el punto de mira de los colectivos ecologistas del territorio, quienes vienen advirtiendo desde hace años de la situación. La plataforma d'On no n'hi ha, no raja (de donde no hay, no se puede sacar) apunta hacia la mala gestión de las reservas de agua disponibles, la falta de transparencia por parte de l'Agència Catalan de l'Aigua (ACA) y señala directamente hacia la Generalitat y los ayuntamientos catalanes. Las organizaciones ecologistas ponen de relieve el hecho de que el 78% de la gestión del agua en Catalunya esté en manos privadas. 

Hay falta de transparencia por parte de l'Agència Catalan de l'Aigua (ACA), organismo que depende de la Generalitat, y los ayuntamientos catalanes

¿Quién se 'bebe' el agua en Catalunya? 

Elisenda Forés forma parte de Aigua és vida, una plataforma formada por diferentes movimientos: asociaciones vecinales, entidades ecologistas y colectivos científicos, entre otros, que trabajan por una política de los recursos hídricos y la gestión del ciclo integral del agua en Catalunya sea llevada a cabo desde el sector público. “Hace tiempo que decimos que en Catalunya no existe un problema con el agua; sino un problema de gestión. Los recursos no se están gestionando correctamente, básicamente porque se gestionan de la misma manera que hace treinta o cuarenta años”, asegura. 

Otro de los melones que quieren abrir desde la plataforma hace referencia a la “falta de transparencia” de los datos relativos al consumo de agua. “La ACA tiene los datos de consumos y sobre la gestión de operadores como Agbar, Sorea o Aqualia, que tienen en su mayoría la gestión de este recurso; porque esto [la gestión del agua] no está, en la mayoría de casos, municipalizado. La ACA tiene los datos de facturación de todos los sectores, porque para eso están los contadores instalados en todos los municipios de Catalunya. Lo que nos extraña es que estos datos no sean públicos y estén accesibles para todo el mundo, porque entonces podríamos saber quién gasta el agua en el territorio”, explica Forés.

En Barcelona, el distrito que más gasta es el más rico: Sarrià- Sant Gervasi

El mes de junio pasado, periodistas de Crític elaboraron un mapa del consumo de agua en la región. Lo hicieron a partir de la información facilitada por la ACA y las conclusiones hablan por sí mismas: “A pesar de estas restricciones, el mapa del consumo doméstico de agua elaborado por Crític a partir de la información facilitada por la ACA muestra que cientos de municipios están lejos de cumplir esta limitación. En Naut Aran, la población que acoge la estación de esquí de Baqueira-Beret, se consumieron en 2021 un total de 837 litros por habitante y día. En cambio, en Badia del Vallès gastan casi 10 veces menos: 86 litros. En las ciudades grandes, los consumos son más equilibrados, pero se visibilizan diferencias entre ricos y pobres: 141 litros diarios en Sant Cugat del Vallès, 97 en Hospitalet de Llobregat”; escribe el periodista Manel Riu. En Barcelona capital ocurre lo mismo: el distrito que más gasta es el más rico, Sarrià- Sant Gervasi.

El mapa elaborado por Crític resulta fundamental para observar el consumo de agua y el impacto que tienen las segundas residencias y el turismo; pero también las diferencias de renta en el territorio; si hay algo evidente es que el consumo de agua está ligado a la renta por cápita. “Como se ve en este mapa, muchos de estos municipios sobrepasan el límite de consumo establecido porque suelen tener un urbanismo horizontal: el de la casa, jardín y piscina. El urbanismo horizontal, evidentemente, consume mucho más que el vertical”, explica Forés. Desde la plataforma, sin embargo, se quejan de que, a pesar de tener estos datos, los organismos encargados no sancionan. “Tenemos un sector turístico que gasta de tres a cinco veces más agua que la ciudadanía general y a estos no se les dice nada”, apunta Forés.

