Opinión
1 de Mayo: Sindicalismo y derechos sociales

Conocer la evolución histórica del sindicalismo permite comprender cómo progresivamente se ha producido un divorcio entre el mundo de lo “laboral” y el de la “ciudadanía”. Cuando en los albores de la revolución industrial se conforman los primeros movimientos sindicales, obreros y campesinos, el sistema de producción capitalista precisaba de la construcción de los estados-nación. La progresiva desaparición de los imperios fue acelerada por las revoluciones políticas que pusieron a la burguesía en primera línea para hacerse con el poder de las monarquías. Entre ellas cabe citar: la de Cromwell, Lord Protector (1653–1658), la Gloriosa inglesa (1688-1689), la de la Independencia de Estados Unidos (1775-1783) o la Revolución Francesa (1789-1799). Mientras los Estados burgueses se creaban, las gentes trabajadoras sobrevivían mediante el trabajo por cuenta ajena. Mediante el jornal que los patronos, industriales o agrícolas pagaban por el trabajo, las gentes del pueblo debían resolver todas sus necesidades. Para vivir se precisaba de vivienda, agua potable, fuente de energía para comer y calentar los hogares, médicos y medicinas para recuperar la salud cuando la enfermedad llegaba, hasta cementerios para poder enterrar a sus muertos. La inexistencia de instancias públicas que facilitaran estos elementos conllevaba el incluir en el ámbito de la lucha sindical a todos ellos. O bien se forzaba a que los empresarios facilitaran las imprescindibles condiciones para vivir o los propios sindicatos las autogestionaban. Muchos patronos comprendieron pronto que les convenía más ofrecer esos servicios a quienes les trabajaban que verse presionados por el sindicalismo para aumentar los jornales para poder ellos autogestionarse.

Los nuevos Estados emergen precisamente para facilitar a las industrias las infraestructuras esenciales para producción y la comercialización de sus productos. A lo largo del siglo XIX se despliegan redes de ferrocarriles, carreteras, servicios postales, puertos, canales para la navegación fluvial… Al mismo tiempo se instauran con carácter general los impuestos que permiten a los Estados acometer estas enormes obras que se dicen benefician a todos, pero que fundamentalmente repercuten en el incremento de los negocios y acumulación de capitales. Los poderes financieros e industriales se convierten en la oligarquía que sustituirá a la aristocracia.

Este preámbulo pretende situar el objeto de la reflexión sobre cómo el sindicalismo actual prácticamente se centra en lo laboral y parece ajeno a los derechos ciudadanos. Las personas que se afilian a un sindicato entienden que este se limita a defender sus derechos exclusivamente laborales. Sin embargo el pago de su trabajo y las regulaciones de las condiciones en las que están obligadas a realizarlo, no resuelven muchos de los asuntos esenciales de sus vidas. Por ejemplo, para vivir se precisa de una vivienda. Si el Estado no facilita ese acceso ¿por qué los sindicatos no lo hacen? Hubo un tiempo que algunos sindicatos se aventuraron a la promoción de cooperativas de viviendas sociales entre las personas a ellos afiliadas. ¿Por qué se dejó de hacerlo? Más de una persona conocerá los pros y los contras de esas iniciativas. Otro ejemplo, en determinados momentos, cuando no existía la sanidad pública, los sindicatos ofrecían servicios médicos mediante igualas con los médicos locales que atendían a las gentes trabajadoras. Si una barriada no tenía acceso al agua potable el sindicato acometía, con la colaboración de muchas personas, el garantizar el suministro de la misma. Igualmente ocurrió con la llegada de la electricidad. Las personas que conformaban una comunidad, una aldea, un barrio, un pueblo se autogestionaban estas necesidades y en muchas ocasiones los sindicatos eran los motores de tales iniciativas. ¿Qué está pasando en estos momentos? La actividad sindical se circunscribe a los convenios y a lo que se ha denominado “negociación colectiva”. 

Hubo un tiempo que algunos sindicatos se aventuraron a la promoción de cooperativas de viviendas sociales entre las personas a ellos afiliadas. ¿Por qué se dejó de hacerlo?

En la historia reciente, de esta larga e inacabada transición hacia la democracia de “verdad”, desde la huelga de 1 hora en 1978, se han convocado 9, de las que 6 de ellas han sido por 24 horas. Entre ellas cabe señalar la del 20 de junio de 1985 contra la reforma de las pensiones, convocada por todos los sindicatos, menos UGT, ya que el partido “hermano” estaba en el gobierno, siendo presidente Felipe González y Miguel Boyer su ministro de Economía. Tres años después el 14 de diciembre de 1988 se convoca, conjuntamente CCOO, UGT y otros sindicatos, una huelga contra la reforma laboral que también protagonizó Felipe González. Y otra en 1992 contra ese mismo gobierno por la reforma del subsidio de desempleo. Este asunto seguirá siendo controvertido originando la convocada en 2002, esta vez contra el gobierno de José María Aznar. Cabe mencionar también la convocada el 29 de septiembre de 2010 por CCOO, CGT y UGT contra la reforma laboral, la reducción salarial en el sector público y la congelación de las pensiones. Con respecto a temas sociales se vienen convocando huelga el 8 de marzo, día de la mujer trabajadora, por CGT. https://www.expansion.com/accesible/2012/03/09/economia/1331295063.html

Cuando es de dominio público que con la media de salarios en España el acceso a la vivienda es imposible, ¿por qué los sindicatos no dan la cara? La actividad sindical afecta a la vida de las personas trabajadoras globalmente. Restringirse a la negociación de un salario y condiciones laborales dentro de las empresas no parece que resuelva urgentes necesidades que las gentes trabajadoras tienen. Por otro lado, la experiencia de dejar en manos de la política partidaria el garantizar los derechos ciudadanos se muestra totalmente errónea. Los partidos políticos no están para eso, parece ser. Los servicios públicos, que deben ser esenciales, no cumplen con su cometido y los salarios, que llegan a los hogares, no permiten acceder a ellos en el libre mercadeo de esos derechos. ¿Dónde están los sindicatos cuando los derechos humanos no se garantizan? La persona trabajadora, antes que trabajadora es persona. Sin unas garantías de vida digna, ¿tiene sentido negociar un salario mínimo interprofesional que tampoco llega? Alguien pensará que hay dos instituciones: el sindicato y el partido político. Y que todo aquello que excede el marco de la negociación colectiva empresarial, responsabilidad sindical, le corresponde al partido político. Y podría ser así siempre que la política partidaria garantizara los derechos ciudadanos. ¿Es evidente que eso no es así? ¿Tendrá que reformularse el papel de los sindicatos? ¿Desde la unión de las personas trabajadoras cabría exigir que se garanticen esos derechos ciudadanos? ¿Existe un poder mayor que el sindical para orientar las políticas sociales? ¿Tiene sentido que este 1 de Mayo dedique alguna reflexión sobre la posible recuperación de esta responsabilidad sindical?