La justicia española llama a declarar por primera vez a dos acusados por un crimen franquista

El ex ministro franquista Rodolfo Martín Villa y el ex policía militar Daniel Aroca, declararán ante la justicia como investigados por el asesinato de Teófilo del Valle.
Premios El Pais 2011 - 5 Rodolfo Martin Villa
David F. Sabadell Rodolfo Martín Villa en los premios Ortega y Gasset de El País, en 2011.

El ex ministro franquista Rodolfo Martín Villa y el ex policía militar Daniel Aroca del Rey están llamados a declarar como investigados en el marco de la investigación por el asesinato de Teófilo del Valle. La muerte de este joven, la primera registrada a manos del aparato represor del franquismo tras la muerte del dictador, está siendo investigada por el Tribunal de Instancia de Elda.

No obstante, los investigados declararán los próximos 17 y 19 de noviembre por vía telemática, desde los juzgados de Madrid y Albacete, respectivamente, tal y como ha explicado el abogado de la causa, Jacinto Lara.

“Mi padre intentó personarse y lo desecharon, nunca se comunicó a la familia cuando era el juicio, nunca se nos dio noticia de la resolución, nos enteramos por la prensa”, ha explicado el hermano de Teófilo

Es la primera vez, tras 115 querellas presentadas por crímenes de lesa humanidad cometidos por el franquismo, que son llamados a declarar como investigados dos autoridades franquistas. El proceso judicial arrancó en abril de 2024, cuando José Antonio del Valle, hermano del asesinado, presentó —con el respaldo de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (CEAQUA)— una querella ante los juzgados de Elda contra los autores y responsables de la muerte del joven trabajador, asesinado por disparos de la Policía Armada en febrero de 1976.

“Mi padre intentó personarse y lo desecharon, nunca se comunicó a la familia cuando era el juicio, nunca se nos dio noticia de la resolución, nos enteramos por la prensa”, ha explicado el hermano de Teófilo refiriéndose al Consejo de Guerra que realizó el régimen: “Al tratarse de la jurisdicción militar, el juicio fue una farsa”. Según ha explicado Llum Quiñonero, de CEAQUA, “en el propio expediente judicial que llegó al Consejo de Guerra, se acredita y se demuestra que la bala que quedó alojada en la cabeza había sido disparada por Daniel Aroca del Rey, las pruebas son contundentes, irrevocables, este policía actuaba por orden del propio gobernador civil de la provincia”. Cuando la familia conoció estas circunstancias, el hermano decidió presentar una querella, que es en la que van a declarar el ex minitro y el ex policía.

La familia de Teófilo del Valle sufrió además una campaña de difamación por parte de la prensa del régimen, que intentó desacreditar al joven asesinado para minimizar el impacto del crimen. “Siempre hemos estado indefensos, estorbábamos”, ha lamentado José Antonio del Valle. Los hechos ocurrieron en el contexto de la dura represión policial contra los trabajadores y trabajadoras del sector del calzado alicantino, que se movilizaban por un convenio justo. El asesinato de Teófilo del Valle fue la primera muerte violenta causada por las fuerzas del orden público tras la proclamación de Juan Carlos I como jefe del Estado.

El exministro Rodolfo Martin Villa fue titular del Ministerio de Relaciones Sindicales y posteriormente de Gobernación e Interior, por lo que está siendo investigado como responsable de las actuaciones criminales de las fuerzas y cuerpos de orden público de aquel periodo. Cabe recordar que el asesinato de Teófilo del Valle en Elda precedió en apenas una semana a la masacre de Vitoria del 3 de marzo de 1976, en la que murieron cinco trabajadores en una brutal represión policial.


El abogado del caso, Jacinto Lara, ha explicado que si quedase archivada esta causa, habría que interponer recurso apelación, y si fuera desestimado en la Audiencia Provincial, se interpondría una demanda de amparo al Constitucional. “Además, una vez agotada la vía interna, acudiríamos a instancias internacionales”, ha expresado.

El caso de Teófilo se suma a tres causas ya abiertas por los crímenes del franquismo, una por  desaparición forzada, relacionada con las fosas de paterna, otra por torturas, el caso de Manolo Reboiras, tramitada en un juzgado de Galicia, y por último, el caso de Carlos Serrano, admitida a trámite su querella por torturas e investigada en los juzgados de Madrid.

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