“No entendemos cómo no se ha reaccionado antes y porqué no se admite que tenemos un problema estructural que necesita ser abordado”

Falta de previsión, agua que se pierde y se exporta, y contaminación

Desde la plataforma también se critica la falta de previsión del Ejecutivo catalán: “Esta situación límite cada vez será más recurrente. No entendemos cómo no se ha reaccionado antes y porqué no se admite que tenemos un problema estructural que necesita ser abordado. Ahora, lo único que se les ocurre es restringir el agua y cogerla del primer sitio de donde ellos consideran que sobra”. Forés hace referencia a unas de las posibles medidas que se apuntaron en un inicio: un posible trasvase del Ebro para abastecer a Barcelona y su área metropolitana. Esta opción ha despertado el rechazo tanto de los ecologistas como de las diferentes plataformas alrededor del Ebro y ha sido descartada por el Ejecutivo catalán.

Otras de las opciones que se barajan es invertir en las desalinizadoras y llevar barcos con agua hacia Barcelona. Actualmente Catalunya cuenta con dos desalinizadoras y se prevé que en los próximos cinco años se inviertan 250 millones de euros en la ampliación la de la Tordera y en la creación de una nueva planta. Sin embargo, esta no debería ser la solución al problema. En el CREAF (Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales) apuntan que la inversión en desalinizadoras quizás no sea la mejor opción. “Además de los costes económicos, esta agua tiene un coste ambiental enorme, en primer lugar, por el consumo de energía para llevar a cabo el proceso (...), además de la producción de emisiones a la atmósfera”, escribieron en su blog hace unos meses. El transporte de agua en barcos, por otra parte, no es un método nuevo: se hizo en 2008 y costó 17 millones de euros. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ya ha propuesto que ese agua salga de la desalinizadora de Sagunto.

Los ecologistas también se quejan de la gestión del agua, mayoritariamente privada —alrededor de un 80% de la gestión del agua en Catalunya está privatizada— y de las pérdidas: “Se calcula que en la mayoría de municipios catalanes se pierde entre un 20% y un 30% de agua. Esto es una barbaridad, pero ni los municipios ni la Generalitat hace nada”, explica Forés. 

La pérdida de agua sin embargo, también tiene otros orígenes, además de la mala gestión: en Catalunya, como en otros sitios de España, hay un problema de abandono del campo, y esto hace que cada vez haya más bosques en las cuencas. “Esto hace que el agua de la lluvia se evapore o transpire, en lugar de llegar al río y a las desembocaduras. Este agua no se pierde, porque vuelve a la atmósfera, pero no nos llega el suministro”, explica Forés. Por último, hay que mencionar el papel de las macroindustrias y el sector agrícola, que producen en el territorio para exportar fuera; y la contaminación de las aguas subterráneas. Respecto a este último punto, desde las entidades ecologistas se pide a las instituciones que identifiquen de donde vienen las contaminaciones y que se sancione a los responsables. 

Catalunya produce anualmente más de dos millones y medio de toneladas de carne de todas las especies y es el segundo productor de Europa en carne porcina

Por lo que a las exportaciones respecta, solo hace falta ir a los datos. La industria cárnica es el principal sector agroalimentario de Catalunya. Según Prodeca (Promotora dels aliments catalans), Catalunya produce anualmente más de dos millones y medio de toneladas de carne de todas las especies. Es el segundo productor de Europa y el décimo productor de carne porcina del mundo. Exporta más del 43% de esa producción de carne y embutidos: el 19% a China, el 14% a Francia, el 8% a Japón, el 6% a Italia, el 5% a Filipinas y el 4% a Corea del Sur. “Todo el agua invertido en estos animales es exportada, podríamos decir. Gastamos los recursos de aquí para llevarlo fuera”, destaca Forés.

La necesidad de diferenciar entre sequía y escasez 

Para abordar el tema de la sequía en toda su complejidad, hay que hablar de los problemas estructurales, y no solo de Catalunya, sino del resto del Estado. En primer lugar, hay que diferenciar entre sequía y escasez, dos fenómenos relacionados entre sí pero que no son lo mismo, a pesar de que se aborden indistintamente. Sequía hace referencia a una situación concreta provocada, en este caso, por el efecto del cambio climático; y escasez hace referencia a una situación estructural “provocada por el desequilibrio entre el agua disponible y la demanda para los distintos usos productivos”, se especifica en el Informe de resultados de la encuesta sobre el agua y la sequía, elaborado por el Observatorio Ciudadano de la Sequía.

