Derecho al agua
Gestión pública del agua: del “palo” judicial a Barcelona a la gestión excelente de Valladolid

Un golpe duro. Así definió Eloi Badia, concejal de emergencia climática y transición ecológica de Barcelona, la sentencia del Tribunal Supremo que rechaza la municipalización del agua del consistorio de Ada Colau para dar la razón a la empresa mixta Agbar, filial del grupo francés Suez. Esta sentencia avala una concesión para gestionar las aguas del río Llobregat que se hizo en 1953, época de la dictadura franquista. En 2012 se creó una empresa mixta para la gestión de aguas que no pasó por concurso público y que en principio podrá seguir gestionando las aguas hasta 2047.

Desde la plataforma ciudadana Aigua és Vida, Miriam Planas dice que esta decisión judicial “nos deja preocupados. De nuevo se decide la gestión de nuestras aguas en despachos a los que no tenemos acceso”. El grupo Agbar obtiene 30 millones de euros anuales de beneficios, según Aigua és Vida, que se podrían invertir en la red de suministro, en prevenir sequías o en afrontar inundaciones. “También nos preocupa que con nuestro dinero esta empresa privada esté financiando campañas de lavado de imagen o abogados para poder pleitear para que el agua no vuelva a ser pública”, asegura Planas.

Desde 2010, más de 28 municipios catalanes han municipalizado el suministro de aguas, el último de ellos ha sido Terrassa este mismo año, donde además se ha creado un órgano de participación ciudadana, el Observatorio del agua de Terrassa. “Este proceso nos parece ejemplar, porque se le da voz a muchos actores para gestionar el agua como el bien común que es y que nos pertenece a todos”, sentencia Planas. Es un proceso importante —cuenta—, porque “las decisiones que se tomen influyen en las personas, en el campo y en el medioambiente”.

En 2017, en medio del proceso de municipalización, el entonces alcalde de Terrassa, Jordi Ballart dimitió de su cargo y se apartó de la militancia del PSC. Planas lamenta que el Partido Socialista tenga opiniones tan dispares, según la zona. “Nos sorprende una actitud tan diferente entre el PSC y el PSOE de Valladolid, que sí ha sido favorable a la municipalización”.

Aguas de Valladolid

En 2017, la gestión del agua pasó a manos públicas en Valladolid, tras 20 años de privatización. Su concejala de medioambiente, María Sánchez, de la coalición de izquierdas Valladolid Toma la Palabra, declara a El Salto que nunca supieron cuánto obtenía de beneficios anuales Aguas de Valladolid, la empresa privada que gestionaba anteriormente el agua de Valladolid antes de la municipalización. Aun así —cuenta— “el primer medio año fue duro porque tuvimos 11 sentencias judiciales, nos denunció desde el Partido Popular hasta el anterior Ministerio de Hacienda [dirigido por Cristóbal Montoro], pero las sentencias finalmente nos dieron la razón”.

La municipalización del agua se ha convertido en uno de los principales éxitos del gobierno vallisoletano, dirigido desde 2015 por Óscar Puente (PSOE) en coalición con Valladolid Toma la Palabra, una marca electoral creada en 2014 que agrupa a Izquierda Unida y Equo más organizaciones sociales y vecinales.

“Quisimos mantener a los 170 trabajadores que tenía la empresa privada que gestionaba el agua cuando la municipalizamos porque nos parecían su verdadero valor”, dice María Sánchez

Tras la municipalización hubo cambios legislativos, que intentaban impedir que trabajadores de empresas privadas que pasasen a ser públicas pudiesen pasar a ser trabajadores automáticamente de la nueva empresa pública. “Después eso se echó abajo, pero inicialmente fue un problema para nosotros, porque queríamos mantener a los 170 trabajadores que Aguas de Valladolid tenía, que nos parecían el verdadero valor de esa empresa privada y además conocían bien el servicio”, dice Sánchez.

Unidas Podemos presentó un recurso que fructificó y finalmente se pudo hacer la subrogación de todos los trabajadores. “Tenemos una de las aguas más baratas y además manejamos una cifra de beneficios de 28 millones de euros al año”, cuenta Sánchez.

Estos beneficios se invierten en mejorar la infraestructura y también han servido para bajar un 8% las tarifas y aumentar los salarios a los trabajadores. La última obra que se está acometiendo es la mejora del sistema de emergencia. “Este año acabaremos con unos 21 millones de euros licitados —que no ejecutados— para mejoras de la red. Esta toma de emergencia no se utiliza normalmente, pero hemos invertido para poderla tener operativa si ocurre algo con las otras tomas”.

La gestión municipal de aguas en Valladolid es tomada como referente estatal por ser la ciudad más grande que lo ha llevado a cabo tras la llegada de los ayuntamientos del cambio en 2015. De hecho ha contribuido a que Valladolid Toma la Palabra y PSOE volvieran a revalidar su mandato por otros cuatro años en las elecciones municipales del pasado mayo.

Sánchez cuenta que otros municipios, como por ejemplo Alcoy o Terrassa, les pidieron ayuda para iniciar procesos de municipalización de sus aguas, una posibilidad que cada vez exploran más localidades, según aseguran desde Aigua és Vida. Planas dice que en Catalunya, por ley, no se puede cortar los suministros básicos a familias vulnerables, pero que la diferencia de gestión de aguas pública evitaría los abusos. “Las empresas privadas no cortan el agua a personas que no pueden pagarlo, pero van acumulando una deuda que no pueden pagar y no sabemos de qué forma les exigen. Cuando el agua es de gestión pública la conexión con los Servicios Sociales es más directa”.

Aún así, la concejal vallisoletana recuerda la fragilidad de lo público frente a las concesiones privadas que se producen desde las propias instituciones. “Mientras que las concesiones privadas se pueden blindar y conceder por muchos años, lo público resulta tan frágil que hace seis meses podría haber venido un gobierno que volviese a privatizar el agua en Valladolid. Afortunadamente no ocurrió así”.