Derecho al agua
Suez, Aqualia y Canal de Isabel II controlan el órgano público responsable de los datos de calidad del agua

Hay cerca de 2.800 incidencias abiertas en cuanto a calidad del agua desde 2017 de las que no se tiene constancia de las medidas adoptadas. Es agua no apta para consumo y, de ellas, 20 incidencias conllevan riesgos para la salud. Tampoco ha quedado acreditado que se haya realizado actuaciones para que las comunidades autónomas subsanen los fallos en la información sobre calidad de agua en sus territorios. Son dos de las críticas que el Tribunal de Cuentas ha realizado en su último informe de fiscalización al Sistema de Información Nacional de Aguas de Consumo (Sinac), un órgano dependiente del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en cuyo comité técnico están representados Aqualia, Suez y Canal de Isabel II —que actúa como un concesionario en ciudades como Cáceres—, según denuncian desde la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (Aeopas).

El Sinac fue creado en 2003 como un sistema de información sanitaria sobre la calidad del agua y saneamiento, sustentado en una aplicación informática a través de internet. Dispone de un comité técnico que es el responsable de explotar y incluso modificar estos datos, según contempla el Real Decreto 140/2003. A pesar de que este real decreto marca que los miembros de este comité técnico deben ser representantes de los usuarios, desde su creaciónestá formado por los representantes de estas tres empresas, además de por técnicos de los gobiernos regionales de Andalucía, Canarias, Catalunya, Castilla y León, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), los ayuntamientos de Madrid y Zaragoza y las subdirecciones generales de Tecnologías de la Información y de Sanidad Ambiental y Salud Laboral. 

“El control sobre la calidad de las aguas de consumo debe ser marcado por la Administración y no por quien tiene la concesión”, apuntan desde Aeopas

Desde Aeopas ya enviaron una carta el 10 de enero denunciando la presencia de entidades privadas en el órgano que controla la calidad del agua en todo el Estado. “El control sobre la calidad de las aguas de consumo debe ser marcado por la Administración y no por quien tiene la concesión”, apuntaba en misiva. La respuesta, enviada la semana pasada desde el comité técnico del Sinac, señalaba que el comité técnico fue creado a finales de 2003 siguiendo el Real Decreto 140/2003, en el que se ordenaba que estaría formado por representantes de los usuarios de los niveles básico, autonómico y ministerial.

Sin embargo, añade que, desde esa fecha, sus miembros son representantes de las comunidades autónomas, de las administraciones locales —a través de la FEMP— y del sector. “Se solicitó a la asociación mayoritaria de usuarios en Sinac, Aeas [la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento], que engloba tanto operadores privados como públicos como mixtos y consorcios”, explica la Sinac en su respuesta a Aeopas. Por parte de Aeas, el comité técnico del Sinac tiene a un representante de Canal de Isabel II, otro del Grupo Suez y uno más de Grupo Aqualia.

“Es un error de terminología”, señala Luis Babiano, gerente de Aeopas. “Los municipios, tengan privatizado o no el servicio, son los responsables de ese servicio y con esto están igualando al operador privado a la administración”, añade. Babiano subraya cómo, ante numerosos conflictos en torno a la calidad del agua, como las noticias publicadas la semana pasada sobre la cloración como causante de cáncer, que califica de “bulo impresionante”, se necesita de un sistema de control de calidad de agua independiente. “Defender el agua de grifo implica también que tengamos un organismo regulador centrado en la información a los ciudadanos”, subraya.

Pero, sobre todo, Babiano resalta la necesidad de crear un comité técnico en el que los ciudadanos y las administraciones públicas sean el eje del sistema. “El Tribunal de Cuentas dice cosas muy duras”, subraya. Entre las principales críticas del informe, destacan que hay muchos laboratorios que analizan estas muestras de agua que no están certificados —el 53,14%—, que 1.048 municipios no han remitido informes sobre sus aguas —de los que el 3% tiene más de 5.000 habitantes— y 13 comunidades autónomas no han notificado las inspecciones sanitarias realizadas. Y casi una de cada diez muestras de agua no tienen notificado su origen, ni su volumen. También que, a pesar de las numerosas deficiencias de la información aportada, los miembros del comité técnico ni siquiera se han reunido.

“Si entras en el sistema, que ahora está abierto después de diez años, te das cuenta de las carencias. No aparecen las analíticas, y esto lo dice hasta el Tribunal de Cuentas”, concluye Babiano, que también se refiere a la directiva europea sobre calidad de aguas, que se espera que este año sea aplicada en el Estado española: “En esta directiva se habla ya del agua y del saneamiento como derecho humanos, ¿y resulta que este es el órgano que va a llevar a cabo la adaptación en el Estado español de esta directiva? Es urgente un cambio”.