Ante la situación de emergencia climática actual, la comunidad científica es clara: “Es necesario articular nuevas estrategias de gestión que permitan reducir la demanda de agua sin comprometer los intereses de los distintos usuarios, abastecimiento urbano, regadío, industria, turismo, producción energética, etc”, dice el informe. Y para ello hay que hacer cambios en la gestión de los recursos, ya que “el déficit de agua se ha convertido en una cuestión estructural debido a la intensificación de las sequías por efecto del cambio climático y al aumento de la demanda hídrica. Hacer frente a la escasez de agua requiere elaborar nuevas estrategias de gestión a medio y largo plazo que trasciendan y complementen las medidas de urgencia con la que tradicionalmente se han abordado las sequías”. Por otro lado, también hay que trabajar en un cambio de modelo de vida, hábitos y usos: “El 59% de las personas encuestadas afirman que en España no hay agua suficiente, pero solo un 22 % es partidario de reducir el consumo, mientras que para un 37% bastaría con no aumentarlo. En el lado opuesto se encuentra otro 37% de encuestados/ as que considera que la disponibilidad de agua es suficiente e incluso un 8% señala que es posible seguir aumentando el consumo”. 

Regina Lafuente, doctora en medio ambiente y sociedad, técnica superior de investigación del Instituto de Estudios Sociales Avanzados del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (IESA-CSIC), miembro del Observatorio Ciudadano de la Sequía y una de las autoras del informe, apunta que hay que trabajar para combatir la desinformación que tiene la ciudadanía acerca de los usos del agua. “Solo el 30% identifica el sector agrario como el que más agua consume en España, cuando en realidad este sector se lleva el 80% del agua disponible”. Lafuente destaca que no se debe meter a todo el sector agrario en la misma bolsa, pero que sí que se tendría que ir pensando en una transformación de este sector. “Si tenemos un modelo de cultivo intensivo que no nos podemos permitir, quizás tenemos que hacer algún cambio. Y esto también tiene que ver con los consumos ciudadanos, por eso hay que llevar el debate un poco más lejos”. Cuando Lafuente habla de los consumos ciudadanos, no hace referencia solo a cerrar el grifo: “A nivel de país, tenemos que ver qué nos podemos permitir con los recursos que tenemos. Estas sequías, en Catalunya, pero también en el resto de España, cada vez serán más frecuentes. Estamos ante un contexto de cambio climático y tenemos que enfrentarnos a estas cuestiones”.

En Catalunya, los embalses están, aproximadamente, a un 15% de su capacidad y la situación es crítica, pero en las próximas décadas, esto no será una excepción, ni en Catalunya ni en el resto del Estado

Una oportunidad para cambiar las cosas

En Catalunya, los embalses están, aproximadamente, a un 15% de su capacidad y la situación es crítica, pero en las próximas décadas, esto no será una excepción, ni en Catalunya ni en el resto del Estado. Según las previsiones del Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), “En las próximas décadas asistiremos a un aumento de la frecuencia e intensidad de los fenómenos extremos, como inundaciones y sequías, y a una disminución de los recursos hídricos disponibles”. Se necesita una planificación hidrológica que dé respuesta a los nuevos desafíos y que aporte soluciones justas. A tal efecto, Lafuente insiste en lo que dice Forés: “No se trata de publicar cuatro decretos cuando la sequía acecha. Tenemos las herramientas, como los planes estatales de sequía y la planificación hidrológica, para cambiar la gestión”. Para la socióloga, estamos ante una buena oportunidad para cambiar el rumbo en la gestión de los recursos, que pasa necesariamente por hacer cambios estructurales en la gestión del agua, anticiparse e incorporar a la ciudadanía y a los diferentes actores de la sociedad civil: a asociaciones de consumidores, comunidad científica, o colectivos ecologistas, entre otros.